Tras la controversia que causó la decisión del Ejecutivo de postergar la obligatoriedad de cotizar para los trabajadores independientes, que comenzaba a regir en el 2015 (Operación Renta 2016), la atención quedó puesta sobre cómo se comportarían estos trabajadores de cara a la de este año, si decidirían cotizar o no para su pensión de forma voluntaria.
De acuerdo al registro del Servicio de Impuestos Internos (SII), este año un total de 956.795 trabajadores independientes renunciaron a realizar sus cotizaciones previsionales para pensiones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a través de la Operación Renta 2016 .
La cifra es positiva en relación con el ejercicio 2015, considerando que los trabajadores que desistieron de realizar sus cotizaciones presentó una disminución del 1,5% en relación con el año pasado, cuando 970.894 contribuyentes optaron por no efectuar cotización obligatoria.
Por su parte, el número de trabajadores independientes que decidieron realizar sus cotizaciones a través de la Operación Renta de este año aumentó un 2,2%.
Mientras, el monto de las cotizaciones pagadas por retenciones del SII subió un 3,3%, pasando de $ 12.765,4 millones en 2015 a $ 13.190,2 millones en cotizaciones en la Operación Renta 2016.
Sigue la baja cobertura
Pese a esta leve mejora en términos de cobertura del sistema previsional entre los trabajadores independientes, la cifra no deja tranquilos a los especialistas, ya que sigue siendo negativa considerando el universo de independientes que se mantiene cotizando.
Se trata de 74.780 contribuyentes los que en 2016 decidieron cotizar por el ejercicio 2015, según señalan los cálculos del SII, esto quiere decir que del universo de 1.031.000 trabajadores, los que sí cotizan sólo alcanzan un 7,3%.
En lo que respecta a la obligatoriedad de cotizar para los trabajadores independientes, esta comenzará a aplicarse a partir de la Operación Renta 2019, sobre los impuestos pagados durante 2018, si es que no se realizan nuevamente modificaciones a la normativa que había quedado establecida en la Reforma Previsional de 2008.
Hasta ahora, esta prórroga es la única ley en materia previsional que el gobierno de Michelle Bachelet ha concretado.
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