La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) apeló su procesamiento en la causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de venta de futuros de dólar en el Banco Central durante su mandato, informaron hoy fuentes jurídicas citadas por la agencia estatal Télam.
La apelación fue presentada por el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, ante el juez federal encargado de la causa, Claudio Bonadio, quien deberá elevarla al Tribunal de Apelaciones una vez que el jueves próximo finalice el plazo para que todos los procesados cuestionen su decisión.
Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, dictó el pasado viernes el procesamiento de Fernández por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro".
También procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli y a otros doce imputados, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por $ 15 millones cada uno (más de US$ 1 millón).
El caso se inició por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.
Según los denunciantes, a través de la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los $ 10,65 por unidad, por debajo del precio establecido en el mercado para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de $ 14 pesos).
Bonadio entiende que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se registraron millonarias pérdidas para la entidad.
"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo", consideró Bonadio en el auto de procesamiento.
En abril, Fernández acudió a los tribunales citada a declarar y presentó un escrito en el que defendió que las operaciones investigadas "fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central" de acuerdo con "la normativa vigente", al tiempo que cargó contra el actual Gobierno y el Poder Judicial y se definió como "expresidenta perseguida".
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