Tras convertirse en la carta del oficialismo para competir en la elección presidencial de noviembre, la exministra del Trabajo y militante del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, reafirmó varios de sus compromisos de campaña, entre ellos el establecimiento de un sueldo vital.
“Tuvimos grandes avances durante este Gobierno, como el aumento de las pensiones que en septiembre próximo se empezará progresivamente a pagar, o las 40 horas, la ley copago 0 y el royalty minero”, dijo para luego insistir en “aún nos falta mucho. Por ello, así como me tocó encabezar el aumento histórico del salario mínimo, y sí fue posible, ahora implementaremos el salario vital de $ 750 mil, procurando que cada familia pueda llegar de mejor forma a fin de mes”.
Una meta que los economistas miran con preocupación debido al impacto negativo que podría generar en el empleo.
Para el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (Ocec UDP), Juan Bravo, el objetivo de Jara “es socialmente razonable (...) El problema es la herramienta que a mi juicio es la equivocada”, opinó.
Pese a eso, Bravo señaló que el alza planteada bordea el 42% nominal respecto al salario que existe hoy.
Ahora, añadió, “si uno le descuenta una inflación esperada, considerando que no sabemos los valores efectivos, uno podría suponer que el alza en términos reales, de aquí a cuatro años, estaría en torno al 26%. Y esa alza de 26% real, por supuesto, está totalmente desalineada de lo que es el crecimiento de la productividad laboral, la cual no ha crecido nada”, dijo.
Insistir en esta idea, recalcó, va en contra de la evidencia que ya hay sobre la mesa. De hecho, ejemplificó el análisis que realizó el Banco Central, el cual constató que, a raíz del incremento del salario mínimo del actual Gobierno, hubo una disminución promedio de 4,8% del empleo en las empresas con mayor proporción de trabajadores afectos al salario mínimo.
La vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soledad Arellano, también opinó que se trata de “una propuesta no ajustada a la realidad chilena”.
Bajo su óptica, no se puede desconocer que el país tiene una tasa de desempleo de 8,9% (10,1% para las mujeres) y un significativo porcentaje de informalidad, escenario que se explica, a su juicio, por “diversas medidas, bien intencionadas, pero que han resultado en un aumento en los costos laborales que deben incurrir las empresas, que no han sido acompañados por un aumento en la productividad”.
Más costos
En este contexto, para Arellano “lo último que queremos hacer es seguir aumentando los costos laborales de las empresas. Dado el actual escenario económico chileno, la mejor política pro-empleo y pro-trabajadores es aquella pro-crecimiento”.
Otro experto que se mostró crítico con la propuesta fue el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, quien insistió en que esto incrementará los costos laborales, lo que desincentivará la contratación.
“Es una receta para el estancamiento, para mantenernos en este problema de desempleo estructural. Consolidaría el problema en el mercado laboral, que es bastante crónico, donde a cinco años de haber pasado por una pandemia todavía no nos recuperamos”.
A su juicio, “no bastan las buenas intenciones, se requiere poner racionalidad en la discusión de estos temas”.
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