Organizaciones de pescadores de las regiones del Maule y del Biobío irrumpieron esta mañana con masivas movilizaciones en pro y en contra de la ley que regula la captura de la jibia: mientras los sindicatos de pescadores industriales exigen que el gobierno evite la promulgación de esa normativa recurriendo al Tribunal Constitucional, las organizaciones del sector artesanal se oponen a esa eventual medida en una marcha que culminó en la toma de la Ruta 5 con barricadas a la altura de San Javier hasta que fueron disueltos por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Ambas ofensivas reaccionan a la decisión de la Cámara de Diputados de ratificar los cambios propuestos por el Senado -dejándola en condiciones de ser promulgada-, y se centran en la disposición que limita la extracción de este recurso a faenas con línea de mano, lo cual dejaría fuera de esta actividad al sector industrial que realiza pesca de arrastre de media agua.
La eventualidad de que el Ejecutivo impugne ese proyecto y recurra al Tribunal Constitucional es rechazada por los artesanales iniciando una serie de protestas en distintas caletas en el sur del país y la marcha a la intendencia de la VII Región de hoy que terminó en los incidentes en la Ruta 5, a los cuales se sumaron acciones en el sector de Laraquete, en el acceso norte de la provincia de Arauco.
Por el contrario, las organizaciones de pescadores industriales de la VIII Región exigen al gobierno que recurra al TC en una movilización que desembocó en la interrupción del tránsito en el sector de El Trébol entre Talcahuano y Concepción.
"Como trabajadores, hemos decidido salir a la calle a pelear por nuestras fuentes laborales. Es lo que nos queda por hacer cuando no somos escuchados, en este caso por un Congreso dictatorial que no escucha a las organizaciones sindicales y está legislando para un grupo del sector artesanal. En democracia, esta situación es tremendamente preocupante", señaló Hugo Roa, presidente de los Sindicatos Interempresas de Tripulantes. A la movilización se plegaron además 300 pymes que prestan servicios a la pesca industrial y que suman unos 3.500 trabajadores.
La visión de las empresas
Sonapesca, la federación gremial que reúne a los principales actores de la pesca industrial, también reiteró su rechazo al proyecto.
"Compartimos lo que está planteando gobierno, y esperamos que efectivamente cumpla su compromiso de, o vetar la ley o de recurrir al Tribunal Constitucional, ya que este proyecto no tiene fundamento y terminará perjudicando a los propios pescadores artesanales porque hoy la industria compra a los pescadores el 70% de lo que capturan. Además, la jibia tiene una cuota que los artesanales no logran completar; por lo tanto, no tiene ningún sentido", señaló el gerente general Héctor Bacigalupo.
Sostuvo que la ley que regula la captura de la jibia en los términos que fue aprobado por la Cámara de Diputados "es inadmisible, ya que el Parlamento no tiene facultades para definir artes de pesca: fija las normas y regulaciones generales, pero las regulaciones específicas derivadas del marco general deben ser establecidas administrativamente", en referencia a la obligará a pescar sólo con potera y línea de mano.
En este punto, refutó el argumento de que las redes de arrastre atentan contra la sustentabilidad de ese recurso. "Ese es uno de los tantos mitos que circulan en el sector pesquero: la industria pesquera ha evolucionado en los últimos 40 años y tiene redes de estándar mundial. No hay que olvidar además que esta es una red de media agua, o sea que está muy lejos del fondo, y tiene una de las selectividades más altas del mundo: entre un 98% y 99% de lo que pesca es la especie objetivo, en este caso jibia, y en los tamaños que corresponde pescar".
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