Ser grande -ser tan grande- le ha salido caro a Transbank. La procesadora de pagos y adquirente controlada por los bancos atraviesa, por lo menos desde hace tres años, un ir y venir de judicializaciones y dictámenes que la tiene contra las cuerdas. Y con ello, ha arrastrado a la competencia a un estado de confusión no menor.
Desde que Chile decidió pasar desde el modelo de tres a uno de cuatro partes en 2020, el objetivo inicial era quitarle el poder casi monopólico a Transbank, y repartir mejor la torta, dando más fuerza a los emisores de las tarjetas (bancos, fintech, cajas de compensación) y a las marcas de las tarjetas (Visa, Mastercard).
Y también se buscaba que entraran más adquirentes (como Klap o Getnet del Santander, SumUp, Redelcom, BCI Pagos) y subadquirentes (como Mercado Pago, Flow y un largo etcétera).
Costó más de dos años que la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y Transbank se pusieran de acuerdo en un esquema tarifario que permitiera a la empresa ser rentable, y a la competencia existir, proceso que se cerró en septiembre de 2021.
Durante ese tiempo, el Tribunal impuso unas tarifas transitorias para Transbank que la hicieron desangrarse financieramente. Perdió $ 20 mil millones en el primer semestre de 2021 y los accionistas tuvieron que inyectar $ 30 mil millones en aumento de capital. No sin polémica, porque en la propiedad está Santander, BCI y BancoEstado, que también tienen sus propios sistemas de pago. Pero tuvo que intervenir la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y forzar a hacer ese aumento de capital, sobre todo al banco español que se opuso a la operación.
No solo eso, porque el año pasado Transbank también tuvo que pedir un crédito bancario de $ 65 mil millones que dieron Itaú, BTG, Banco de Chile, del Estado y el BCI.
Salida de ejecutivos y el fallo
Internamente en Transbank también hubo movimientos de ejecutivos que optaron por la competencia o por cambiarse de rubro, en parte por la incertidumbre que pesa sobre la firma. Una de las bajas más sensibles fue la de la gerenta legal, Josefina Tocornal, quien emigró al Banco Falabella en junio de este año.
Poco antes, en mayo, la gerenta de Personas, Consuelo Wagner, se había ido al Bice. En su reemplazo asumió Isabel De Gregorio, que también se hace cargo de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.
El gerente de Desarrollo de Productos de Transbank, Rodrigo Paredes, se fue a la procesadora de pagos Kushki, en abril de 2021; Cristián Cartes, que era el jefe del área Procesos Operacionales, fue fichado por Banco Falabella en mayo de este año; el jefe de Soporte Técnico, Nicolás Zavala, renunció en agosto del año pasado para llegar a Laudus; y el subgerente comercial de clientes preferentes, Patricio Villegas, salió en octubre de 2021 y emprendió su propio negocio.
En el directorio también salió el presidente, Guillermo Antúnez, quien fue reemplazado por un hombre del Banco de Chile, Julio Guzmán Herrera, en abril.
Una fuente del sector quita dramatismo a esta salida de ejecutivos. “Es evidente que cuando se abre la competencia, los nuevos actores buscan a quienes más conozcan del sector en el país, y Transbank por años fue la única escuela de medios de pago”.
Recién en septiembre del año pasado, el TDLC emitió su fallo dejando a Transbank cobrar montos diferenciados por tipo de comercio y permitiendo que subadquirentes se conectaran a su red a precios competitivos. En la industria comentan que al día siguiente de ese fallo, la competencia floreció. Getnet salió a afiliar comercios, Klap mejoraba su posición de mercado, SumUp -que se había separado de Banco Estado- tomaba una posición ventajosa.
Entremedio, el gobierno había logrado instalar una comisión de Tasas de Intercambio, un panel de expertos que tiene que fijar bandas de cobro para los emisores de las tarjetas. Todo esto mientras también se avanza en una regulación para los cobros de las marcas de las tarjetas.
Pero en agosto pasado, el ministro de la Corte Suprema más temido por el sector empresarial, Sergio Muñoz, dijo otra cosa. En un fallo de la sala que él preside, echó pie atrás y dijo que el esquema tarifario que había aprobado el TDLC no favorecía la competencia.
El dictamen decía además que Transbank tenía que operar al menor costo posible, pero que permitiera que la empresa sea viable económicamente, y le prohibió cobrar precios diferentes por rubros, hacer descuentos por volumen o discriminar de cualquier forma a la hora de cobrar al comercio.
