El Gobierno de Colombia radicó hoy jueves en el Congreso una reforma para aumentar los impuestos a las personas y a las empresas, además de eliminar las exenciones y deducciones tributarias, medidas necesarias para mejorar las finanzas del país sudamericano y mantener su calificación de riesgo crediticio.
Con la denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que en la mayoría de sus propuestas comenzaría a regir en 2022, el Gobierno busca elevar la recaudación tributaria en 23,4 billones (millones de millones) de pesos colombianos (US$ 6.383 millones) al año, equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Es una reforma moderada si nos comparamos internacionalmente", dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante la presentación del proyecto.
La propuesta fiscal tendrá que enfrentar un complicado camino en un Congreso en el que muchos de los legisladores han anticipado que no aprobarán algunas de las iniciativas, en un año preelectoral que hará más difícil su trámite.
Los recursos que el Ministerio de Hacienda busca obtener con la reforma serían destinados a cubrir el déficit fiscal, financiar el programa social de ingreso solidario y a otros programas de reactivación económica y de fomento al empleo.
El proyecto de ley incluye modificaciones e incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la renta de personas y empresas, así como un alza del tributo sobre los dividendos a 15% desde 10% actualmente.
También ampliaría un impuesto al carbono para incluir a todos los combustibles fósiles y recaudaría 14.000 millones de pesos (US$ 3,8 millones) a través de un impuesto sobre los plásticos de un solo uso.
La reforma además propone la redefinición de criterios de la regla fiscal, fortaleciéndola para garantizar niveles prudenciales de pasivos públicos para salvaguardar la capacidad económica del Estado y permitir la adecuada y perdurable implementación de los ajustes propuestos en materia de gastos e ingresos.
Impacto de la pandemia
Colombia se vio obligada a elevar el año pasado su déficit fiscal a 7,8% del PIB por la crisis derivada de la pandemia, que a su vez la llevó a incrementar la deuda a 64,8% del PIB para atender las necesidades en salud y programas de asistencia social, mientras que la recaudación tributaria disminuyó por la recesión económica.
Para este año el Gobierno proyecta un déficit fiscal de 94,7 billones de pesos (US$ 25.835 millones), equivalente a 8,6% del PIB, en un escenario de crecimiento de la economía de 5%.
Los ingresos tributarios anuales de Colombia equivalen a 19,3% del PIB de 1.002 billones de pesos (US$ 273.360 millones).
Las agencias calificadoras de riesgo anunciaron recientemente que una revisión a las notas crediticias del país -que mantiene el grado de inversión, aunque con panorama negativo-, se realizará después de que se conozca la aprobación final del Congreso.
La cuarta economía de América Latina ha aplicado doce reformas tributarias en los últimos 20 años.
El costo fiscal de los beneficios tributarios en Colombia alcanza 69,1 billones de pesos (US$ 18.851 millones), equivalente a 6,5% del PIB.
El país enfrenta una encrucijada por la necesidad de aumentar los impuestos y el efecto negativo que podría tener en el crédito de las empresas, aunque el impacto no sería suficiente para afectar sus calificaciones, dijo recientemente Fitch.
Al cierre del año pasado declaraban renta 3,81 millones de personas y 549.757 empresas en el país de 50 millones de habitantes.
Los principales sindicatos anunciaron una huelga para el 28 de abril en protesta contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, principalmente la reforma tributaria.
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