Las medidas surgieron tras investigaciones iniciadas a principios de este año bajo la Sección 301, vinculadas a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, al término de las cuales la entidad determinó que 60 economías quedarían sujetas a nuevas tarifas.
Chile quedó entre las economías afectadas por la sobretasa máxima de 12,5%, aplicada a productos como salmón, carnes de ave, vinos embotellados y frutas, entre otros. Estos envíos representaron en 2025 un 40,3% del valor de las exportaciones nacionales a EEUU, equivalente a alrededor de US$ 8.051 millones.
Sin embargo, de los países investigados, hubo algunos que se salvaron de los gravámenes más altos. ¿Por qué? De acuerdo con el veredicto de la USTR, “los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar y hacer cumplir eficazmente las prohibiciones de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 10%”, ya sea que hayan impuesto una prohibición al respecto, o bien, se hayan comprometido a hacerlo mediante un Acuerdo Recíproco de Comercio (ART, por su sigla en inglés) o Acuerdo de Marco de Comercio e Inversión (TIFA, su sigla en inglés).
Así, los países sujetos a tarifas de 10% fueron Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido.
Según define la USTR, los RTA son instrumentos bilaterales simplificados para fijar bases arancelarias –como un 10%– y eliminar barreras regulatorias o prácticas extranjeras que afectan el comercio estadounidense.
En tanto, los Acuerdos Marco de Comercio e Inversión sirven como el paso previo para negociar acuerdos recíprocos, ya que sentan las bases “del diálogo sobre cuestiones de comercio e inversión entre EEUU y las demás partes”.
A diferencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC), los ART y TIFA pueden ser tramitados a través de una acción ejecutiva del Presidente sin requerir la ratificación del Congreso estadounidense.
No obstante, para los abogados expertos en materia comercial de la firma de abogados Borden Ladner Gervais LLP (BLG), Les Honywill y Rambod Behboodi, no se trata de acuerdos de libre comercio convencionales, sino que de “instrumentos breves y asimétricos que utilizan el acceso arancelario para asegurar compromisos en materia de aplicación de normas aduaneras, normas técnicas, comercio digital, minerales críticos, controles a la exportación, cooperación en sanciones, trabajo forzoso, empresas estatales y prácticas comerciales de ‘países del tercer mundo’”, según lo descrito en un artículo sobre los ART de EEUU con países del sudeste asiático.
Las investigadoras del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE), Mary Lovely y Christine Wan, coincidieron en que los ART no son simples acuerdos, y sumaron a la ecuación el factor China, apuntando a que permiten construir “una estructura legal para alejar a los socios comerciales de EEUU de China y limitar su poder económico”.
Agregaron en su artículo que Washington “no solo está reduciendo las importaciones directas de China, sino que está estableciendo un marco para moldear las cadenas de valor globales en torno a sus preferencias estratégicas”.
La administración Trump ya había utilizado esta estrategia en 2025, cuando empleó los aranceles recíprocos como herramienta de negociación para obtener concesiones de otros países.
¿Firmar un ART?
Frente a este escenario surge la pregunta de si a Chile le conviene aceptar un ART o TIFA, considerando que seis de los 17 países que quedaron sujetos a tarifas de solo 10% -Jordania, El Salvador, Guatemala, Honduras, Canadá y México- ya mantenían acuerdos de libre comercio con EEUU.
Chile, en cambio, optó por no suscribir un ART ante una eventual propuesta de Washington. La decisión de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, respaldada por los principales gremios exportadores, busca preservar el TLC vigente desde hace más de 20 años.
“Cualquier decisión debe considerar no solo la tasa arancelaria aplicable, sino también los compromisos asociados, sus efectos sobre nuestra política comercial, nuestra institucionalidad y el marco jurídico que sustenta la relación económica bilateral”, señaló la presentación de la Subrei ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Bajo esa directriz, Chile buscará aumentar el porcentaje de productos exentos de aranceles en la ventana de negociación que sostiene con EEUU.
Sin embargo, en la misma Subrei reconocieron que la respuesta de la USTR -que presumiblemente vendrá junto con la visita al país de su subsecretario, Jeffrey Goettman, a fin de mes- podría configurarse como una nueva propuesta de ART.
