Por David Gelles en Nueva York.
Una campaña de lobby no convencional de empresas tecnológicas y sus adherentes echó por tierra el trabajo sobre legislaciones propuestas para combatir la piratería online que hace sólo una semana parecían ir directo a su aprobación.
Ambas cámaras suspendieron el estudio de la legislación después de una tumultosa semana que atrajo a la Casa Blanca, ejecutivos de medios de comunicación, prominentes sitios web, el Congreso y al grupo de activismo online Anonymous.
“Escuché a los críticos y yo me tomo seriamente sus preocupaciones”, dijo el presidente judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith, patrocinador de la Stop Online Piracy Act (SOPA), mientras anunciaba la suspensión del trabajo en la ley.
La retractación siguió a una iniciativa similar en el Senado, donde el líder de la mayoría, Harry Reid, postergó una votación agendada sobre la relacionada ley de propiedad intelectual, Protect IP Act, “en vista de los eventos recientes”.
El debate sobre cómo combatir la piratería online llegó al primer plano de la discusión nacional, exponiendo una división de largo tiempo entre los medios y las industrias tecnológicas. También coincidió con una redada de agencias de orden público en EEUU y Nueva Zelanda para cerrar uno de los sitios para compartir archivos más grandes, Megaupload, y arrestar a los que hacían andar.
Kim “Puntocom”, el fundador de 37 años de Megaupload, y tres empleados quedaron en prisión preventiva hasta hoy lunes por una corte en Auckland antes de que el proceso de extradición estadounidense comience. Los arrestos provocaron que Anonymous atacara los sitios web del Departamento de Justicia de EEUU y otros organismos gubernamentales, así como los sitios de empresas de medios y sus grupos industriales.
Megaupload era precisamente el tipo de sitio que la nueva legislación estaba diseñada para abordar, aunque las autoridades dijeron que el arresto no estaba relacionado con el debate.
Los productores de contenidos dicen que ellos están perdiendo miles de millones de dólares al año en sitios ilegales de descargas de archivos, localizados afuera de EEUU y que se necesitan nuevas leyes para combatir a los piratas digitales. Pero los grupos tecnológicos argumentan que la legislación propuesta habría impuesto nuevas e injustas responsabilidades y permitido la censura online.
Hace una semana la Casa Blanca dijo que no apoyaría ninguna nueva ley que pueda restringir las libertades online, señalando su apoyo a la industria tecnológica. La postura atrajo la ira del CEO de News Corp, Rupert Murdoch, quien acusó al presidente Barack Obama de complacer a los “pagadores de Silicon Valley”.
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