La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en horas de la madrugada del miércoles, y en segunda instancia, el marco legal de la polémica reforma de pensiones propuesta por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, dando paso a que sea revisado en el Senado para su aprobación definitiva.
El texto ya había sido aprobado en julio por la cámara baja, con 379 votos a favor y 131 en contra. Sin embargo, según la ley local, se requieren dos discusiones en cada instancia del Parlamento al incluir cambios de fondo a la constitución federal.
En esta ocasión el proyecto obtuvo el respaldo de 370 diputados, frente al rechazo de 124 y una abstención.
La reforma previsional es la piedra angular de la agenda económica del excapitán del Ejército, cuyo objetivo es ahorrar al Estado cerca de 1.000 millones de reales (US$ 253 mil millones de dólares) durante la próxima década. Sin embargo, el ambicioso plan no se cumpliría a cabalidad y analistas estiman que el ahorro sería menor.
La propuesta del Ejecutivo ha sido criticada por sindicatos, organizaciones sociales y los partidos de oposición, quienes protagonizaron protestas en distintos puntos del país mientras los diputados la debatían.
En tanto, ayer en una nueva sesión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se discutieron y votaron ocho propuestas de modificación al texto que ya había sido aprobado.
Peticiones particulares
En la votación, que duró más de seis horas, la oposición intentó, sin éxito, aplazar la decisión mediante pedidos que fueron rechazados por la mayoría de congresistas.
El marco legal de la reforma todavía puede ser objeto de alteraciones, pues los diputados deberán definir ahora la situación en que quedarán algunos sectores específicos.
Entre ellos, el área pública que insiste en que la reforma alcance los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada en julio, pese a que estaban en el proyecto original.
La reforma es la gran apuesta del primer gobierno de ultraderecha que tiene el país para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió 7 puntos porcentuales del PIB, que creció a un ritmo insuficiente de 1% anual en 2017 y 2018, y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.
Mediante la reforma, el proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones que el gobierno considera “quebrado”, acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas claves.
Para lograr esa meta, se plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
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