Por las deficiencias del proyecto, la complejidad de las obras y su retraso, el Palacio Pereira puede salirle muy caro al Estado chileno. El consorcio chileno-español Cosal Kalam, que entre 2016 y 2021 reacondicionó el inmueble ubicado en la céntrica esquina de San Martín con Huérfanos, donde se estableció parte de la Convención Constituyente, demandó en agosto al fisco por los pagos.
Tras varios meses de conversaciones que terminaron sin acuerdo, en agosto la constructora recurrió al 23 Juzgado Civil de Santiago para exigirle al Ministerio de Obras Públicas (MOP), mandante del contrato, que le pague los sobrecostos que debió asumir por las obras, la indemnice por todas las demoras y los daños y le devuelva los $ 950 millones en boletas de garantía.
Según sus cálculos, el costo de modernizar el abandonado edificio neoclásico del siglo XIX subió 19% respecto de los $ 13.785 millones en que se adjudicó inicialmente. Debía estar listo en 600 días, el 3 de febrero de 2018, pero recién se pudo entregar provisionalmente casi dos años después, el 28 de enero de 2020.
En total, el consorcio Cosal Kalam establece que entre mayores costos, lucro cesante e indemnizaciones por las demoras en los pagos del edificio que ahora alberga varias oficinas del Ministerio de Cultura y lugares de trabajo para la Convención Constitucional, la factura final podría superar los $ 20 mil millones. Además reclama que como no tiene recepción final, han debido seguir inyectándole recursos para mantenerlo como nuevo.
El costo de modernizar el abandonado edificio neoclásico del siglo XIX subió 19% respecto de los $ 13.785 millones en que se adjudicó inicialmente.
Esta semana, el fisco respondió a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que reconocía varios de los imprevistos que produjeron los retrasos y mayores gastos, pero sus cifras son mucho menores. Asegura que la empresa no puede exigir algunos pagos que son parte del riesgo de este tipo de contrato. La acusa además de errores propios durante el proceso de construcción.
“A la fecha, no se ha recibido definitivamente la obra, por cuanto la comisión conformada para estos efectos ha determinado la existencia de falencias constructivas imputables al consorcio contratista que no han sido reparadas”, sostiene.
El consorcio, cuya representación legal lidera Francisca Rochet de DS Abogados, (especialista en construcción y OOP), respondió que todas éstas ya fueron subsanadas, pero que hay observaciones que “no son de responsabilidad de la empresa contratista”. Y reitera que el proyecto que llegó a sus manos era “deficiente, incompleto y errado”.
Fuentes al tanto del caso indicaron a DF MAS que se espera que el tribunal ordene una negociación como ha sucedido en otros conflictos similares. En total, durante los años que duraron las obras se suscribieron nueve convenios de modificación al proyecto original.
En diciembre de 2020, la Contraloría ordenoó al MOP indemnizar con $ 153.364.247 al consorcio por los mayores gastos, pero no ha sido pagado y según Cosal Kalam esa plata apenas alcanza para cubrir parte de los sobrecostos de los 6.467 metros cuadrados construidos.
El edificio que no cabía
En el mundo de las obras públicas se sabía hacía tiempo que la remodelación de la antigua mansión, otrora uno de los edificios más lujosos de la capital, sería lenta. El inmueble no solo estaba abandonado y en pleno deterioro. El Estado lo había comprado en 2011 y recién en 2015 anunció una licitación para remozarlo.
La obra consideraba remodelar el edificio viejo y añadirle uno nuevo, combinando la restauración de la estructura original con la construcción de instalaciones nuevas en lo que era el patio de la casona que perteneció al millonario agricultor y minero Luis Pereira Cotapos.
Según la empresa, nada más iniciar las obras comenzaron los problemas. Uno de los más graves fue que los planos no se ajustaban a la realidad: el edificio que había que levantar era más grande que el terreno donde iba a ser emplazado.
El fisco reconoce ese error y asegura que “no afectó el cálculo estructural del edificio, modificándose solo su trazado y el trazado de redes de instalaciones de los mencionados ejes, sin que tuviera un impacto tal que provocara la paralización de los trabajos”.
Pero el consorcio asegura que ese error implicó un sinfín de modificaciones al proyecto, porque terminó afectando el desarrollo de todas las obras. Según sus cálculos, los múltiples cambios hicieron subir en 19,01% el valor total, y se quejan de que casi $ 517 millones que no estaban contemplados tuvieron que ser financiados de su bolsillo y no han sido devueltos.
Cosal Kalam se queja de que entre julio de 2016, cuando el topógrafo encontró el descalce y el Ministerio de Obras Públicas mandó los nuevos planos en junio de 2017, se perdió casi un año.
