En medio de la pandemia del coronavirus, el apoyo a la población vulnerable en todas sus dimensiones se ha tomado la agenda en los últimos meses, siendo la arista alimentaria una de las más discutidas a nivel nacional.
Como consecuencia del Covid-19, hasta 83,4 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe este año, lo que implicaría un "alza significativa en los niveles de hambre", según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En la presentación del informe "Evitar que la crisis del Covid-19 se transforme en una catástrofe alimentaria. Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe", elaborado por ambas instituciones, el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, advirtió que hasta un millón de personas en Chile podrían estar en situación de inseguridad alimentaria severa actualmente. "Eso quiere decir personas que están teniendo que dejar de comer algunos días, o que de plano están en situación de hambre", explicó el experto.
El ejecutivo calificó la situación como "gravísima" y destacó que aunque "Chile es un país que tiene una posición muy envidiable respecto a sus indicadores de seguridad alimentaria", las cifras han aumentado considerablemente desde la llegada de la pandemia.
Antes del coronavirus, el país tenía 600 mil personas en situación de inseguridad alimentaria severa, pero según cálculos de la FAO, desde marzo, en solo cuatro meses, la cifra habría aumentado en alrededor de 400 mil chilenos. Berdagué celebró que el acuerdo alcanzado el fin de semana por el gobierno y la oposición, dijo que "es importantísimo y va en la línea de lo que estamos hablando".
Si bien el ejecutivo afirmó que "lo importante es que haya asistencia alimentaria", precisón en cuanto al formato a través del cual se entrega apoyo a la población que "como esto va a haber que sostenerlo mucho tiempo, es preferible recurrir a las transferencias monetarias o de bonos alimentarios". Y si bien destacó que las cajas que está entregando el gobierno "juegan un papel muy importante", a su juicio "debería ser más focalizado".
Además, Berdagué destacó el rol que está jugando la Junaeb en la distribución de comida a la ciudadanía, que en su opinión permiten "mantener viva la alimentación escolar".
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó que "Chile puede convertirse en una potencia alimentaria" pero recordó que hace poco tiempo el país tuvo que importar legumbres desde Canadá para hacer frente a la crisis.
La funcionaria de Naciones Unidas explicó que si bien la economía nacional se ha centrado en productos más rentables desde la perspectvia exportadora, "es la hora de preguntarnos cómo podemos transformar nuestros sistemas productivos y más, haciendo uso de la innovación tecnológica y de la economía digital".
Así, dijo que Chile, Brasil, Uruguay y Argentina "son las grandes potencias de nuestra región en materia alimentaria, y eso no hay que descuidarlo", y planteó que "la pregunta de fondo es si esta pandemia nos va a dar la oportunidad de analizar la estructura productiva de la agricultura en América Latina y el Caribe", agregando la interrogante de "si la recuperación nos puede llevar a una producción más sostenible, más endógena y que no dependa de muy pocos productos".
Acciones urgentes contra el hambre
El informe presentado por los organismos recuerda que el bajo crecimiento económico y el alza en las cifras de pobreza podrían implicar que el hambre siga aumentando, tomando en cuenta que en el período de 2016 a 2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina. En el contexto actual, la situación se ve agravada por la mayor vulnerabilidad de los trabajadores y el aumento de los precios de alimentos, entre otros factores.
Para evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria, la Cepal y la FAO proponen crear un bono contra el hambre, además del ingreso básico de emergencia que el primero propuso implementar hace algunas semanas.
Dicho bono podría materializarse en forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional.
Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema, siendo la segunda opción la recomendada por los organismos, y que tendría un costo de alrededor de US$ 23.500 millones.
Además del bono, ambos organismos elaboraron un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, pero que también las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.
"En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual", enfatizó Berdegué.
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