Respecto de este instrumento de política comercial, el economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Osvaldo Rosales, no tuvo dudas: “Es lo peor que podríamos hacer, no son acuerdos vinculantes”.
A su juicio, “se estaría negociando acceso preferencial de EEUU a tierras raras, bloquear las inversiones chinas, impedir el acceso a tecnologías en rubros relevantes donde la tecnología china pueda ser más barata y más eficaz que la estadounidense, alinearnos con la doctrina Donroe que especifica que América Latina es el patio trasero de EEUU”.
En tanto, para el exembajador de Chile en China, Jorge Heine, un ART sentaría “un precedente funesto para todos nuestros demás socios comerciales, que podrían, con toda razón, exigir lo mismo para ellos. Con ello se vendría abajo todo el modelo de desarrollo exportador que tanto progreso le ha traído a Chile (...) Una cosa es que EEUU unilateralmente desconozca el TLC con Chile y aplique este arancel. Otra muy distinta es que Chile acceda a modificar el TLC ‘a las malas’”
Para el exjefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en EEUU y socio de GeoGig Consulting, Matías Pinto, suscribir un acuerdo dependerá del contenido, ya que aquellas economías que negociaron alguno de estos, también debieron firmar un Acuerdo de No Divulgación (NDA, en inglés).
“En un proceso de negociación hay muchas cosas que se pueden estar discutiendo y es importante saber qué es lo que está entregando EEUU”, dijo, añadiendo que “si Chile quiere lograr exclusiones individuales, lo más probable es que se tenga que tener algún acuerdo firmado”, donde las opciones son suscribir un ART o un TIFA que estipule un anexo adicional de productos chilenos exentos.
“Ahora, para quedarse con el 10% no se necesita un ART, para quedarse con el 10% se necesita crear el mecanismo para evitar que las importaciones que ingresen al país sean importaciones con trabajo forzoso”, señaló.
Y explicó que, por su visión más práctica del derecho, EEUU valora los mecanismos de frontera concretos que se están aplicando, más que la presencia de una ley que lo prohíba y no se esté reforzando.
La declaración que firmaron subsecretarios del Interior, DDHH y Subrei para la eliminación del trabajo forzoso
Las autoridades suscribieron el compromiso en el marco del Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Forzoso una semana antes de las audiencias públicas del USTR.
Antes del veredicto final sobre la aplicación de aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 economías, la USTR realizó una serie de audiencias públicas para que delegados de los países afectados fueran a exponer sus argumentos. Entre los chilenos que participaron de estas instancias se encontraba el representante de la embajada de Chile en EEUU, Sebastián Molina, quien expuso sus argumentos ante el jurado estadounidense el primer día.
En su exposición, Molina se refirió a Chile como un socio estratégico de EEUU cuyas exportaciones no compiten con la industria local, pero también mencionó que en junio de este año –una semana antes de las audiencias– los subsecretarios del Interior, Gustavo Rosende, de Derechos Humanos, Pablo Mira, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, firmaron una “declaración de alto nivel” respecto de la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, el eje bajo el cual la USTR decidió aplicar nuevas tarifas.
En la ocasión hizo referencia a un documento suscrito en el contexto del Plan de Acción Nacional 2026-2030 para la Eliminación del Trabajo Forzoso en Chile (Pantrafor), el cual fue aprobado por la Comisión Asesora Ministerial (Camtrafor) en 2025 siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según el documento al que tuvo acceso DF, las autoridades que suscribieron la declaración se comprometieron a contribuir a la construcción de un instrumento que permita articular los esfuerzos del Estado, organizaciones de empleadores, de trabajadores, la sociedad civil y organismos internacionales para la eliminación del trabajo forzoso en el país.
De los ejes estratégicos –que abarcan la prevención, fiscalización y protección de víctimas– aquel relativo a la cooperación y coordinación internacional establece como línea de acción, entre varias otras, “evaluar estándares y mecanismo de prohibición de importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso, para identificar capacidades disponibles y espacios de cooperación internacional para su potencial adopción”.
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Fernanda Arancibia
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