Su aterrizaje en el mundo privado como socio del estudio Moreno, Sáez y Avilés le ha hecho mirar el Derecho desde otra perspectiva, luego de ocho años al mando de la Contraloría General de la República. “Me ha abierto otro mundo y eso es lo que quería”, explica Jorge Bermúdez desde su oficina en el piso 14, en pleno barrio El Golf.
Dice que su experiencia en el sector público, hoy le permite ver “la foto completa” a la hora de analizar un caso y eso –a su juicio- es el principal activo a aportar en esta nueva fase de su carrera. Expertise que ya lo ha puesto en la mira de empresas y sociedades a la hora de encargar informes en Derecho, entre otras asesorías.
A la fecha ha preparado opiniones para las industrias y casos más diversos. Cuestionó la legalidad del rechazo al proyecto inmobiliario “Edificio Makroceano” (al costado de las Dunas de Concón) y, hace un par de meses, apuntó contra la CMF en el caso Sartor al no aplicar un procedimiento sancionador, además de criticar que la Unidad de Investigación no liderara el caso, siendo –según mencionó- la única mandatada a hacerlo. Otros temas que trabaja están relacionados a mineras, puertos, concesiones acuícolas, entre otros asuntos que -dijo- no puede revelar por su sentido estratégico.
“Falta una visión de Estado que permee hasta el último funcionario, que se dé cuenta que ese papel que está en su escritorio, no está ahí porque sí, sino que él tiene un rol importante para que sea analizado y salga rápido, por sí o por no”, dice Bermúdez.
En el estudio hace dupla con Luis Prieto, socio de la firma y también con un pasado ligado al sector público, antes como secretario abogado del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago y en diversos cargos dentro de la Contraloría. De la mano de Prieto y junto a los abogados Sebastián Riestra y Josefina Gabler establecieron el área de derecho público de Moreno, Sáez y Avilés, desde donde buscan posicionarse como una oficina que está en “los casos más importantes que emanan de esta disciplina”, asegura.
Aunque la firma se caracteriza por su sello medioambiental, tanto Bermúdez como Prieto coinciden en que el derecho público lo viene a complementar. “Muchos clientes veían esa necesidad de que el estudio les diera un servicio más completo desde la perspectiva de su relación con la administración del Estado. Porque una cosa, es relacionarte con una parte de la administración, que es la institucionalidad ambiental, y otra, con el Estado en su conjunto y por eso estamos inaugurando esta área (…) porque tenemos la temperatura de cómo funciona el Estado desde dentro, conocemos sus puntos críticos y coincidimos con el afán que tiene la oficina de dar un servicio rápido pero también certero y bien fundado”, agrega el exContralor.
- Estando en otra vereda ¿cuál es el diagnóstico que hace del funcionamiento de la administración pública?
- JB: Uno podría decir, sobre todo basado en la experiencia tanto funcionarial como profesional, que los problemas de lentitud, ineficiencia, ineficacia de la actuación del Estado, ahora se han pretendido atacar por la vía del proyecto de ley sobre permisos sectoriales o de permisología –como le dicen-. Pero tenemos dudas de que efectivamente se vayan a lograr sus objetivos (disminuir los tiempos de tramitación). Aquí ha estado ausente una discusión que es mucho más relevante, que es la modernización del aparato estatal.
Si tú hablas con economistas o centros de estudios, te van a decir que ese es el tema, pero desgraciadamente a nivel público, eso no es lo que ha llenado la agenda (…) Ha faltado esa visión de decir mira: aquí están verdaderos nudos. (Y hoy) pareciera que cada problema se soluciona creando un nuevo ministerio y probablemente no es así.
LP: Y es que mientras más grande el Estado, más permisos hay que pedir…
- Pero en el sistema de permisos que tenemos hoy ¿cuál es el principal problema? ¿las arbitrariedades de actos administrativos o la interpretación de la norma?
- LP: No hablaría tanto de arbitrariedad porque todos los permisos y solicitudes que tú haces vienen acompañados de un acto administrativo en que te dan los fundamentos del por qué lo están haciendo. El tema está en cómo se interpreta la norma para efectos de lograr un determinado objetivo. Entonces, si queremos ser demasiado conservacionistas en algunas cosas, por cierto que yo puedo tomar a lo mejor una ley marco como la de cambio climático y un principio específico con el principio de no regresión y decir que de ahora en adelante cualquier cosa va a impactar en el cambio climático y no se puede hacer nada más en Chile. Entonces, eso -por extremar el argumento- es arbitrario.
- ¿Qué pasa con la estandarización de criterios?, eventualmente se estaba enfrentando este tema…
- LP: En el último tiempo se ha tratado de suplir generando guías. Habrán –no sé- entre 60 o 70 guías de servicios. Pero, ¿qué genera eso? Mayor burocracia. Ahí de nuevo volvemos a lo que comentaba Jorge: cómo modernizamos el Estado para que la cortemos con la cuestión de estar dictando guías por cada cosa que se tenga que interpretar y a lo mejor tener bases de datos comunes, inteligencia artificial o lo que sea necesario para efecto de hacer más eficiente las decisiones, con menos carga administrativa. Porque ahora cada vez que tengo que tramitar un permiso con el Estado, la sensación es la de estar viendo al hombre en la Luna, que por cada paso que da avanza a 0,005 por hora, porque la gravedad no lo deja avanzar.
- Frente a esta problemática ¿cuál es la solución o solo veremos más litigiosidad?
- JB: No hay una bala de plata para solucionar ese tipo de problemas tan complejos. Nosotros, de verdad, estamos esperanzados en que el proyecto de ley de permisos sectoriales llegue a buen término y produzca el efecto estimado. Pero, somos un poco escépticos.
- ¿Por qué tan escépticos?
- JB Porque falta una visión de Estado que permee hasta el último funcionario, que se dé cuenta que ese papel que está en su escritorio, no está ahí porque sí, sino que él tiene un rol importante para que sea analizado y salga rápido, por sí o por no. Porque también uno tiene que aceptar que te digan que no y habrá mecanismos para revisarlo, rehacerlo, volver a presentarlo o para reclamar. Pero con una respuesta pronta, porque lo peor es estar en ese limbo.
Acá en la oficina, por ejemplo, tenemos concesiones de acuicultura que se llevan tramitando 15 años, ¡15 años! (…) Son proyectos que darían trabajo, que permitirían más actividad económica y más competencia (...)
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