Pablo Zalaquett cuenta que corría principios de 2010 cuando Sebastián de la Barra, socio y fundador de Lotus Producciones, le tocó la puerta de la alcaldía de la Municipalidad de Santiago.
De la Barra -que estudió ingeniería comercial en la U. Diego Portales, pero antes de recibirse dejó todo y partió al extranjero a perfeccionarse en yoga- le muestra un video y “unos recortes” sobre un festival de EEUU que quería replicar en Chile, en el Parque O’Higgins.
“Me molestó un poquito lo winner que llegó como diciendo ‘esto no puedes no tomarlo’. Y yo no soy experto en festivales, no tenía idea lo que era Lollapalooza”, relata el exedil.
Zalaquett le pidió unos días para estudiarlo. “Tuvimos que averiguar del evento, de la productora. De ahí conversamos sobre qué artistas vendrían”, cuenta. Y dio el ok general, “algo así como aprobar la idea de legislar”, compara.
“Mi decisión fue que Santiago, como comuna capital, tiene que ser referente y ofrecerle al país espectáculos de calidad. Era una carta que no se podía desaprovechar. Y eso lo mantengo: no se puede poner en riesgo hacer un festival de este nivel en Chile, porque no tenemos grandes eventos internacionales que ayuden a difundir el país, donde vengan grandes artistas”, asegura.
Luego vinieron las negociaciones. Acordaron el pago de $ 100 millones por el arriendo del lugar -“ellos querían pagar la mitad”, dice el exalcalde-, además de asegurar la protección del parque y la entrega de 1.500 entradas para disponer en las juntas de vecinos, de iglesias, grupos scout, etc.
“Para mí era muy complicado que este evento no lo pudieran vivir los vecinos, no quería que fuera un arriendo donde llegara solo gente de otros lugares. Por eso las entradas fue lo que yo más negocié y era lo más complicado para ellos porque ahí estaba su negocio”, relata.
Lollapalooza se llevó a cabo el 2 y 3 de abril de 2011. Si bien convocó a 100 mil personas, tuvo pérdidas en su primera versión. “Esa versión fue más compleja porque no se había hecho nunca un festival de esta envergadura, no se podía prever la cantidad de gente que iba a llegar, que sobrepasó todos los límites. Llegó gente de todo Chile y de países como Argentina, Perú y Brasil. Generó mucho turismo”, recuerda Zalaquett.
Al año siguiente, las condiciones se mantuvieron -se agregaron exigencias como la pavimentación de calles y mantención de jardines, además de medidas sanitarias, como el compromiso de reciclajes, basura y reponer todos los destrozos con garantías-, y los organizadores cambiaron el modelo de negocio, relata el ex alcalde: armaron salones VIP, gestionaron auspiciadores. Y el festival se transformó en un negocio.
En el concejo municipal de ese entonces todos los miembros estuvieron a favor. Salvo Claudia Pascual, exministra de la Mujer y militante PC. “Si no recuerdo mal, los vecinos del sector poniente del parque (Rondizzoni, Beauchef) más el sector oriente (San Ignacio) y las juntas de vecinos de ese sector reclamaban por el ruido. Por tanto yo abogaba por ellos y ellas en ese tiempo”, explica Pascual.
“Les regalamos entradas”
El 6 de diciembre de 2012 llegó a la alcaldía de Santiago Carolina Tohá. Un mes después, De la Barra, junto a Sebastián Meza, gerente general de Lotus, fueron a ver a Morgana Rodríguez, directora cultural del municipio, a su oficina en la Casa Colorada y le comentaron que en abril realizarían la tercera versión del festival.
“Déjame verlo y buscar convenios”, le respondió Rodríguez. De la Barra comenzó a insistir -siempre de buena forma, comenta Morgana- porque se acercaba la fecha y tenían que sacar la preventa. “Hasta que le dije, ‘esta es una negociación distinta’”, relata. “Ellos no entendían e insistían que esto era un aporte a la cultura de la comuna. Y nos decían que nos regalarían entradas”.
La nueva administración municipal estaba iniciando una política de agrupación de los festivales externos que se hacían en la comuna con apoyo municipal, que iban desde la Feria del libro, y Ch.ACo hasta Santiago a Mil. Todos ellos ligados a fundaciones sin fines de lucro.
“Cuando tienes un festival con fines de lucro, a una empresa no le vas a decir que lo haga gratis”, explica Rodríguez. Bajo ese criterio, Lollapalooza, tal como Paris Parade, o los fuegos artificiales de Entel -eventos a los que hasta entonces no se les cobraba- pasaron a ser consideradas “actividades privadas con visos culturales”. Y por lo tanto, el precio a pagar tenía que ser mayor.
