El crecimiento económico de España se desaceleró ligeramente en el tercer trimestre del año, sugiriendo que el saludable ritmo de recuperación del país podría empezar a perder fuerza en los próximos trimestres.
La primera estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a que la economía se expandió 0,8% entre junio y septiembre, por debajo del ritmo del 0,9% del primer trimestre y del 1% del segundo. Pero en la comparación anual, el PIB avanzó 3,4%, por sobre el 3,1% de igual período de 2014.
Se trata de la primera medición que muestra desaceleración desde que la economía española comenzó a repuntar hacia mediados de 2013, y está en línea con los sondeos al sector privado y a los consumidores que recientemente han mostrado menor dinamismo.
Pero la mayor preocupación se debe a que el dato llega en un momento complicado. El escenario del cuarto trimestre plantea riesgos a la baja por el desempeño de sus indicadores macroeconómicos, la escalada de la tensión del conflicto catalán y la incertidumbre propia del período previo a unas elecciones generales, con el agravante de que en esta ocasión se espera una elevada fragmentación del voto que eleva la incertidumbre sobre cómo quedará configurado el próximo gobierno.
"La persistente deflación dificultará los esfuerzos de los sectores público y privado. Esto podría forzar a que el ratio de deuda pública/PIB sobrepase el 100% y podría derivar en la implementación de más medidas de austeridad. En tanto, la incertidumbre política rodea la cita electoral de diciembre", afirmó Capital Economics en una nota. "En consecuencia, esperamos que el PIB anual se desacelere de alrededor de 3,2% este año a 2,5% en 2016 y 2,0% en 2017.
Conflicto catalán
Tras un mes de negociaciones, las dos formaciones secesionistas que pretenden formar gobierno en Cataluña tras las elecciones del 27 de septiembre, Junts pel Sí (JxSí) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), presentaron ante la cámara regional su acuerdo para iniciar un proceso formal de secesión.
El documento, sin valor legal como tal, es un movimiento más en la lucha de poder entre el gobierno catalán y el central, un gallito que los expertos consideran se prolongará hasta la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones de diciembre que cuente con plenos poderes para negociar.
Está previsto que el Parlamento vote la propuesta independentista la próxima semana y se apruebe con votos de JxSí y CUP. Para JPMorgan, aunque el tono del conflicto se eleva a "un nivel peligroso", el "radicalismo" de la propuesta constata que JxSí necesita el apoyo de CUP para la investidura de Artur Mas como presidente de Cataluña, algo a lo que el grupo anticapitalista se opone y que podría complicar la formación de gobierno (el debate para la investidura debe convocarse antes del 9 de noviembre) y gatillar de nuevo elecciones regionales.
Para la entidad, la independencia no se materializará por las serias implicancias que conlleva la salida de la Unión Europea, aunque reconoce que la movida "eleva el riesgo de accidentes fatales y complica una gestión más constructiva entre Cataluña y quien esté en el gobierno central, esté quién esté La Moncloa".
JPMorgan destacó que el gobierno central cuenta con mecanismos suficientes para frenar a los soberanistas, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución que habilita la suspensión de la autonomía, aunque siendo algo sin precedentes podría dar otro empujón al conflicto.
Presión empresarial
Tras el desafío catalán, el empresariado no tardó en mostrar su malestar y, como en otras ocasiones, expresó su preocupación por una posible secesión al considerar que tendría un severo impacto sobre la economía catalana.
El Círculo de Empresarios, cuya cúpula la integran ejecutivos de Banco Santander, OHL y Deloitte, entre otros, solicitó una "respuesta firme" y recordó la necesidad de respetar las leyes como "requisito básico para la actividad económica".
La patronal catalana, Fomento del Trabajo, apeló a la seguridad jurídica, pero su presidente, Joaquim Gay de Montella, recordó que la entidad apuesta por un "pacto fiscal", "con las actualizaciones necesarias y reconociendo a Cataluña el estatus de nación".
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