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En la cita que se dio lugar este sábado entre representantes de gobierno y un centenar de ejecutivos de las principales empresas eléctricas y mineras del país, prácticamente no hubo tema que se dejara de lado, incluso hubo espacio para un fuerte “mea culpa” de todos los actores, en cuanto al mal manejo comunicacional que han tenido al no haber sido capaces de informar a la opinión pública los beneficios de los grandes proyectos. El presidente de la CPC, Lorenzo Constans aseguró que la industria en general no ha sabido entrar al debate en el momento oportuno. En tanto, el presidente de las Empresas Generadoras, José Antonio Valdés, agregó durante el encuentro que como industria se han equivocado, ya que una de las fuentes de los problemas está en la desinformación de la población, “con conceptos errados, que no tienen nada que ver con la realidad”.
Los dardos contra el gobierno no se hicieron esperar. Muy comentada fue la intervención de Valdés, quien en su exposición criticó al gobierno por anunciar medidas antes de estar diseñadas y procesadas, generando incertezas para la industria. Puso como ejemplo el estudio de localización de proyectos, del cual nunca más se supo tras Barrancones.
En cualquier caso el panorama, al parecer no es nada alentador. “Estamos en una crisis y lo que viene hacia adelante es complicado”. Es que, según los asistentes, a estas alturas los próximos 5 años ya están jugados en materia energética. No obstante, ante la estrechez que se viene hay ciertos espacios para evitar el colapso y eso es parte de la batería de propuestas que presentaron.
“Incertezas “
Las generadoras en términos generales pidieron reducir las “incertezas” en materia de inversión. Así como agilizar los procesos administrativos, no solo los permisos ambientales sino también sectoriales, las concesiones marítimas y las concesiones eléctricas. También fue transversal la petición de fortalecer el sistema de transmisión. Otro punto que fue tocado es la apertura de los terminales de GNL y la necesidad de trabajar en conjunto para tener escala y acceder al gas a precios competitivos.
En la vereda de las mineras. El primero en hablar fue Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, quien desde el principio fue tajante al señalar que ellos son la industria que al final del día “paga la cuenta”. Dijo que es vital para seguir siendo competitivos resolver no sólo el problema de la generación, sino también mejorar la institucionalidad medioambiental y la solidez de los organismos técnicos y fiscalizadores para evitar que sus autorizaciones y permisos no sean puestos en duda en los tribunales de justicia.
El presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, coincidió con el diagnóstico de Hernández y también abogó por mayor flexibilidad a la hora de ingresar cambios a los proyectos y que estos no signifiquen en la práctica volver a ingresarlos al Sistema de Evaluación Ambiental.
Por su parte, el Ministro de Economía, Pablo Longueira señaló que lo que viene es el trabajo que se pueda hacer en materia legislativa en los meses de octubre y noviembre “y que esperamos se pueda tramitar con un buen consenso en el Congreso para dar mayor certeza jurídica a inversiones relevantes”.
Reforma a las compensaciones para las comunidades
La mesa que abordó la participación social fue una de las más activas, con "aportes concretos para dar más certeza jurídica a la inversión, como profesionalizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y generar una participación ciudadana lo más temprana posible desde el inicio de los proyectos", indicó el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet. Uno de los temas centrales fue la compensación a las comunidades, en la cual "hubo propuestas concretas y también discrepancias, por ejemplo en cuanto a establecer un sistema formal de compensación", explicó. En este marco, se reflotó el proyecto de Ley Tokman, que propone que un cierto porcentaje de la inversión (independiente de su naturaleza) quede en la zona donde se construye. Al respecto, el propio Marcelo Tokman argumentó que "hoy la comunidad sólo ve los costos, y muchas de las soluciones pasan por los incentivos". Esta iniciativa fue apoyada este sábado por las eléctricas pero recibió comentarios en contra de las mineras, que argumentaron que se podría convertir en una especie de impuesto encubierto y que ya poseen programas de apoyo a las comunidades cercanas a las faenas.
