La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina denunció hoy un presunto perjuicio a las arcas del Estado por unos US$ 20 millones a raíz de una serie de contratos firmados entre la energética estatal Enarsa y las empresas dueñas de depósitos de combustibles.
Según el escrito presentado por la OA ante la justicia, Enarsa contrató un servicio de depósito de combustibles que nunca fue utilizado, pero que causó una deuda millonaria a la compañía.
La denuncia se originó tras el hallazgo en contratos firmados en 2012 entre la firma estatal y las propietarias de los depósitos, como medida de la entonces Secretaría de Energía para garantizar el abastecimiento de combustible líquido a las centrales de generación de energía eléctrica.
Según el documento, se autorizó a Enarsa a firmar contratos con tres empresas propietarias de plantas de almacenamiento en las provincias de Buenos Aires, Tucumán (norte) y Entre Ríos (este), y se instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a pagar los costos.
Sin embargo, a pesar de que las empresas pusieron a disposición el servicio, los establecimientos "nunca habrían sido utilizados" por Enarsa "a lo largo de la vigencia de la relación contractual", debido a que la empresa estatal no concretó el acuerdo con Cammesa.
"Dado que el acuerdo nunca se firmó, Enarsa jamás recibió los fondos para pagar sus deudas con las empresas contratadas. Pero recién en mayo de 2015 la Secretaría de Energía comunicó que dejaba sin efecto la autorización para que la empresa alquilara depósitos de combustible", explicó la OA en un comunicado.
La denuncia estima que Enarsa habría asumido así una deuda acumulada por un monto aproximado de US$ 20 millones, aunque considera que el alcance definitivo "habrá de determinarse como producto de la pesquisa".
"En virtud de una -al menos- sospechosa combinación de acciones y omisiones por parte diversas entidades estatales que intervinieron en los hechos, finalmente se habría contratado un servicio que jamás se utilizó generando para Enarsa una deuda millonaria en dólares", advirtió la OA.
En ese sentido, para la Oficina Anticorrupción, la maniobra "podría encuadrarse en las figuras de incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta agravada" por haber sido cometida en perjuicio de las arcas públicas.
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