Ayer la sueca SCA mostró sus mejores cartas ante la Corte Suprema. La Tercera Sala del máximo tribunal revisó el recurso de la papelera mediante el cual busca modificar la decisión del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) por el caso de colusión en el mercado del tissue.
Su intención fue demostrar que el cartel que formó con CMPC se produjo debido a que fue coaccionada por esta última, tal cual lo planteó su defensa, representada por los abogados José Joaquín Ugarte y Santiago Ried, del estudio Ugarte Ried Correa.
"SCA es culpable de haber participado de colusión. Nos delatamos. Los culpables deben ser sancionados, pero tienen derecho a la delación compensada, pero el que coacciona debe ser excluido del programa de delación compensada", enfatizó Ugarte.
Aseguró que "la sentencia muestra que CMPC iba a desplegar todo su poder para hacerla quebrar de no efectuar la colusión". Ello -añadió- en un contexto en el que dicha firma mantenía una participación de hasta 75% del mercado.
De esta manera, aseguró que "CMPC amenazó de muerte a Pisa".
El argumento que, de ser acogido, significaría eximirle de la multa (por US$ 18,5 millones), al haber sido el primer actor en acogerse al beneficio de la delación compensa.
No obstante, validarlo no es cosa fácil. Para la Fiscalía Nacional Económica (FNE) representada por Víctor Santelices Ríos, Jefe de la División Litigios, "el fallo sobre esos antecedentes es claro: no hay coacción alguna, sino que son las friccionas propias de un cartel. Hay competidores entre sí, no es una reunión de camaradería", asegura.
Además, añadió que las razones de la empresa para no denunciarse nunca fueron claras: "¿qué impidieron para que fuera al TDLC y se delatara? No lo entendemos" dice, recordando que pese a allanamientos nunca se delataron.
Por el lado de CMPC, Cristóbal Eyzaguirre, de Claro & Cia, debatió también la argumentación de SCA de que el acuerdo se efectuó a partir desde el año 2006: "se ha presentado toda la evidencia de que la colusión fue previa a 2006, correos y planillas".
También señaló que "no existió prueba alguna respecto de quién gatilló las conversaciones" para efectuar el cartel, lo que no permitiría comprobar la culpabilidad en este sentido de CMPC.
También añadió que en la experiencia de otros países, la coacción no es admitida para perder beneficios otorgados por la delación compensada.
Tras la sesión, el máximo tribunal dejó el caso en estado "acuerdo", lo que quiere decir que existe una decisión, pero debe fundamentarse.
Cristóbal Eyzaguirre, por CMPC, y José Joaquín Ugarte, de SCA.
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