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Alto contrasteDF Tax | Reintegrar para recuperar la equidad, eficiencia y competitividad tributaria
Por Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores.
Chile necesita avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, capaz de recaudar de forma sostenible, sustentado en evidencia y en una evaluación rigurosa de los incentivos económicos, y no en consignas. A casi una década de la desintegración parcial del sistema del impuesto a la renta, el diagnóstico es consistente: aumentó la tasa efectiva sobre el capital nacional, se debilitó la neutralidad tributaria y se introdujeron distorsiones que afectan negativamente la inversión y el crecimiento. Todo ello ha contribuido al estancamiento del ingreso per cápita y de los salarios reales.
Hasta 2014, el país operaba bajo un sistema plenamente integrado, en el cual el impuesto corporativo constituía un crédito total contra los impuestos finales. Desde la teoría tributaria, este diseño permite reducir la doble tributación económica y delimitar con claridad la carga efectiva entre la empresa y los dueños del capital, preservando la neutralidad del sistema y favoreciendo decisiones eficientes respecto de la reinversión o distribución de utilidades.
En la práctica, la coexistencia de un régimen integrado con tasas corporativas competitivas coincidió con un período de alto dinamismo económico. Entre 2000 y 2014, el crecimiento promedió cerca de un 4,5% anual, mientras que la inversión se mantuvo en torno al 25% del PIB, con varios años superando el 26% y creciendo a tasas cercanas al 8,6%, en contraste con el 1,7% observado en la última década. En ese contexto, la reinversión de utilidades constituyó una fuente central de financiamiento, especialmente para empresas con restricciones de acceso al crédito externo.
Este punto no es menor. Como señala Manuel Agosin, la acumulación de capital financiada mediante utilidades retenidas se prefiere frente a la deuda, ya que esta última tiene un mayor costo financiero. Además, el uso de utilidades propias contribuye a elevar la productividad y el crecimiento potencial. En consecuencia, gravarlas adicionalmente introduce un sesgo en contra de la inversión interna y puede incluso contraer la base imponible en el largo plazo, aunque en el corto plazo aumente la recaudación.
Sin embargo, a partir de 2014, el sistema tributario experimenta cambios simultáneos en dos dimensiones clave -base y tasa- que refuerzan un mismo efecto. Por una parte, la semiintegración reduce el crédito del impuesto corporativo, reintroduciendo la doble tributación económica y estableciendo, en la práctica, un “peaje” al crecimiento de las empresas. Por otra, la tasa del impuesto de primera categoría aumenta desde niveles cercanos al 20% hasta el 27%, en contrasentido con la tendencia internacional, donde las tasas han disminuido desde promedios cercanos al 30% hasta aproximadamente un 24% en la OCDE.
En conjunto, estas modificaciones elevan la tasa marginal efectiva sobre el capital local -en particular sobre las utilidades distribuidas- hasta niveles que pueden alcanzar una carga efectiva combinada de 44,45% (considerando impuesto corporativo e impuesto a los dividendos). Este nivel supera el promedio de la OCDE y se sitúa por encima de países reconocidos por su competitividad tributaria, como Estonia (22%) y Nueva Zelanda (39%).
Esta combinación dista de ser neutral desde la perspectiva de la economía real. Un aumento en la tasa marginal efectiva del capital eleva el costo de inversión, reduce el retorno después de impuestos y afecta las decisiones empresariales en el margen, ya sea postergando proyectos o trasladando capital hacia jurisdicciones con estructuras tributarias más eficientes. A ello se suma un elemento particularmente relevante: el contraste con la carga máxima de 35% para inversionistas extranjeros introduce un sesgo en el tratamiento del capital local. Se configura así una paradoja: un inversionista nacional puede resultar más competitivo si establece su matriz fuera del país e invierte desde el exterior en su propio mercado.
Los resultados agregados son coherentes con este deterioro de incentivos. El crecimiento tendencial ha convergido hacia cifras cercanas al 2% anual, mientras que la inversión ha perdido dinamismo y estabilidad en comparación con el período previo. Si bien factores externos también han influido, el cambio en la estructura tributaria actúa en la misma dirección, encareciendo estructuralmente el costo del capital.
La evidencia internacional refuerza esta conclusión. La literatura empírica coincide en que factores institucionales, regulatorios y macroeconómicos son determinantes fundamentales de la inversión. Sin embargo, una vez satisfechas estas condiciones, la tributación corporativa adquiere un rol decisivo en el margen. En particular, el impuesto a la renta empresarial se reconoce sistemáticamente como uno de los tributos más distorsionadores, dado que grava una base altamente móvil y reduce directamente la rentabilidad esperada del capital. En economías comparables, incluso diferencias relativamente acotadas en las tasas efectivas pueden inducir reasignaciones significativas de inversión internacional.
En el caso de las Pymes, el impacto es aún más significativo. De las 114.000 empresas adscritas al régimen de grandes empresas, aproximadamente 98.000 corresponden a Pymes según su nivel de ventas. A su vez, aquellas que tienen la opción de elegir entre regímenes -como el 100% integrado (art. 14 D N°3) y el de renta atribuida (art. 14 D N°8)- optan mayoritariamente por esquemas que favorecen la reinversión: a diciembre de 2023, un 73% de las pymes se encontraba en el régimen integrado.
En contraste, las Pymes que quedan capturadas en el régimen semiintegrado sin posibilidad de elección enfrentan una situación más crítica. La pérdida del 35% del crédito del impuesto de primera categoría implica, en los hechos, una carga efectiva adicional -equivalente aproximadamente a un “flat tax” de 9,45%- que resulta regresiva para un sector con mayores restricciones financieras. En este contexto, una mayor carga sobre las utilidades retenidas se traduce directamente en una menor capacidad de reinversión.
Por consiguiente, la reintegración del sistema tributario no responde a una preferencia ideológica, sino a la necesidad de corregir un diseño que ha demostrado ser menos eficiente y equitativo. Un sistema completamente integrado reduce la doble tributación, mejora la neutralidad y alinea de mejor manera la tributación con la capacidad contributiva efectiva. Además, si se inserta en un esquema que privilegie la simplicidad y eficiencia, puede fortalecer el crecimiento sin sacrificar recaudación en el largo plazo.
No se trata de un beneficio para las rentas más altas. Por el contrario, favorece de manera significativa a las Pymes que hoy operan bajo un sistema que desincentiva su crecimiento y limita su capacidad de reinversión.
Persistir en el esquema actual implica aceptar un ciclo de menor inversión, menor crecimiento potencial y, en definitiva, una base tributaria más débil en el tiempo. Reintegrar no es retroceder; es corregir el rumbo para volver a crecer.
