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Alto contrasteCautela
Señor Director:
En relación con las reformas regulatorias anunciadas por el gobierno, es necesario tener presente ciertos criterios para guiar el debate. La idea de reducir el plazo de invalidación de permisos de dos años a seis meses es una medida que, bajo la apariencia de agilidad, sacrifica la seguridad jurídica. No elimina la incertidumbre, sino que incentiva el uso de la acción de nulidad “de derecho público”, de contornos mucho más difusos. Además, el plazo impide que el afectado -el inversionista- haga una defensa eficaz de sus intereses. Por último, deja impune a la propia administración frente a actos viciados.
Por otra parte, la propuesta de reembolsar gastos ante la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) debe tomarse con cautela. Si bien parece fortalecer la certeza jurídica y los intereses de los inversores, evitando que el titular asuma los costos de los errores administrativos, genera el riesgo de que el Estado termine pagando por proyectos deficientes.
Solo conociendo el texto de las propuestas se podrá evaluar si la propuesta equilibra o no los intereses en juego.
William García Machmar
Socio Sarmiento Walker y García Abogados