Pero según el fisco, fue el consorcio el que se demoró en empezar. Aseguran que recién en noviembre de 2016 instaló la grúa y que la demora en la recepción final se debe a que han cumplido con todas las observaciones.
Esos vidrios no
Según el consorcio, a medida que el proyecto se iba desarrollando fueron apareciendo cada vez más retrasos y errores. Sostiene que tuvieron que cambiar los vidrios y luminarias consideradas, porque las que pedían estaban descontinuadas o no eran LED como ahora se exige a toda obra pública. El CDE responde que querían reemplazarlas por material de baja calidad.
La firma reclama que también hubo que reforzar un muro que daba al Instituto de Ingenieros y remover 13 pilares subterráneos que nadie sabía que existían, totalizando casi $ 500 millones no considerados en el proyecto original.
Lo peor, dicen, fue lo que pasó con el sistema de climatización. El equipamiento pedido por el fisco no se podía instalar, debido a los cambios que se le fueron haciendo al proyecto, por lo que el consorcio le encargó a la empresa Dideing Ltda. una reformulación que aunque parecía la más adecuada, no fue aceptada.
La versión del CDE es muy diferente. Según la entidad, la naturaleza del sitio a intervenir, hacía que cualquier evaluación pudiera quedar desactualizada en medio del deterioro del edificio y que en las especificaciones técnicas de la licitación estaba todo muy claro. Desde las normas técnicas hasta los estándares que se debían cumplir.
“No garantizaban el adecuado funcionamiento de las soluciones planteadas y que ellas significaran una variante que fuera una mejora al proyecto”, indican desde el CDE.
Botar las obras
Profesionales que participaron en los trabajos comentaron a DF MAS que durante casi toda la construcción hubo problemas y descoordinaciones entre el consorcio y el MOP.
Se habla de tardanzas de lado y lado. El CDE asegura que en promedio el MOP se demoraba solo 13 días en contestar los requerimientos y dudas, aunque reconoce que varias veces tardaron más de 15 días por “las complejidades de algunas soluciones”. Y que la obra nunca llegó a paralizarse por eso.
Pero en octubre de 2019, tras el estallido social las obras sufrieron un retraso mayor. No llegaban los trabajadores ni los suministros, y hubo días en que solo se podía estar en la faena por unas horas. Cuando le pidieron más plazo al MOP, la respuesta fue: seis días.
En su pelea judicial el consorcio reconoce que tuvo la intención de parar las obras y dejarlas botadas si no se alcanzaba un acuerdo, pero que finalmente decidió seguir “únicamente por una cuestión de profesionalismo y buena fe”.
Además, se quejan de que si bien todavía el Palacio Pereira no tiene la recepción definitiva de las obras, está abierto y funcionando desde mayo de este año, lo que ha generado que les sigan pidiendo arreglos para mantenerlo como nuevo. “No corresponde que el contratista responda por el uso y deterioro de las instalaciones producto del descuido de sus ocupantes y visitantes”, sostiene.
Las boletas
Esta semana la Corte de Apelaciones ordenó al Estado que le devuelva al consorcio las boletas que dejó en garantía y que superan los $ 950 millones.
“Los Tribunales nos han respaldado en este inicio. Incluso, gracias a las acciones deducidas, el MOP se allanó a devolver las boletas por canje de retenciones del contrato por $ 930.000.000 aproximadamente, que seguían en poder de la administración sin razón ni fundamento, con el consiguiente trastorno y complejidad que esto supone”, dijo por escrito la abogada Rochet. El otro socio de DS Abogados que participa en el caso es Samuel Buzeta, experto en litigios y arbitrajes.
El CDE mantiene que no aceptará sobre costos injustificados. Todo el mundo sabe que dos años más de mano de obra, materiales y maquinaria cuestan mucho dinero. El Palacio Pereira podría salirle muy caro al Estado chileno.
El precio final
Las obras fueron contratadas por un valor inicial de $ 13.784.815.792 (US$ 16 millones aprox.) y un plazo de ejecución de 600 días corridos.
Finalmente costaron $16.406.665.063 (US$ 19,1 millones) y tardaron 1.324 días corridos. El consorcio Cosal Kalam dice a que a eso se le deben sumar $ 4.600 millones por los sobre costos y daños no reconocidos por el MOP, debido al aumento de plazo y obras. Además exige que le paguen otros $ 2.129 millones por mayores gastos generales; $ 516.508.524 por los cambios que debió hacer al proyecto para superar sus deficiencias; $ 957.998.914 por lucro cesante, y una indemnización por atraso en los pagos de $4.982.052.
El CDE sostiene que las nueve modificaciones implicaron el aumento en 675 días corridos del plazo hasta 1.275 días, e incrementaron el monto del contrato en $ 2.393.073.970, llevando el costo final a $ 16.177.889.762 (unos US$ 18,8 millones).
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