Argentina incurrió ayer en mora al no poder pagar los vencimientos de deuda bajo legislación de Estados Unidos, debido a la prohibición que formalizó el viernes el juez de Nueva York, Thomas Griesa. Desde hoy corren 29 días en los que el gobierno intentará entablar negociaciones con los fondos buitre entre la espada y la pared: el peligro inminente de default y la posibilidad cierta de que un acuerdo con los holdouts dispare nuevos juicios con tenedores de bonos reestructurados.
El jueves, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa que el gobierno había iniciado los mecanismos para pagar los vencimientos, por unos
US$ 1.000 millones, de los cuales US$ 832 millones corresponden a bonos emitidos bajo ley extranjera y US$ 539 millones tienen sede en Nueva York. Este monto quedó depositado en cuentas del Bank of New York (BONY), agente de pago del banco central.
Sin embargo, Griesa optó por prohibir el pago y obligó al BONY a devolver el dinero al pagador, a la espera de que en el próximo mes las negociaciones para encontrar una forma de pago avancen.
Bonistas exigen pago
Los bonistas reestructurados de la deuda argentina solicitaron ayer a Griesa que emita un fallo de emergencia para poder recuperar su dinero.
Se trata de tenedores de eurobonos que piden cobrar parte de los US$ 539 millones depositados por la nación en el BONY, informó la agencia Bloomberg.
Básicamente, los bonistas solicitaron al juez que “clarifique” su medida para que así ellos puedan estar exentos de ese fallo y habilitados para cobrar sus bonos, declararon fuentes a Bloomberg.
Sin disposición a negociar
En tanto, el negociador por parte de los holdouts, Jay Newman, sostuvo que el fondo NML Capital, uno de los fondos buitre que demanda a Argentina por la deuda impaga, “está listo”, pero “Argentina se niega a negociar”.
“NML ya está en la mesa, listo para hablar, pero Argentina se negó a negociar”, declaró ayer Newman, quien administra el fondo NML Capital de Paul Singer y que está encargado de las tratativas para encontrar una salida a la pelea entre los holdouts y el país.
De acuerdo a un comunicado del fondo buitre distribuido a periodistas que cubren el caso en Nueva York y que ya empezó a circular por las redes sociales, “Argentina eligió ponerse al borde de un nuevo default”. El documento agregaba que “sinceramente esperamos que reconsidere la decisión para no quedar en un callejón sin salida”.
Estas declaraciones del fondo NML se contradicen con los dichos del gobierno argentino y su voluntad de negociar con los holdouts.
“Los holdouts quieren cobrar y el gobierno quiere pagar”, interpretó la consultora Analytica. “En los próximos 30 días veremos más volatilidad pero creemos que está en la conveniencia de ambas partes evitar el default”, afirmó.
El gobierno apuesta a algún tipo de entendimiento que permita estirar las negociaciones hasta que venza la claúsula RUFO de la deuda reestructurada, que obliga a igualar cualquier oferta a aquellos que aceptaron las dos ediciones del canje.
Las interpretaciones legales son encontradas: para algunos, un arreglo en sede judicial con cosa juzgada no aplicaría como violación de la regla RUFO. Otros expertos indican que cualquier pago que no sea el de la sentencia (pago en íntegro y en efectivo) violaría esa claúsula.
OEA convoca a reunión "urgente"
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó ayer a una reunión "urgente" de cancilleres para el próximo jueves para tratar la pelea por la deuda argentina en default.
Aunque el requerimiento argentino fue aprobado por aclamación, la delegación de Estados Unidos que responde a la administración de Barack Obama dejó constancia que de haber existido una votación se habría abstenido.
Además, el gobierno de Obama pidió "no interferir" sobre las decisiones judiciales y respaldó así el accionar del juez de Nueva York, Thomas Griesa.
Antes de la votación, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su solidaridad con Argentina. Esta 28ª Reunión de Consultas de los cancilleres del hemisferio se realizará en la sede de la OEA, en Washington.
OMC resuelve contra Argentina en pugna comercial
Valor Económico, Brasil.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) decidió que Argentina violó las reglas de los acuerdos comerciales con la restricción de las importaciones, una derrota significativa para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández en una disputa que moviliza a 43 países, entre los cuales no está Brasil.
Según Valor PRO, el servicio de informaciones en tiempo real de Valor, la decisión de la OMC, aunque confidencial, ya se comunicó a Argentina y a los acusadores: la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Japón. Su anuncio oficial demorará algunas semanas.
El caso involucra la utilización de parte del gobierno argentino de las licencias de importación no automáticas, además del pre-registro y autorización previa de todas las importaciones, de una forma que viola las reglas de la OMC y aumenta los costos para las empresas, según los países que hicieron el reclamo.
En principio, los miembros de la OMC pueden requerir a los importadores que soliciten una licencia de importación, como condición previa para traer los productos del exterior. Cuando la exigencia de la licencia es automática, la transacción está garantizada. Sin embargo, Argentina comenzó a utilizar cada vez más la licencia no automática, que permite el comercio administrado, atrasos, etc.
Algunos países afectados consideran que Argentina adoptó ese procedimiento como una política propia. Socios industrializados insistieron en la OMC que el país adoptó la medida no de manera puntual, sino para todo su comercio exterior, en "respaldo a políticas de reindustrialización, de sustitución de importaciones y para eliminar el déficit de la balanza comercial".
Los países asociados alegan que, desde 2008, Argentina viene expandiendo la lista sujeta a licencia de importación no automática, demorando la entrada de computadoras portátiles, electrodomésticos, máquinas y equipamientos, autos y autopartes, químicos, textiles y vestuario, entre otros. Se quejan de que el país no respeta el procedimiento máximo de dar la licencia en el período de 60 días. Otros no reciben la señal verde para vender sus productos y tampoco explicaciones al respecto. Según la UE, se vieron afectadas exportaciones europeas por US$ 3.100 millones, a valores de 2011.
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