La sorpresa en Transbank, sus accionistas, la competencia, el gobierno y los organismos reguladores fue mayúscula. ‘¿Qué hacemos ahora?’, se preguntaron todos.
Los $ 60 de la discordia
Con ese fallo, podría suponerse que la competencia saldría con todo a quitarle espacio a Transbank, y que los subadquirentes migrarían por los mejores precios del mercado. Pero no fue así. “Nos guste o no, Transbank tiene la carretera más amplia y ni Getnet ni Klap tienen las redes para que todos se conecten a sus redes”, dice un operador.
La compañía finalmente fijó un valor en UF para todos en torno a los $ 60. Ese, dijo, era su menor costo eficiente. Es decir, a Latam le cobra eso por vender un pasaje de un millón de pesos, y al almacén de la esquina lo mismo por vender una bebida de mil pesos.
El asunto es que bajar tanto el precio y hacerlo plano, afecta más a la competencia. Muchos adquirentes y subadquirentes nuevos como BancoEstado, Klap, Mercado Pago, Flow o Getnet están apostando a los comercios no afiliados a Transbank para crecer.
El problema es que buena parte de esos son pequeños y no podrán optar a hacerse cargo de la tarifa plana de Transbank, pero tampoco lo pueden absorber los competidores y el único camino es retroceder varios años y recibir solo efectivo o traspasar la comisión de la tarjeta al cliente.
Además, el costo que puso la firma asfixia financieramente a los más pequeños adquirentes y subadquirentes. Y aunque operadores como Getnet redujeron sus costos para emparejarse con Transbank, no puede extrapolarse a toda la industria, porque los costos no dan.
A la FNE tampoco le gustó la interpretación que hizo Transbank y a través de un oficio pidió modificar el esquema con el que interpretó el fallo de la Suprema. La empresa ingresó este lunes sus argumentos a la agencia de libre competencia y advirtió mediante hechos esenciales que nuevamente está en aprietos económicos y ahora, advirtió, “serán materiales”.
Sin embargo, el sábado en la mañana confirmó que la FNE había respondido su oficio. Fuentes cercanas a la autoridad comentan que dicha respuesta precisó que las nuevas tarifas de cobro que exige la FNE comenzarán a regir una vez que se fijen oficialmente las tasas de intercambio. Es decir, le mandó un claro mensaje a la comisión que opera bajo el alero del Ministerio de Hacienda, para que se apuren.
El martes, además, Transbank anunció a los subadquirentes que bajaba en 27% el costo de operar en su red. Eso, dijo, era lo más bajo que podía llegar para que ellos tuvieran margen.
Y el viernes citó a una junta extraordinaria de accionistas para el 11 de octubre, donde uno de los puntos a tratar será revisar las condiciones dispuestas por la FNE referido al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, “cuyos efectos podrían llegar a afectar sustancialmente a la empresa”.
La pelota, dicen en la industria, está ahora en los reguladores. Todo depende de que se pongan de acuerdo -otra vez- el TDLC, la FNE, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), respecto a las tarifas de la sociedad de apoyo al giro. Consultados en el Central, Hacienda y la CMF fueron escuetos en responder. Nadie quiere tomar la posta de un problema caliente.
“El Banco ha estado dando seguimiento a la situación consultada, en coordinación con otras autoridades, a fin de evaluar efectos para el funcionamiento del sistema de pagos minorista como resultado de los desarrollos en curso”, respondió el organismo liderado por Rosanna Costa.
Mientras que la CMF agregó que su función es fiscalizar las empresas operadoras de tarjetas de pago en el ejercicio de su giro exclusivo que es efectuar la liquidación y/o pago a los comercios afiliados por la utilización de tarjetas de crédito, débito o prepago.
“En el caso de Transbank, además de ser un operador de tarjetas de pago es una sociedad de apoyo al giro bancario, por lo que se encuentra sujeta a la regulación que se aplica a ese tipo de instituciones”, pero sobre las tarifas, aclaró: “el modelo tarifario está sujeto a las atribuciones y facultades de las agencias de libre competencia”. Hacienda, en tanto, no respondió a DF MAS.
“Si quieren achicar o desaparecer a Transbank que lo digan, pero que no se lleven a toda la industria con ellos, eso es lo que están haciendo ahora”, dice un alto ejecutivo del sector. “Estamos en un callejón sin salida”, reconoce otro.
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