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Alto contrasteCorrupción entre privados
Tamara Agnic Presidenta Ejecutiva de Agnic Consultores, ex Superintendenta de Pensiones
El Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, en su diagnóstico entregado en abril pasado, señaló que más allá de la evaluación que cada uno tenga sobre la magnitud de la corrupción instalada, la reacción ciudadana resulta alentadora. En efecto, el simple hecho de que no hayamos perdido la capacidad de asombrarnos ante estos acontecimientos, da cuenta de que los chilenos no estamos dispuestos a aceptar la corrupción como un hecho característico e inevitable dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, la intolerancia debe necesariamente manifestarse en acciones concretas que cada ciudadano ponga en práctica en su día a día y no limitarse a vociferar y plasmar nuestro malestar a través de las redes sociales u otros medios de comunicación.
Tampoco es posible entregar la responsabilidad de combatir la corrupción única y exclusivamente al Estado. Las malas prácticas no son un mal que únicamente atañe a las actuaciones de los agentes públicos. Se requiere, en consecuencia, acciones específicas y concretas por parte de toda la ciudadanía y, muy especialmente, por parte del sector empresarial para frenar la corrupción entre privados, la que a la larga puede ser más dañina para el funcionamiento del orden económico que aquella que se desarrolla en el ámbito del sector público. En efecto, estas atentan contra el buen funcionamiento de las reglas de mercado. Tenemos aquí un desafío como sociedad: cerrar el espacio de acción a la corrupción en todos los ámbitos.
Acogiendo una de las recomendaciones de la Comisión Engel, en orden a impulsar las medidas necesarias para “impedir el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la corrupción en la política y en los negocios”, en junio pasado la Presidenta de la República envió al Congreso el Proyecto de Ley que “Tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del código penal”.
Lo trascendente del proyecto de ley aludido es que la corrupción entre privados resulta ser tremendamente dañina para la sana y correcta aplicación de las reglas del mercado. Es decir, termina siendo un atentado a la libre competencia con resultados tan graves como la colusión, generando desconfianza en las relaciones comerciales y efectos indeseados en el sistema económico y en el funcionamiento de los mercados, acrecentando con ello la desconfianza generalizada en nuestro sistema.
Frenar la corrupción privada, poniéndole atajo a los nocivos efectos económicos que este flagelo acarrea, no es responsabilidad exclusiva del Gobierno de turno o del sector público. Muy por el contrario, el sector privado cumple un importantísimo rol en esta materia y para ello cuenta con una poderosa herramienta, que no es otra que un “Buen Gobierno Corporativo”, fundamental para que las empresas enfrenten exitosamente las prácticas corruptas que no sólo ponen en riesgo su reputación y afectan su competitividad, sino que amenazan con socavar el prestigio que ha alcanzado nuestro país en la órbita internacional.
Un buen gobierno corporativo debe incluir políticas claras para combatir el soborno, el cohecho y la corrupción entre particulares, así como mecanismos para alertar al directorio sobre actos indebidos. Esto permitiría prevenir la comisión de lo que se espera en un corto plazo sea finalmente tipificado como delito en nuestro país, es decir, la corrupción entre privados.
Alentemos a todos quienes cumplen algún rol en la tramitación de este proyecto para que pronto pueda convertirse en ley. Sí, el mundo público está bajo fuertes cuestionamientos, pero el sector empresarial no puede desentenderse del escenario de desconfianza general al que, lamentablemente, también han contribuido con prácticas que en otras latitudes, son inaceptables bajo ningún escenario.
