Un día después de que el gobierno de Brasil presentara un paquete de recortes de gastos y aumento de la recaudación tributaria que suma 65 mil millones de reales (US$ 16.900 millones), y que le permitiría registrar un superávit primario el próximo año, economistas reconocieron el esfuerzo, pero advirtieron que es poco probable que el plan sea aprobado por un Congreso mayoritariamente opositor.
La mayoría de las medidas propuestas el lunes requieren aprobación del Congreso, lo que podría ser difícil ya que la presidenta Dilma Rousseff lucha con una popularidad baja récord en medio de un escándalo de corrupción creciente y la recesión más larga desde los años '30, dijo Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, a Bloomberg.
"El mercado está digiriendo las propuestas y se está dando cuenta de que muchas de las medidas requieren aprobación del Congreso y el gobierno no tiene mucho capital en el parlamento", puntualizó Ramos.
El ministro de Hacienda Joaquim Levy propuso una nueva ronda de ajuste fiscal después de que Standard & Poor's bajara el rating de Brasil a "basura" la semana pasada, y le asignara un panorama negativo, en un intento por cerrar la brecha fiscal y lograr un superávit de 0,7% del Producto Interno Bruto el próximo año. La agencia argumentó que tomó la decisión en gran parte porque el gobierno estimó un déficit al entregar el presupuesto de 2016 al Congreso el 31 de agosto.
"Por supuesto, es sorprendente ver esto una semana después de la rebaja", expresó David Beker, economista de Bank of America Merrill Lynch, a FT. "La pregunta es por qué no pasó antes". Pese a que es positivo ver que el gobierno sigue buscando una responsabilidad fiscal después de la acción de S&P, el paquete anunciado por Levy será difícil de implementar, dijo Becker.
Medidas controvertidas
Una de las medidas que encontrará mayor resistencia en el Congreso es el intento de reintroducir un impopular impuesto a las transacciones financieras. Este tributo, el CPMF, representa casi la mitad del valor del paquete, pero el presidente de la cámara baja del Congreso, Eduardo Cunha, ya ha dicho que es poco probable que los legisladores lo aprueben.
Otra medida políticamente compleja será un plan por 7 mil millones de reales que postpone los ajustes salariales a los funcionarios públicos. Esto se complicará aún más ya que los auditores del departamento tributario del gobierno están en paro.
Los propios líderes de la coalición gobernante reconocieron ayer que las propuestas pueden sufrir modificaciones debido a las negociaciones durante su tramitación en el Congreso, antes de una reunión convocada por Rousseff para solicitarles apoyo al plan.
Antes de la cita, los líderes resaltaron la necesidad de un ajuste fiscal, pero no garantizaron un apoyo integral al paquete, publicó el diario local Valor Económico.
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