Pese a que el envalentonamiento secesionista del gobierno catalán añade tensión a la conversación con el gobierno central de España, la independencia efectiva de la región no es un escenario sostenible para este conflicto.
Para Antonio Barroso, vice presidente senior de Teneo Intelligence, lo más probable es que el desafío secesionista pierda fuerza por los propios conflictos en el seno del gobierno catalán. La solución, señala, llegará cuando se negocie un nuevo sistema de financiamiento para las regiones del país.
- ¿Qué consecuencias tiene el ruido del conflicto catalán para España?
- Es un riesgo más que los inversionistas tienen en cuenta al mirar la solidez de la economía española, ya que es una región que representa el 20% del PIB hablando de separarse del país. El impacto que tendría su salida, en todas las vertientes, desde el punto de vista fiscal, de negocios y producción en la economía española, sería tremendo. Es una de las variables que se tiene en cuenta, pero la preocupación se divide y veo más gente preocupada por el efecto de las elecciones generales y la incertidumbre que puede emerger a causa de un parlamento tan fragmentado, que por el tema catalán. Ha llegado un momento en que se ve como una situación complicada pero que no llegará a más.
- ¿Podría tener repercusión para la calificación de España?
- Depende de si la situación empeora, que sí será algo que las agencias de rating tendrán en cuenta, pero en este momento el empacho es mínimo. Las elecciones y las políticas propuestas por el gobierno que venga son mucho más relevantes en este momento.
- ¿Cuáles son los escenarios actuales?
- El primero es una secesión, el segundo una negociación que incluya una reforma fiscal y el algún tipo de reconocimiento adicional del pilar más cultural y, el tercero, que no pase nada. Tanto el primer escenario como el tercero son insostenibles. La secesión llevaría a un desastre de desobediencia civil y severas decisiones por parte del gobierno central. Que no haya cambios tampoco es sostenible. La única salida es ir a una solución negociada.
- ¿En qué consiste esa solución?
- En negociar un nuevo sistema de financiamiento para las comunidades autónomas, en el cual se beneficie un poco más a Cataluña, y quizá una reforma constitucional que incluya algún tipo de reconocimiento más explícito de la singularidad de la región. Hasta llegar ahí, veremos mucho ruido y mucha acritud entre las dos partes.
- ¿Qué plazo tomaría?
- Esto llevaría un mínimo de dos años, teniendo en cuenta los plazos para las reformas. Aunque quizá una reforma en el sistema de financiamiento pueda realizarse en un plazo de entre doce y 18 meses, creo que pensar en una solución a corto plazo no es realista.
- ¿Hasta dónde mantendrán el gallito ambos gobiernos?
- Las dos partes estarían "bluffeando". El gobierno catalán, si realmente hay acuerdo y sigue adelante (con el proceso independentista), no dará pasos que constituyan un desafío frontal que lleve a la desobediencia; y el gobierno de (Mariano) Rajoy buscará agotar todas las vías legales a su disposición para anular cualquier decisión que tome la Generalitat.
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