Las tensiones geopolíticas que han interrumpido el tráfico marítimo, con el cierre del estrecho de Ormuz como principal emblema de una crisis que alcanza a distintas rutas, han puesto en alerta a las mayores potencias marítimas. “Estos no son impactos episódicos, sino señales de un cambio estructural en el entorno operativo del comercio mundial”, advirtió este martes el Consultative Shipping Group (CSG).
La advertencia forma parte de la primera declaración pública en más de 60 años de este foro informal, creado en la década de 1960 e integrado por 18 países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Singapur. En conjunto, sus miembros representan cerca del 20% del tonelaje de la flota mercante mundial.
La guerra en Ucrania, la sequía en el canal de Panamá y los conflictos en Medio Oriente han expuesto la fragilidad de las cadenas marítimas, por donde transita el 80% del comercio mundial. A estas disrupciones se suman medidas discriminatorias y diferencias crecientes entre las regulaciones adoptadas por los países.
El CSG, uno de cuyos principales objetivos es defender el acceso abierto y sin obstáculos a los mercados marítimos, advierte que la incertidumbre sobre el ingreso a puertos o el uso de determinadas rutas afecta la planificación comercial y las inversiones de largo plazo. El problema se profundiza cuando los gobiernos adoptan enfoques divergentes, impulsan iniciativas regionales incompatibles o se estancan las negociaciones multilaterales.
“La fragmentación de las normas conduce directamente a la fragmentación de los mercados y, en última instancia, a mayores costos para las empresas y los consumidores”, afirmó el grupo.
El documento también alerta que las rutas marítimas se están convirtiendo cada vez más en instrumentos de presión y fuentes de riesgo. Una interrupción en un paso estratégico puede extender rápidamente sus consecuencias sobre el suministro de energía, los seguros, los fletes y el precio de los bienes transportados.
La flota en la sombra
A la multiplicación de barreras y conflictos se suma la expansión de una flota en la sombra compuesta por cientos de embarcaciones que buscan eludir sanciones. De acuerdo con el comunicado, estos buques operan fuera de los mecanismos habituales de seguros, seguridad y transparencia, y evitan estándares ambientales y operativos que sí deben cumplir las navieras regulares.
El fenómeno está creando sistemas paralelos dentro del transporte marítimo y debilitando la competencia justa que el grupo busca resguardar. ¿El resultado? “Un sistema de dos niveles, uno regido por normas y otro por la opacidad”, que termina debilitando a ambos.
Según detalló el CSG, la falta de información sobre la propiedad, las condiciones de las embarcaciones y la cobertura de seguros también eleva los riesgos para otros operadores y para los países costeros. Al mismo tiempo, permite que las compañías que eluden las regulaciones compitan en condiciones diferentes de aquellas sometidas a las normas internacionales.
Respuesta coordinada
Frente a este escenario, el CSG propone coordinar y aplicar de manera uniforme las regulaciones existentes. El grupo identifica como pilares la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece los derechos de paso inocente y de tránsito, y a la Organización Marítima Internacional, encargada de desarrollar estándares globales para la navegación.
Esa defensa de reglas comunes también explica el énfasis del organismo en rechazar las respuestas nacionales aisladas. A su juicio, una aplicación desigual de las normas distorsiona los mercados y reduce la confianza en el transporte marítimo como soporte del comercio internacional.
En su declaración, las 18 potencias pidieron reforzar el intercambio de información entre las autoridades, aplicar las reglas con mayor consistencia y respaldar políticamente los estándares multilaterales. “La cooperación internacional sólida no constituye una restricción a la soberanía, sino un requisito para una gobernanza efectiva en un mundo interconectado”, concluyeron.