La reforma constitucional que ingresó el gobierno al Senado para crear una quinta categoría de estado de excepción en Chile se ha tomado el debate en las últimas semanas y, de hecho, fue el tema que puso en consulta el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica durante agosto.
Las críticas a la iniciativa, incluida en la agenda de seguridad del Ejecutivo, surgieron desde la oposición, pero también de parte del oficialismo, lo que obligó al Ejecutivo a retirar la urgencia para su análisis.
Los cuestionamientos apuntaron a las facultades extraordinarias que superan las del actual estado de emergencia, permitiendo suspender o restringir la libertad personal, la locomoción, la reunión y la asociación, además de interceptar comunicaciones y requisar bienes privados. Pero, además, el Presidente de la República podría decretar este estado en zonas específicas por un plazo inicial de 120 días, prorrogable por otros 120 días.
En este contexto, el Panel UC planteó: “Es razonable crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar amenazas graves o afectaciones graves a la seguridad pública”.

Fotos: Julio Castro y Archivo
Pía Mundaca, directora ejecutiva Espacio Público: “Una democracia puede necesitar herramientas extraordinarias, pero debe saber para qué las crea y bajo qué límites. Existe desproporción entre facultades que se entregan y controles contemplados”.
CLAUDIO SEEBACH, DECANO INGENIERÍA UAI: “La seguridad pública pasa por mejor gestión, coordinación, rehabilitación y seguimiento al dinero de los grupos narco o terroristas. Un estado de excepción con escasos contrapesos no contribuye”.
Julio Guzmán, profesor facultad economía UNAB:“Antes de crear un nuevo Estado, hay que explicar qué amenazas no pueden enfrentarse con los que ya existen y poner más esfuerzo en fortalecer la capacidad para perseguir el delito”.
La medición -que se realiza en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero- arrojó una clara respuesta: un 79% rechaza la medida y solo un 16% está de acuerdo.
Entre los 38 panelistas -economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas- un 42% estuvo muy en desacuerdo y un 37% en desacuerdo.
Las dudas
A la luz del resultado, el académico de la Escuela de Gobierno de la UC, Mauricio Duce, destacó su consistencia con encuestas de opinión pública que también muestran un distanciamiento de la propuesta.
“Lo más interesante es que de 17 panelistas que uno podría categorizar como centroderecha, 11 cruzaron de vereda; y, más bien, se manifestaron en desacuerdo y forman parte de esta mayoría”, añadió el abogado.

Respecto de las justificaciones del 79% que está en desacuerdo, dijo que se centran en que “crear un estado de excepción en materia de seguridad probablemente tiene muchos más costos que beneficios, sobre todo en restricción de derechos”.
Duce dijo que a los panelistas les inquieta que se rompan los “equilibrios”, pues “un sistema republicano democrático de gobierno debe tener peso y contrapeso al elevar significativamente las potestades del Presidente”.
Por el lado de los beneficios, en cambio, afirmó que se ven como “muy inciertos. Por de pronto, hay muchas dudas en varios panelistas, que seexpresan sobre la eficacia o la idoneidad que una medida de este tipo pudiera tener para lidiar con los problemas de seguridad más acuciantes, por ejemplo, el crimen organizado” y “el riesgo que algunos advierten es cómo luego un estado basado en esto podría eternizarse, como ocurrió con el estado de emergencia”.
Para el académico, “es completamente novedosa la hipótesis de seguridad pública y, además, tiene un problema adicional: permitiría decretar el estado de excepción de manera preventiva, porque no solamente se permite cuando haya habido una afectación grave a la seguridad pública, sino que cuando haya un peligro inminente a la seguridad pública lo cual lo hace aún más vago, aún más difícil de controlar. Es como que los otros estados se van a decretar por peligro que puede haber una catástrofe”.
Duce consideró que “más allá de los plazos de las restricciones a los derechos, que son la hipótesis, el punto de partida de este estado plantea una situación que es insalvable, que no hay cómo arreglarlo con maquillaje, con bajarle un poquitito los plazos y, eventualmente, eliminar una de las suspensiones de derecho. Esto es un problema bastante más estructural”.
En su opinión, “lo más prudente es no perseverar en este proyecto, ya sea a través de un retiro -que sería óptimo, ponerse colorado de una vez-; o dejarlo ahí descansando a ver si es que con el paso del tiempo baja la racionalidad y estamos en condiciones de discutirlo bajo otros parámetros”.