La prohibición extractiva de la merluza común decretada por la Subsecretaría de Pesca entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos comienza a regir desde el 1 de septiembre y se extiende por todo el mes, debido a una veda denominada biológica que busca resguardar el proceso de reproducción y reclutamiento para asegurar en el futuro la máxima probabilidad de ingreso de ejemplares a la biomasa de este importante recurso pesquero nacional.
Por esta razón, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), Macarena Cepeda Godoy, reafirmó el compromiso de la pesca industrial por respetar esta medida y llamó a todos los actores del país pesquero a apoyar acciones a favor de la sustentabilidad de los recursos.
"Como gremio industrial pesquero creemos que la veda de la merluza, así como otras restricciones impuestas por la autoridad en base a criterios científicos, son necesarias para la conservación de las pesquerías, además de una oportunidad para combatir con más dureza a la pesca ilegal. Es importante que tanto los actores que participan de la extracción del recurso como los consumidores finales se comprometan con la veda impuesta", enfatizó la presidenta de ASIPES.
Según estudios de la Universidad de Concepción, se estima que la pesca ilegal que captura el sector artesanal, sólo en la merluza común, es más de 3 veces la cuota global asignada a ese sector, que para este año fue de 10.000 toneladas, es decir, en nuestro país se extraen en torno a las 35 mil toneladas de merluza común – o pescada – de forma ilícita.
La pesca ilegal, no declarada, certificada o fiscalizada es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que actúan legalmente pescando solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras. Este tipo de pesca es obtenida fuera de las cuotas de extracción científicamente otorgadas por la autoridad, tiene destino desconocido, no paga impuestos, no tiene controles sanitarios y no se rige por ningún criterio de conservación que haga sostenible su recuperación y mantención del recurso.
Macarena Cepeda pidió a los parlamentarios a agilizar la aprobación del proyecto de ley que moderniza el Sernapesca, que se encuentra entrampado en su tercer trámite en Comisión Mixta, que entrega mayores facultades y recursos al organismo fiscalizador pesquero. "Mientras más se fortalezca la capacidad fiscalizadora del Servicio Nacional de Pesca, tanto con atribuciones acorde a la magnitud del ilícito, así como con un aumento importante de capital humano para cubrir toda la cadena de comercialización de pesca ilegal, estamos seguros que se mejorará el cumplimiento de las medidas de administración vigentes y se evitarán ilícitos que causan daños irreparables a la sustentabilidad pesquera como lo es la pesca ilegal".
Actualmente, la merluza común está considerada por la autoridad una pesquería de alto riesgo, que además es el producto de mayor comercialización en forma ilegal. A partir de 2016, año en que el recurso logró pasar de un estado de agotamiento a un estado de conservación denominado sobreexplotado, la Subpesca ha hecho coincidir la veda de la merluza con la de los crustáceos demersales (camarón nailon, gamba, langostino amarillo y langostino colorado), cuya pesquería tiene como fauna acompañante a la merluza.
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