institucionalidad y permisos
Todos los actores también coincidieron en la necesidad de fortalecer técnicamente los organismos para no dejar espacio a la judicialización de los permisos y aprobaciones ambientales. Según plantearon varias mineras, los temas de institucionalidad, multiplicidad de permisos y la descoordinación entre los servicios que los otorgan generan cuellos de botella y demoras en la aprobación de los mismos que pueden llegar hasta 500 días, retrasos que finalmente –a juicio de esa industria- repercuten en una menor competitividad del sector. Es que más que la cantidad de permisos que se piden es el tiempo de tramitación lo que les preocupa. De ahí que el trabajo en adelante sea buscar la disminución de los plazos de tramitación. Además, según planteó Thomas Keller en la reunión ampliada, muchas de las sanciones que reciben las mineras a sus procesos es por el nivel de discrecionalidad que algunos servicios ejercen a la hora de aplicar la normativa vigente, lo que también se debiera mejorar y actuar acorde a la ley . En esa misma línea, cae también la solicitud de algunos representantes de las generadoras, quienes pidieron que el Consejo de Ministros, que hoy tiene en carpeta la revisión de proyectos como Punta Alcalde e HidroAysén, también esté sujeto a plazos perentorios. "Es una instancia muy importante que debe actuar con sincronismo y liderazgo", enfatizaron los asistentes.
sustentabilidad en transmisión
En su exposición en el plenario, el gerente general de Transelec, Andrés Kuhlmann, señaló que es necesario impulsar la sustentabilidad del sistema de transmisión, disminuyendo las intervenciones a éste y reformular su planificación y diseño orientados al largo plazo. También comentó la necesidad de mejorar las condiciones de factibilidad que generen competencia en los procesos de licitación de obras de ampliación del sistema troncal. "Los procesos de licitación de grandes obras de ampliación del sistema troncal requieren condiciones de factibilidad que generen competencia y para eso no se requieren cambios de ley, ni grandes modificaciones, solamente mirar con atención las bases de licitación que pueden modificarse para bien", afirmó. También se refirió a las condiciones de las servidumbres para que aumente el nivel de certidumbre. Ya en la tarde, en la mesa de energía, una de las principales propuestas en el tema de transmisión tuvo que ver con la inteligencia de control, que sólo requiere de cambios normativos que podrían aplicarse mientras se está a la espera de un proyecto de ley. Ésta apunta a usar la infraestructura actual de forma más intensiva sin descuidar la seguridad de las redes. Implica aplicar inteligencia en las redes para liberar cuellos de botellas en el sistema n-1, de forma tal que se puedan usar las redes paralelas (una de apoyo) de forma simultánea en puntos y momentos determinados, lo que a la larga podría implicar una baja en los precios.
licitación de distribuidoras
Un tema que fue recurrente entre las generadoras fue el efecto Campanario, que puso en el tapete de la discusión el sistema de licitación de las empresas distribuidoras de energía. Y es que tras la caída de los contratos, esto implicó costos por más de US$ 100 millones para las generadoras durante los primeros siete meses de este año, riesgo que a su juicio debiera eliminarse. Asimismo, las generadoras piden que estos procesos contemplen cierta flexibilidad para reconocer, por ejemplo, alzas en los costos y con esto evitar que hayan licitaciones que se declaren desiertas, como lo que actualmente le sucede a CGE Distribución también como efecto de la quiebra de Campanario.
garantías para cierre de faenas mineras
En la mesa de minería se abordó la necesidad de estudiar la forma en que se determinan las garantías para cierre de faenas mineras, cuyo monto actualmente está determinado a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos de implementación, de todas las medidas de cierre contempladas para el período de operación de la faena hasta el término de la vida útil -entre otros factores- los que implican un alto costo para las compañías. Por otro lado, también fue discutido el tema de los derechos de los arrendatarios de predios con propiedad minera, de forma que se reduzca la posibilidad de controversias con los dueños de éstos.
convenio 169
Una materia que se trató en las mesas fue el reglamento para aplicar el Convenio 169 de la OIT; el que a juicio de representantes de la minería, "cuando se ratificó no tenía la institucionalidad para aplicarlo". Por su parte, en su exposición, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, explicó que es clave aclarar los términos en este reglamento no sólo porque hay poca experiencia en manejarlo, sino porque si se comete algún error en su aplicación podría dejar a los proyectos en una situación complicada, lo que a su juicio hay que resolver con cautela para que en los próximos años no se vuelva una traba a la inversión. Otro tema relacionado, es el espacio marino de los pueblos originarios donde también la industria advierte que pueden producirse situaciones complejas.
Campaña comunicacional
El tema comunicacional cruzó toda la jornada. Lo que espera la industria es trabajar mancomunadamente con la autoridad para comunicar los beneficios de los proyectos y derribar los mitos que se han establecido en torno a los grandes complejos eléctricos y mineros que se han presentado al Sistema de Evaluación Ambiental. Los gremios fueron los que abordaron el tema con mayor fuerza y pidieron sensibilizar y comprometer en estas campañas tanto al sector político, como a las organizaciones de bases, estudiantiles y también sindicales.
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