La diputada Marcia Raphael (RN) envió un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para que analice la legalidad del instructivo con el que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ordenó frenar las concesiones acuícolas en áreas protegidas que no cuenten con un plan de manejo.
Dicha circular del gobierno también subrayó que el órgano competente para autorizar una concesión debe requerir un informe favorable al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Mientras esta institución no se encuentre en funcionamiento, ese informe dependerá de otras instituciones como Conaf o la Subsecretaría del Medio Ambiente.
Durante la tramitación del SBAP, fue justamente el punto de las concesiones el que generó polémica. Una indicación que pretendía modificar la Ley de Pesca para eliminar a las salmoneras de áreas protegidas terminó en una serie de movilizaciones de los trabajadores de esta industria y, tras un empate en la Comisión Mixta del Congreso, no logró ser incluida dentro de la normativa.
Ahora, los parlamentarios de RN acusaron que "el gobierno por vía administrativa busca imponer su ideología y conseguir por secretaría lo que no consiguieron por la vía legislativa".
La diputada Raphael, subjefa de la bancada de diputados de este partido, se lanzó contra el Ejecutivo: "Me gustaría recordar al Gobierno que en el Congreso rechazamos la indicación que prohibía la salmonicultura en áreas protegidas y los invito a que no intenten gobernar por decreto (...) ¿Cuándo este Gobierno dejará de gobernar desde la comodidad de Santiago tomando decisiones que afectan a las regiones? Esperamos que la Contraloría nos dé la razón y se pronuncie de este instructivo que a nuestro juicio es totalmente arbitrario e ilegal".
Argumentos de RN
Si bien la cartera liderada por Maisa Rojas se había defendido, ante la oposición de la industria salmonera, señalando que el contenido de la circular solo recordaba cosas que ya estaban establecidas en la Ley SBAP, el oficio de Raphael afirma que "debe repararse, en primer lugar, que el contenido del oficio obedece a una instrucción propiamente tal y no a una simple interpretación de la normativa vigente".
En concreto, en su misiva enviada a Contraloría, la diputada plantea que dicha instrucción provoca la suspensión de los procedimientos de concesión en curso hasta que se aprueben los planes de manejo y se consiga el informe favorable.
"Cierto es que esta disposición ocasiona consecuencias relevantes en los administrados, puesto que supone el cumplimiento de requisitos subrepticios para el otorgamiento de una concesión, en el caso de aquellas que hayan iniciado la solicitud sin poder preverlo, y se dispone además la paralización de los procedimientos para dicho fin", postuló Raphael.
En resumen, solicitó que el Contralor se pronuncie acerca de la legalidad de paralizar los procedimientos administrativos de otorgamiento de concesión que están en curso y si es correcto que la Subsecretaría del Medio Ambiente tenga la potestad de entregar los informes favorables de los que dependerá la aprobación de la concesión.
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