El arriendo se les subió ese año a Lotus a $ 150 millones. Y terminó en alrededor de $ 200 millones al final de la administración. Al monto de arriendo se sumaron “valorizaciones en aportes al parque”, esto es que el lugar quede “igual o mejor” a como estaba antes del evento: se hicieron desde mejoras en el skate park y recuperación del pasto dañado, hasta inversiones en infraestructura para que los asistentes se movilicen adentro del parque.
Además, se les exigieron mitigaciones para los vecinos: el cierre del festival a cierta hora, la baja de decibeles, terminar con los fuegos artificiales, etc.
Para coordinar Lollapalooza se armó una mesa especial en la municipalidad donde participaba tránsito, vía pública, cultura, administración municipal, jurídica, patentes, aseo y seguridad ciudadana.
¿Hubo momentos tensos? Sí los hubo. En cada negociación, los socios de la empresa amenazaban con trasladar el evento al Aeródromo de Cerrillos. “Háganlo si quieren. A nosotros nos encanta la idea del festival, pero no vamos a ceder en las condiciones”, les respondían desde la alcaldía.
Felipe Alessandri vivió en ese entonces la organización del festival como concejal de la comuna, hasta que se convirtió en alcalde en 2016.
Los $ 400 millones
Si la administración Tohá avanzó en el cobro, la de Alessandri lo hizo con la cuadriculación: trabajó una ordenanza especial para el evento, la 94, que norma el cobro del arriendo de acuerdo a los metros cuadrados en uso por el festival y se le aplica un descuento de un 50% por el patrocinio cultural.
Así se determinó que el precio que Lotus debía pagar era de $ 400 millones. Y se exigió una boleta de garantía para cubrir eventuales daños, de entre $ 30 y $ 40 millones. Alessandri además cortó la entrega de entradas: se acabaron para el concejo, solamente quedaron dos por cada casa aledaña al O’Higgins.
El alcalde a través de una consulta municipal tanteó con los vecinos en qué invertir esos $ 400 millones. La respuesta: se cambiaron los baños del recinto, los juegos infantiles, se instaló iluminación Led y cámaras de televigilancia adentro y afuera del parque, se mejoró la zona de deportes y la piscina -que se inaugura ahora- y se resembró y reforestó, comentan en la antigua administración.
Además se decidió que solo se autorizarían tres eventos grandes al año en el lugar: Lollapalooza, la Fórmula E y Fiestas Patrias.
Ya en esos momentos había dos concejalas que se oponían a los dos primeros -argumentando en el caso de Lollapalooza que era “un festival para los cuicos”, explica una persona que participó en las reuniones-: Rosario Carvajal e Irací Hassler.
El festival tuvo su versión 2017, 2018 y 2019, y ahora estaba en plena organización la de marzo 2022, cuando se encontró con la oposición de la nueva alcaldía y de todo el concejo municipal. “Ellos ahora están obligando a que la alcaldesa sea coherente”, explica una persona cercana a la administración Hassler.
Este miércoles el concejo acordó someter a consulta ciudadana la realización del evento, donde podrán votar todos los vecinos de la comuna. Hasta el cierre de esta edición no había fecha de cuándo se hará.
Antes de eso, el municipio le exige a la productora contar con una serie de permisos: la autorización del Ejército para usar elipse; autorización de la autoridad sanitaria; la Circular 28 de la Delegación Presidencial, y la autorización del Consejo de Monumentos, porque el parque O’Higgins es zona típica. Solo esta última podría demorar 180 días. Y el festival está agendado para el 18, 19 y 20 de marzo.
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“El concejo toma decisiones sobre las platas, no sobre los permisos”
La decisión de dar o no el permiso para un evento de la envergadura de Lollapalooza es una facultad que tiene el alcalde. “Ahora el concejo municipal se está metiendo en una decisión impropiamente, porque el concejo toma decisiones sobre las platas, no sobre los permisos”, asegura un antiguo funcionario de la Municipalidad de Santiago.
Consultadas las tres administraciones que han lidiado con el evento, todas coinciden que es un error terminar con el festival. “Lo que tienen que hacer es negociar mejor, pero no someter a una votación la decisión”, dice una de ellas. Si bien la ordenanza no permite aumentar la tarifa ya que ésta norma el cobro de acuerdo a los metros cuadrados en uso, el cobro por mitigaciones no tiene límites.
¿Qué alega el municipio? Que la ordenanza 94 no ha sido aplicada correctamente en los cobros. Esto porque dicha normativa aplica un descuento al arriendo por tratarse de una actividad cultural. Y además calcula el valor del arriendo según la superficie que se usa en el evento y no sobre todo el Parque O’Higgins. Eliminadas ambas condiciones, el precio a pagar podría subir hasta los $ 4.500 millones, de acuerdo al cálculo de una concejala.
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