El presidente de Chipre, Nikos Anstasiadis, efectuó hoy su primera remodelación de Gobierno, y poco mas de un mes después de su toma de posesión, nombró a los nuevos ministros de Finanzas y Trabajo.
Tras la renuncia ayer de Mijalis Sarris como titular de Finanzas, hoy fue sustituido por el hasta ahora ministro de Trabajo, Jaris Yeoryiadis, quien a su vez ha sido relevado por la ex directora general en el ministerio de Comercio Zeta Emilianidu.
En la ceremonia de juramento, Anastasiadis dio especial bienvenida a la primera mujer que asume un ministerio en su gabinete y dirigiéndose a Yeoryiadis, manifestó su confianza en que el nuevo titular de Finanzas sabrá demostrar que estará a la altura de su predecesor Sarris, a quien describió como "una personalidad respetada de la vida política chipriota".
Sarris, quien ya había sido ministro de Finanzas desde 2005 hasta 2008, anunció ayer su dimisión con el argumento de que no quería entorpecer la labor de la comisión de jueces encargada de depurar responsabilidades en relación con la crisis chipriota.
Uno de los puntos centrales de la investigación será analizar las circunstancias que llevaron al derrumbe del Banco Popular (Laiki), cuya junta administrativa presidió Sarris durante ocho meses en 2012.
Sin embargo, Sarris llevaba ya semanas en el punto de mira de las críticas, al igual que el gobernador del banco central, Panikos Dimitriadis, por la falta de coordinación y la mala gestión durante las dos semanas de corralito y la posterior reapertura bancaria.
Sarris dejó el cargo nada más concluir ayer las negociaciones con la troika sobre el paquete de reformas que debe cumplir Chipre a cambio del rescate de 10.000 millones de euros.
Si bien muchos de los puntos del memorando ya estaban incluidos en el preacuerdo alcanzado en noviembre pasado por el Gobierno anterior, Nicosia ha conseguido sobre todo ganar tiempo en algunos puntos esenciales, como es el calendario de privatizaciones o la duración del programa de ajuste.
Chipre obtiene dos años más para aplicar el programa de ajuste fiscal, que deberá haber completado hasta 2018.
Según el Gobierno, esto evitará que las medidas tengan que ser demasiado drásticas, pues se distribuyen en cinco en lugar de en tres años.
También ha ganado dos años -hasta 2018- en el calendario de privatizaciones de empresas públicas y semipúblicas.
Otro punto fundamental para el Gobierno ha sido lograr que Chipre mantenga su soberanía en la explotación del gas y en la administración de sus recursos.
La troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) quería que las ganancias de la futura explotación de gas se utilizaran automáticamente para reducir la deuda; en el memorando final, Chipre se reserva la capacidad de decisión.
El memorando establece un periodo de amortización del préstamo de los 10.000 millones de euros de 22 años, a empezar a pagar dentro de diez, y a un interés que oscilará entre el 2,5 % y el 2,7 %.
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