Seis meses después de llegar a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández dió paso a la primera intervención y expropiación de su administración.
Se trata de la compañía agroalimentaria Vicentín, actualmente en concurso preventivo de acreedores y con una gran cantidad de problemas económicos que afectaron a numerosos proveedores de distintos puntos del país.
“Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esta empresa, líder en el mercado agropecuario argentino, no sólo para que la empresa continue operando, sino por los trabajadores y por los productores”, dijo el mandatario trasandino.
Para llevar a cabo toma de la firma se designó a Roberto Gabriel Delgado, un ingeniero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del país, quien además fue secretario de Agricultura durante el segundo gobierno de Cristina Fernández.
La intervención y la designación de Delgado se hacen por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mientras que la expropiación se hará por un proyecto de Ley que el Ejecutivo envía al Congreso.
En tanto, el manejo de la compañía quedará en manos de un fondo fiduciario que manejará YPF Agro, filial de la firma de energía YPF, en manos del Estado desde 2012.
El directorio de YPF se reúne hoy para abordar el tema.
A través de Vicentín, el gobierno peronista pasará a ser un jugador importante en el mercado de granos y de carnes.
La nueva estrategia
La debacle de la cuarta empresa agroexportadora más grande de la nación trasandina empezó a hacerse visible el 4 de diciembre de 2019, cuando admitió que se encontraba en un estado de “estrés financiero” y que no podía hacer frente al pago de US$ 350 millones.
De ahí se desprendió una investigación por parte del fiscal federal para determinar por qué el grupo hizo figurar en el último balance las deudas en dólares y los activos en pesos. Este punto habría provocado, según la sospecha de la Justicia, un desequilibrio financiero que podría haber llevado a la firma a la cesación de pagos.
Ahora, luego de remarcar que ello tuvo “un impacto territorial muy significativo en Santa Fe y Córdoba, pero también en otras partes del país”, Fernández prometió que, a través de YPF Agro, Vicentín tendrá “gestión profesional” y una “mirada estratégica” apuntando al “desarrollo económico social”.
Por su parte, Delgado dijo que “esto puede ser una señal mundial para las compañías que se dedican a la producción de energía; el petróleo es energía y la producción bioindustrial también lo es”.
Y añadió que Vicentín “puede ser un instrumento muy importante para gestionar políticas públicas”.
Historial de Estado
Con Vincentín, ya son cuatro las empresas que pasan a manos del Estado, bajo las gestiones del kirchnerismo.
Aerolíneas Argentinas fue estatizada en 2008, a la salida de la mega crisis que se desató con el sector agropecuario. Cuatro años más tarde, se decidió tomar la parte de YPF que estaba en manos privadas.
El gobierno de Cristina Fernández le sacó a la española Repsol el 51% de las acciones, en una movida que derivó en demandas judiciales.
Hoy, un fondo sigue con acciones legales contra el Estado Argentino que podrían costarle al país entre US$ 3 mil millones y US$ 12 mil millones.
La tercera experiencia fue la fábrica de billetes Ciccone Calcográfica, en agosto de 2012, en medio de un gran escándalo de corrupción que tenía como figura principal al exvicepresidente Amado Boudou.
En el caso del grupo Vicentín, que tiene accionistas privados extranjeros, el gobierno se embandera en el objetivo de lograr la soberanía alimentaria.
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