Mientras la economía de Brasil sigue en caída libre, las autoridades de ese país están dejando de lado la discusión de las urgentes medidas que son necesarias para detener la debacle, arrastrados por un cruento enfrentamiento político.
Las tensiones venían escalando hace meses pero la decisión del presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha el miércoles de acoger una de las solicitudes presentadas por la oposición para iniciar un juicio contra la presidenta Dilma Rousseff está llevando la confrontación a un nuevo nivel.
Cunha, que también enfrenta una investigación por ocultar cuentas en Suiza y aceptar sobornos, dijo ayer a los periodistas que Rousseff mintió a “toda la nación” en un discurso televisado.
El parlamentario afirmó que el ministro jefe de la Casa Civil, Jaques Wagner, llevó al parlamentario André Moura donde Rousseff, quien le ofreció los votos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) a favor de Cunha en el consejo de ética de la cámara baja a cambio de ayuda para la aprobación del impuesto a las transacciones financieras (conocido como CPMF), que será una de las fuentes de ingresos para el presupuesto de 2016 (que aún no ha sido aprobado por el Congreso).
“La presidenta dijo que no participaba en negociaciones de ese tipo”, pero “le mintió a la nación y eso es grave”, dijo Cunha, quien insistió en que su decisión respecto del juicio contra Rousseff fue “absolutamente constitucional” y apoyada en “hechos” ante los cuales el gobierno tendrá el más amplio “derecho a la defensa”.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar, y fue a través del propio Wagner. “El presidente de la cámara mintió. Fue él quien mintió. Él afirmó que el diputado André Moura estuvo con la presidenta Dilma. Él no estuvo con Dilma. Estuvo conmigo. Yo siempre discuto con él pautas económicas”, declaró.
Gobierno quiere acelerar impugnación
En lo que se refiere al proceso de impugnación, el gobierno quiere acelerar cuanto antes la votación en el plenario de la cámara baja, publicó ayer O Globo. El pedido de celeridad lo realizó el ministro secretario de gobierno, Ricardo Berzoini, en reunión con los líderes de la coalición de gobierno.
Según los líderes, la evaluación del gobierno es que el tiempo les juega en contra y que lo mejor es enfrentar la votación cuanto antes, para poder sacar adelante la agenda del gobierno. El inicio del proceso obligaría también a suspender el receso parlamentario. “Nosotros no podemos, el Congreso y la sociedad no vamos a permitir que se produzca una crisis institucional. Es momento ahora de mucho equilibrio”, dijo el líder del PSD (socio del PT en la coalición gobernante), Rogério Rosso.
En la oposición reconocen además que la movilización social a favor del impeachment no tiene la magnitud de principios de año.
Eso sí, tras la decisión de Cunha el miércoles de acoger la solicitud del juicio político, los grupos que defienden la salida de Rousseff -Movimento Brasil Livre y Vem pra Rua- convocaron ayer una marcha para el domingo 13 de diciembre para fortalecer el movimiento.
Por su parte, la Central Única de Trabajadores (CUT) también iniciará una serie de manifestaciones, pero en contra del impeachment. La primera de ellas está convocada para hoy en la capital Brasilia.
La petición de impugnación, presentada por los abogados Hélio Bicudo, Miguel reale Júnior y Janaina Paschoal, acusa a la presidenta de crímenes de corrupción y responsabilidad fiscal.
La estrategia de acelerar el proceso en el Congreso obligó además a que ayer tres diputados del PT retiraran la petición que entregaron a la Corte Suprema para anular el procedimiento de impugnación en contra de la presidenta, sólo horas después de entregarla.
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