Desde su arribo en marzo, el gobierno ha puesto el pie en el acelerador para autorizar proyectos de inversión. Así, la actual administración ambiental ha aprobado entre enero y agosto de este año 219 iniciativas que suman una inversión declarada de US$ 40.162 millones, más del doble del monto promedio aprobado entre 2014 y 2026 para los meses mencionados.
Pero el despegue ha tenido turbulencias. Un documento de Libertad y Desarrollo (LyD), al que tuvo acceso DF, da cuenta que, del monto total aprobado, US$ 30.124 millones son inversiones que corresponden a megaproyectos al superar los US$ 500 millones de desembolso. Esto es cinco veces más que el promedio entre 2014 y 2025 para los primeros ocho meses del año.
En concreto, son 13 grandes iniciativas con luz verde donde ocho de ellos están con algún recurso administrativo en trámite o ya sortearon al menos un proceso, representando el 61,5%.
Mientras, Línea 8 del Metro (US$ 1.900 millones), Parque Eólico Wayra (US$ 624 millones) y Parque Eólico Cuatro Vientos (US$ 650 millones) ya no son susceptibles de recursos administrativos por ya haber transcurrido el plazo permitido.
Eso sí, los otros dos -proyecto integral de amoníaco verde en Magallanes por US$ 11 mil millones y el Parque Eólico Cuatro Vientos en Los Lagos de US$ 540 millones- todavía tienen plazo para una reclamación.
Para LyD, es posible observar que la institucionalidad ambiental ha aprobado un número importante de proyectos de alta magnitud económica y capacidad de generación de empleo, aun cuando el número total de obras aprobadas es menor al promedio de los años anteriores revisados. Sin embargo, "el desafío es que estos grandes proyectos puedan concretarse, pues son los más susceptibles a enfrentar recursos de reclamación administrativa y judicial".
El centro de estudios recoge cifras de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), dependiente del Ministerio de Economía, en los primeros seis meses del gobierno, donde se advierte que el Comité de Ministros ha logrado destrabar proyectos que suman US$ 17.310 millones, una cifra notoriamente mayor a los US$ 266 millones que promedian los tres gobiernos anteriores en sus primeros seis meses.
"Pero la preocupación que emerge es qué tan sostenida será esa velocidad asumiendo que proyectos grandes aprobados puede implicar mayor cantidad de reclamaciones", dice LyD.
En este punto alerta que la alta aprobación de megaproyectos implica una mayor carga al Comité de Ministros cuyas sesiones ya representan el mayor número desde que se tiene registro público de las actas. Mantener ese ritmo de sesiones -se señala- "tampoco está asegurado, considerando que la ley de reconstrucción establece que el Comité debe sesionar, al menos, 10 veces al año".
Pero una vez superado el proceso administrativo con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que mantiene su aprobación, todavía falta una eventual etapa judicial.
Según el último informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), los proyectos judicializados representan solo el 4,5% de los proyectos calificados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero concentran el 21,5% de la inversión evaluada por el sistema, lo que da cuenta de que el tamaño de los proyectos que ingresan tiende a ser mayores que el promedio.
"Esto no es trivial, ya que existe una tendencia al alza de las causas en tramitación judicial en los Tribunales Ambientales. Esta última etapa posee una importante carga de incertidumbre jurídica, pues el plazo de 30 días para dictar sentencia puede extenderse hasta siete veces", se sentencia.
LyD plantea que el mérito del Ejecutivo no queda solo en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que el actual Comité de Ministros ha destrabado una cifra altísima de inversión en comparación al inicio de cualquier otra administración.
En ese sentido, sostiene que hay distintos proyectos de ley que van en la dirección correcta: "En cambio, preocupa la situación de los procesos judiciales dependientes de los Tribunales Ambientales, los cuales muestran evidentes retrasos en sus procesos, los que se han visto agravados por la dificultad para el nombramiento de ministros".
Y remarca que, para asegurar una evaluación ambiental expedita y eficiente, no basta con la voluntad discrecional del Gobierno de turno. Por lo mismo, añaden, la implementación de la Ley de Reconstrucción, la actual discusión de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y una eventual reforma a los Tribunales Ambientales "son esenciales para concretar las iniciativas de inversión".
SEA: "Nuestro desafío es mantener este ritmo y eficiencia en la revisión"
Sobre cómo enfrentan el hecho que los récords de aprobación no se traducen en mayor certeza, el director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, señaló a DF que el trabajo de la entidad consiste en la evaluación de proyectos de inversión con un alto nivel técnico y constatando el cumplimiento de la normativa ambiental: "La robustez técnica de nuestros procesos de evaluación es la principal forma de dar certeza jurídica frente a posibles reclamaciones". Adelantó que, al terminar el tercer trimestre, la inversión aprobada ya superó los US$ 43 mil millones.
"Una de las primeras misiones que nos dio el Presidente Kast y la ministra Toledo, fue entregar certeza con el cumplimiento de los plazos de cada uno de los procesos y es así como resolvimos 52 proyectos con resoluciones pendientes en tres meses. En esa misma línea, el Comité de Ministros adoptó el compromiso de sesionar mensualmente, con un ritmo muy alto de revisiones que nos hemos impuesto, con el objetivo de responder a la responsabilidad de entregar resoluciones en tiempo y forma", comentó.
Con ese telón de fondo, este lunes el Comité de Ministros sesionó para hacer un balance y análisis de la gestión pasada y futura. Esto, ya que por primera vez en la historia de este órgano, no existían reclamaciones para revisar.
Farías comenta que, en ese marco, "hicimos un balance en el que se puede informar que ya se han realizado 11 sesiones, revisando 26 proyectos y resolviendo las reclamaciones administrativas de iniciativas que tienen un monto de inversión que supera los US$ 17.700 millones, números que se han logrado gracias a gestión y a un trabajo arduo que nos ha encomendado la ministra".
Actualmente, añade, "todos los proyectos que han sido reclamados están en plazos legales y todavía no culminan sus procesos normativos de análisis para ser presentados al Comité de Ministros, pero varios de ellos se verán en las próximas semanas". "Nuestro desafío es mantener este ritmo y eficiencia en la revisión de proyectos, pero manteniendo en todo momento el cumplimiento de la ley y el más alto estándar ambiental", aseguró.
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