A Rousseff se le acusa de haber recurrido a maniobras fiscales con el objetivo de maquillar las cuentas y ocultar el déficit. Esta contabilidad paralela, conocida como pedaladas, ha sido duramente criticada por el TCU, el Tribunal de Cuentas de la Unión, ya que, supuestamente, esta práctica habría llevado a Rousseff a ganar las elecciones en 2014 al ocultar el estado de su economía.
¿Qué son las pedaladas?
El Ejecutivo de Rousseff está acusado de retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones para mejorar de forma engañosa las cuentas del Gobierno. Según el TCU esos pagos eran como préstamos concedidos por los bancos al Tesoro, una práctica que se considera ilegal según la legislación brasileña.
Según un informe elaborado por la comisión del Senado encargada del proceso de destitución, las pedaladas alcanzaron los 58.700 millones de reales brasileños a finales del año pasado. De esta cantidad, el Ejecutivo habría devuelto 47.400 millones de reales.
Las entidades estatales Caixa Econômica, Banco do Brasil y BNDES, y el fondo de garantía de los trabajadores FGTS, asumieron el pago de programas como Bolsa Família, una asignación mensual destinada a los más pobres, y Minha Casa, Minha Vida, un programa de vivienda social.
¿Son delito las maniobras fiscales?
Según la legislación brasileña, la contabilidad creativa se considera delito en determinadas circunstancias, como cuando el Gobierno asume créditos de los bancos estatales sin permiso del Congreso. Infringir la legislación está penalizado con un proceso de impeachment (destitución).
¿Incurrieron anteriores gobiernos en esta práctica?
Uno de los principales argumentos de Rousseff y su Partido de los Trabajadores, PT, es que su Gobierno "no ha sido el único" en recurrir a las pedaladas. Argumentan que sus antecesores, los ex presidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, hicieron lo mismo y no fueron penalizados por ello.
Según el informe elaborado por el senado, entre 2001, el segundo y último año del Gobierno de Cardoso y 2007, cuando gobernaba Lula da Silva, que estuvo dos legislaturas en el poder, hubo un desajuste en las cuentas de mil millones de reales, una cantidad que entra dentro de lo normal. Además, ninguno de los dos presidentes mantuvo una deuda con los bancos estatales prolongada.
Aunque en los últimos años del segundo mandato de Lula da Silva aumentaron las pedaladas como consecuencia de la crisis financiera, estas fueron mínimas comparadas con las cifras de Rousseff. Otro de los argumentos en contra del proceso de impeachment es que fueron mucho más frecuentes durante el primer mandato de Rousseff, entre 2011 y 2014. Los expertos legales aseguran que un presidente sólo puede ser destituido por delitos que hayan tenido lugar en su actual legislatura.
No obstante, el senado alega en su informe que Rousseff redactó en 2015 una serie de decretos extraordinarios para aumentar el gasto de forma ilegal a través del crédito sin la aprobación del Congreso.
En conjunto, la deuda del Gobierno federal con los bancos estatales y el FGTS también aumentó en 2015 en 6.500 millones de reales.
En los años noventa, tras años de inflación imparable, uno de los mayores logros de Brasil para estabilizar su economía y sentar las bases para el crecimiento fue un férreo control del presupuesto.
La estricta legislación que impedía que el Gobierno emitiera deuda sin rendir cuentas se consideró uno de los elementos clave de este periodo. Los grandes déficit presupuestarios disparan la deuda pública y provocan inflación, lo que a su vez incide negativamente sobre los más desfavorecidos, deteriorando el gasto social.
¿Está relacionado el proceso de destitución de Rousseff con los supuestos delitos presupuestarios?
En su día Al Capone fue juzgado por delitos de evasión fiscal; el proceso de destitución de Rousseff no sólo está relacionado con las supuestas maniobras fiscales, sino por el escándalo de Petrobras y el terrible estado en el que ha dejado a la economía del país.
El error de Rousseff fue permitir que su popularidad cayera a los niveles más bajos de un presidente en la historia de Brasil. La presidenta tampoco supo gestionar los conflictos surgidos en el Congreso con su socio de coalición, el PMDB. Esto abrió la vía para que sus enemigos iniciaran el proceso de destitución.
Todo empezó cuando el TCU decidió rechazar las cuentas que Rousseff presentó en 2014, la primera vez que hacía algo así en ochenta años.
¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de destitución?
Al votar el Senado vota a favor de abrir un proceso de impeachment contra Rousseff, la presidenta será suspendida del cargo durante seis meses y su vicepresidente, Michel Temer, del PMDB, asumirá las riendas del Ejecutivo.
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