Grupo Hurtado: falta una institución para tramitar proyectos inmobiliarios

Por Andrés Pozo B.

Falta de una institucionalidad adecuada para tramitar  de forma ágil los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) existe en el Estado, señala el gerente general de El Bosque, Alejandro Magni.

La inmobiliaria mantiene en trámite -después de ocho años- Praderas, un proyecto ubicado en Pudahuel, que contempla una inversión de US$ 300 millones para construir 20 mil viviendas, en unas 800 hectáreas (has).

“Estas iniciativas son difíciles de procesar dentro del sistema del Estado, porque no está acostumbrado a que se desarrollen proyectos de complejidad”, dice Magni.

Praderas, ligado al grupo Hurtado Vicuña, comenzó los primeros estudios en 2004 y en 2006 fue aprobado por la instancia municipal. Luego, se aceptó su Declaración de Impacto Ambiental y en 2008 el Consejo Regional (Core) aprobó el cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional para un emprendimiento inmobiliario.

Desde ese año se comenzó a trabajar en las mitigaciones viales, las que fueron rechazadas en una primera instancia. En junio de este año se volvió a presentar una propuesta.

Optimistas
Magni explica que éstas mitigaciones implicarán una inversión adicional del orden de los
US$ 63 millones (UF 1.350.000) y están optimistas de que puedan contar con luz verde dentro de poco, para comenzar obras en cerca de un año.

El retraso del proyecto se debe a la falta de una institucionalidad adecuada. “Hay muchas instituciones que opinan, hay una complejidad en que ellos puedan concordar respecto a la definición de las redes que se van a aceptar e inversiones que se van a proponer”, dice.

Agrega que las PDUC “no han ido acompañadas de una organización e institucionalidad que permita que se procese en forma adecuada. Es el caso de los sistemas de evaluación ambiental donde existe una ley, una institucionalidad adecuada, un proceso y hay plazos”.

“Muchas instituciones opinan, por lo que hay una complejidad en que ellos puedan concordar”, dice.
Junto a esto, han debido enfrentar el cambio en las autoridades, lo que también genera retrasos. Aún así, Magni se muestra optimista de que se pueda aprobar el plan de mitigaciones. “Creo que estas autoridades tienen mayor comprensión de lo que significan estos proyectos y las complejidades de sus estudios”, dice y enfatiza que en Santiago no hay suelo disponible, lo que sube la importancia de iniciativas de este tipo.