El miércoles, Abelardo de la Espriella llegó ante la prensa con una emergencia nacional a cuestas y una serie de decisiones bajo creciente escrutinio. Anunció la emergencia económica, presentó las primeras medidas para la reconstrucción y, cuando terminó de hablar, se fue sin aceptar preguntas. Afuera quedaron varios asuntos sin responder, mientras el sismo se configuraba como el primer test político de su gobierno.
La polémica comenzó cuando, pese al rápido despliegue interno, Colombia decidió no recibir inicialmente brigadas extranjeras de rescate. La postura fue defendida por Javier Pava, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y funcionario heredado del gobierno de Gustavo Petro, quien sostuvo que el país ya contaba con 23 equipos USAR (búsqueda y rescate urbano) y necesitaba más bien hospitales de campaña, ayuda humanitaria y apoyo tecnológico.
La Cancillería discrepó y quiso abrir la puerta a equipos foráneos, dejando en evidencia una transición aún incompleta. De la Espriella ya había escogido al geólogo David Tamayo para reemplazar a Pava, pero el nombramiento no se había formalizado cuando ocurrió el sismo. El relevo se concretó el martes y, con Tamayo al mando, cambió también la política frente a la asistencia extranjera.
El giro, sin embargo, ha sido gradual y selectivo. Colombia comenzó a recibir apoyo de algunos países, pero los equipos USAR chilenos aún no habían sido movilizados. El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, explicó que Bogotá todavía no había activado el protocolo internacional de Naciones Unidas necesario para solicitar ese tipo de apoyo. Chile sí envió cerca de 10 toneladas de ayuda humanitaria y medicamentos hacia Pereira.
“La posición oficial pasó de ‘no queremos rescatistas’ a ‘queremos solo rescatistas de los cuatro países que sabe y que son los únicos certificados’, lo que suena un poco raro”, dijo el analista político, Yann Basset.
Tampoco se había resuelto del todo el caso mexicano. Su Presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que una brigada oficial de su Ejército seguía a la espera de una certificación adicional exigida por Colombia. Distinto fue el caso de los Topos Aztecas, un grupo voluntario mexicano que llegó por su cuenta desde Venezuela y ya trabajaba en Cali.
Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Yann Basset, el episodio combinó los efectos de una transición fallida con fricciones propias del cambio de administración. “La posición oficial pasó de ‘no queremos rescatistas’ a ‘queremos solo rescatistas de los cuatro países que sabe y que supuestamente son los únicos certificados’, lo que suena un poco raro”, afirmó a DF.
A su juicio, la secuencia generó “cierto desorden y cierto malestar” que “no fue bien atendido en términos de comunicación”.
Una agencia debilitada y una transición fallida
La dificultad para fijar una línea común sobre la ayuda exterior remitió a un problema más profundo. La UNGRD llegaba al cambio de gobierno debilitada por problemas administrativos y escándalos de corrupción, mientras la negativa de De la Espriella a realizar una transición convencional con la administración Petro redujo el margen para ordenar rápidamente la institución.
El terremoto encontró así a una institución clave en una especie de limbo, con un director que venía del gobierno anterior, un reemplazante ya escogido pero todavía sin asumir y equipos internos a la espera de los cambios de la nueva administración. La disputa por los rescatistas terminó haciendo visible esa fragilidad.
El tercer foco de cuestionamientos tiene un carácter más estructural. La emergencia mostró que la capacidad del Estado colombiano cambia drásticamente según el territorio, algo en lo que profundizaron publicaciones tanto de The Economist como de El País.
Sin embargo, el docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia, Rafael Piñeros Ayala, advierte que la diferencia entre territorios no responde solo a cuánta ayuda llegó, sino también al tipo de daño y a las capacidades previas. Cali y las ciudades del Eje Cafetero cuentan con mejor infraestructura y experiencia institucional para responder.
En tanto, en Chocó pesan la pobreza, la mala conectividad y una afectación más concentrada en viviendas e infraestructura que en personas atrapadas. Además, Piñeros subraya que, pese a la cercanía con el epicentro, allí no fue necesario sostener labores de rescate de la misma magnitud, porque se registraron pocos muertos y desaparecidos y las autoridades locales dieron por terminada relativamente pronto la búsqueda de sobrevivientes.
Costo político incierto
Basset consideró que la polémica por los rescatistas puede afectar la opinión pública, pero que el clima de unidad nacional propio de una catástrofe limita por ahora el espacio para que la oposición capitalice esos errores. También estimó que la emergencia obligará al gobierno a reordenar prioridades, de manera que debates como la capital alterna en Cali pueden perder fuerza, mientras los planes de contención del gasto deberán adaptarse a las necesidades de reconstrucción.
“Este golpe de realidad puede terminar siendo benéfico al gobierno en términos de opinión pública”, sostuvo Basset, aunque advirtió que el efecto dependerá de “cómo se atiende el desastre después del período de emergencia”.
Piñeros coincidió en que rechazar inicialmente a los rescatistas y luego revertir la decisión fue un error, pero planteó que su costo puede reducirse por la rapidez de la rectificación y por el peso creciente de otras medidas, ayudas y alivios.
Ambos convergieron en que el impacto político aún está por verse. Más que por las vacilaciones iniciales, De la Espriella será evaluado por la asistencia a los damnificados y, sobre todo, por la capacidad de sostener la reconstrucción.
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Francisca Guerrero
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