Tres días de deliberación en la Cámara de Diputados de Brasil y una votación que duró varias horas fueron invalidados ayer, por decisión del presidente interino del organismo, Waldir Maranhao, quien anuló la sesión en la que la cámara baja decidió dar inicio al proceso de impugnación contra la presidenta Dilma Rousseff.
Maranhao -del PP y cercano a los comunistas, que apoyan a la mandataria- acogió una solicitud de la defensa de Rousseff y dejó sin efecto la votación de los días 15, 16 y 17 de abril. En esa oportunidad, 367 de los 513 representantes apoyaron la apertura del proceso contra la jefa de Estado. Maranhao votó en contra.
Según el parlamentario, los partidos no podrían tener una decisión colectiva sobre el impeachment, sino que se debía respetar la libertad individual de los parlamentarios. Agregó que los diputados no podían anunciar su voto antes de la sesión (lo que ocurrió ampliamente, pues medios brasileños hicieron encuestas previas) y que la presidenta debió haber tenido la posibilidad de hablar directamente en el pleno.
En una nota enviada a medios brasileños, Maranhao dijo que pidió al Senado devolver los antecedentes del proceso de destitución. Detalló que convocará a una nueva votación, la cual agendó para cinco sesiones después de que la cámara alta retorne los antecedentes.
En la cámara alta, que mañana comenzaría a discutir la impugnación, la oposición hizo oídos sordos. El presidente de la comisión especial, Raimundo Lira, aseguró que el proceso se mantiene y que el anuncio de Maranhao tiene un efecto “esencialmente político”. Por su parte, el presidente del Senado, Renan Calheiros, convocó a una reunión de emergencia con los jefes de las bancadas y les informó que continuará con la tramitación según estaba calendarizada.
Tras conocerse la noticia, Rousseff llamó a la cautela y aseguró que aún no están claras las consecuencias. “Pido encarecidamente a los parlamentarios y a todos que estén tranquilos”, dijo, luego de insistir en que el impeachment es un proceso “sin base” y que no hubo ilegalidad en su actuar.
Por su parte, el relator de la comisión de impeachment en la Cámara de Diputados, Jovair Arantes, calificó la decisión como una “locura”. Otros miembros de la oposición anunciaron que recurrirán al Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir que se deje sin efecto la medida.
La asunción de Maranhao
Waldir Maranhao asumió interinamente la presidencia de la Cámara de Diputados la semana pasada, luego de que el STF decidiera apartar de sus funciones al titular Eduardo Cunha, uno de los principales gestores del proceso contra Rousseff.
Durante el fin de semana, el diputado viajó a San Luis, en un intento de construir apoyo político para asegurar su permanencia en el cargo, según reportaron medios brasileños. El domingo, volvió a Brasilia acompañado del gobernador de Maranhao, Fladio Dino, del Partido Comunista de Brasil y aliado de la presidenta Rousseff. Ya el viernes había anunciado a parlamentarios que tenía preparada una sorpresa.
Detienen a ex ministro de Hacienda de gobiernos de Lula y Rousseff
La Policía Federal de Sao Paulo detuvo ayer al ex ministro de Hacienda de Brasil Guido Mantega, quien encabezó la billetera fiscal entre 2006 y 2014, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio "Lula" da Silva y Dilma Rousseff.
El ex secretario de Estado es investigado por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra al Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf), dependiente de Hacienda.
La indagatoria, conocida como "Operación Zelotes" busca determinar si existieron negociaciones ilegales que habrían beneficiado a grandes empresas a lo largo de dos años. En ese contexto, las autoridades brasileñas investigan la relación entre Mantega y Victor Sandri, uno de los dueños del grupo Cimento Penha, que es investigado por fraude fiscal. Según publicó O Globo, el ex ministro habría nombrado a consejeros del Carf por indicación del empresario, buscando beneficiarlo en el proceso tributario.
La ex autoridad prestó declaraciones durante casi dos horas y evitó hacer comentarios a la prensa. Sin embargo, según publicó el diario brasileño Estadao, Mantega dijo a la policía que mantuvo relaciones comerciales con Sandri y que éstas se remontaban a la década de 1990, por un negocio inombiliario.
Admitió que las nominaciones de integrantes del Carf son atribución exclusiva del ministro de Hacienda, pero dijo que no tenía conocimiento de decisiones de ese organismo que pudieran beneficiar a empresas.
La detención de Mantega se produjo bajo el esquema de "conducción coercitiva", en el que la Justicia autoriza a la policía a obligar a una persona a entregar su testimonio. Su abogado, Guilherme Batochio, dijo que la detención fue un "acto arbitrario e ilegal. (Mantega) ya había prestado declaración sosbre esta misma investigación recientemente. En esa ocasión, había respondido a todas las preguntas, igual que lo hizo hoy".
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