La semana pasada DF MAS contó la historia de Sunflower Technology, una aparente estafa piramidal que afectó a más de 3 mil chilenos y en la que desapareció más de un millón de dólares. Algunos influencers publicaron en sus redes mensajes que enviaron a seguidores alertando de esta situación hace unos meses. Pero hubo una abogada que fue más allá.
Rocío Vergara, dedicada a temas de empresa, financiamiento, insolvencia y temas corporativos abrió un estudio llamado TrailUp.
En sus inicios quiso armar un grupo de apoyo para emprendedores de manera gratuita. En ese entonces, cuenta la abogada, “me contactaron por Instagram desde la empresa Sunflower para pedirme ser embajadora de la marca, no me sonaba de nada y les indiqué que requería un reunión para poder entender mejor de qué trataba el servicio ofrecido, me contactó inicialmente Joshua Ramírez (un vendedor de la compañía)”. Cuando llegó el día de la reunión, estaba Ramírez y el gerente general Jaime Mena, “quienes me explicaron que básicamente la empresa compraba carteras vencidas a menor precio y que ganaban al poder realizar el cobro de las mismas. Para comprar estas deudas utilizaban fondos de inversionistas que por su aplicación web ingresaban fondos”, afirma.
El negocio le pareció sospechoso. “Les pregunté si eran fiscalizados por la CMF y me indicaron que estaban en proceso de aprobación, además, les pregunté cómo lograban provisionar los fondos cuando no lograban gestionar el cobro de las deudas y luego de varias vueltas me indicaron que los dueños de la empresa tenían fondos para cubrir en caso de no pago”.
Al salir de esa reunión, le escribió un correo a la CMF alertando un posible esquema de captación. Fue en noviembre de 2023. La respuesta de la entidad que fiscaliza el mercado financiero, vía oficio, fue: “En lo referente a su presentación, cúmpleme informar que la entidad identificada en su presentación, Sunflower Technology, no es fiscalizada por esta comisión, por lo que, a fin de poder revisar la situación, es necesario aportar antecedentes que permitan individualizar a una entidad sujeta al perímetro de fiscalización de este servicio”. El oficio fue acompañado de la firma del director de reclamaciones de clientes financieros, Fernando Pérez.
No cree la abogada “que la CMF haya actuado de forma incorrecta, dado que efectivamente no fiscalizaban a esta empresa, sin embargo, queda la duda si los canales de información son los adecuados”.
Preguntada la CMF sobre este caso, declara a DF MAS: “La entidad en cuestión no está bajo la supervisión de la CMF, razón por la cual se emite la alerta tras el fallido proceso de registro. En este sentido, cabe señalar que la ley establece que el Ministerio Público está a cargo de la investigación de fraudes, por ser delito”.
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