Una tensa jornada de alegatos entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y los supermercadistas Cencosud, SMU y Walmart, se vivió este martes en la Tercera Sala de la Corte Suprema, por el caso de colusión en la fijación de precios de la carne de pollo y que les valió sanciones por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a inicios de año.
Aunque la FNE había pedido el monto máximo de multas existentes -unos US$ 26,5 millones para cada una-, finalmente el tribunal sancionó a Cencosud con US$ 5,1 millones, Walmart con US$ 4,2 millones y SMU con US$ 3 millones.
Durante los alegatos, las tres firmas insistieron en su inocencia basándose principalmente en su comportamiento comercial, además de apuntar a la responsabilidad de los proveedores de carne de pollo como Empresas Ariztía, Agrosuper y Don Pollo , que ya fueron sancionadas por las prácticas anticompetitivas.
Jefe de la División de Litigio de la FNE, Víctor Santelices, junto a Mario Bravo,
abogado de las asociaciones de consumidores.
El primero en presentar la defensa fue Cencosud -ligada a Horst Paulmann-, a cargo de la abogada Lorena Pavic, oportunidad en que se solicitó el rechazo al requerimiento de la FNE y, en subsidio, una baja de la multa.
Según Cencosud, la sentencia del TDLC “adolece de graves vicios de interpretación” debido a que la investigación sólo habría tocado “la punta del iceberg” y que, a su juicio, solo se basó en correos entre proveedores y distribuidores, donde los primeros tenían el poder de negociación sobre los segundos.
“Ellos eran quienes tenían todos los incentivos, interés y poder de negociación para imponer este precio mínimo de venta a público en el contexto de cartel de pollo. Es este antecedente el que da un contexto diverso”, alegó Pavic, quien agregó que la FNE omitió analizar el comportamiento comercial de la empresa durante su investigación.
En el turno de la defensa de Walmart, Nicole Nehme solicitó que se absuelva a la empresa de los cargos a los que se le condenó ya que, a su juicio, Walmart no habría incurrido en los hechos, principalmente por el manual de comportamiento que estableció la firma norteamericana desde su llegada a Chile, donde se establece “la prohibición tajante de pactar con los proveedores los precios de venta”.
El ministro a cargo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
A su vez, alegó que la sentencia recoge una verdad parcial que “no honra el expediente”, aludiendo a que la investigación no cumple con la rigurosidad que se le pide.
José Miguel Gana, representante de SMU -empresa ligada a Álvaro Saieh-, dijo que hubo abuso de posición dominante por parte de los proveedores de pollo, argumentando una escasa participación de mercado de la empresa entre 2008 y 2011. “SMU fue una víctima del cartel (de los pollos) aguas arriba”, recalcó.
En el alegato, la defensa de la matriz de Unimarc criticó duramente el rol de la FNE, señalando que el fiscalizador “no tiene prueba alguna en el proceso, por tanto la sentencia es injusta (...) no hay una sola evidencia respecto al comportamiento en precios ni efectos económicos”, por lo que solicitó “que no sea la Corte Suprema la que vaya a subsanar la debilidad de la FNE” y que se rechace el requerimiento.
En la ocasión, SMU acusó que una omisión “sospechosa respecto al caso en particular”, añadiendo que “no es casualidad que la FNE haya silenciado los efectos económicos del cartel del pollo”.
Después de tres horas fue turno del jefe de la División de Litigio de la FNE, Víctor Santelices, quien acusó la agresiva defensa de las compañías. “Lo que uno hubiese esperado es un ejercicio de autoanálisis de las empresas, pero no lo hubo. Por eso creemos que la multa aplicable no es la adecuada, sino que tiene que ser de 30 mil UTM”.
Agregó que “han señalado que no tiene efectos económicos, pero habían incentivos para desviarse de la conducta, más aún en un producto que mueve la aguja como la carne de pollo”.
La instancia también contó con el representante de las asociaciones de consumidores, Mario Bravo, quien pidió al tribunal de la tercera sala que además analice la responsabilidad de los tres proveedores de pollo en el caso de colusión.
“Eran seis las compañías que se pusieron de acuerdo en la colusión de supermercados. ¿Para qué? Para ganar todos. No es por nada que la quinta demanda de las manifestaciones de las calles sean colusiones como ésta”, enfatizó Bravo.
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