En vez de prohibir las parcelaciones, regulemos

Camilo Lledó

Durante los últimos días la opinión pública ha sometido a debate el decreto del Ministerio de Agricultura dirigido al Servicio Agrícola Ganadero, que instruyó suspender los procesos de subdivisión de predios rurales en caso de que se constate su destino habitacional, prohibiendo con esto una práctica aceptada por varias décadas, que permitió a miles de personas acceder a vivir fuera de las ciudades, desconcentrando la propiedad rural en Chile.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, comentó en un medio online que “con esto se busca preservar el suelo rural para fines agrícolas y evitar los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial”.

“No resulta pertinente que el Gobierno se excuse en lo que en realidad constituye una falta del propio Estado en regular las posibilidades de uso del territorio”.

Es llamativo que se utilice como pretexto para prohibir las parcelaciones la supuesta necesidad de preservar el suelo rural para fines agrícolas, ganaderos y forestales. En el país, el suelo rural concentra más del 80% del territorio. Obviamente, no es viable que todo este espacio sea utilizado para dichos fines, lo que significa limitar en exceso la capacidad de la ciudadanía para habitar su propio territorio.

También sorprende que el ministro se funde en evitar la generación de proyectos al margen de la planificación territorial. Precisamente, este problema se ha producido por la falta de planificación sobre gran parte del territorio, que simplemente queda inmovilizado con la normativa que lo declara sector rural. No resulta pertinente que el Gobierno se excuse en lo que en realidad constituye una falta del propio Estado en regular las posibilidades de uso del territorio.

Lo que corresponde, en vez de prohibir, es regular con urgencia y claridad la materia.

Se requiere una intervención activa de los organismos competentes para determinar sectores en los que sí podrán desarrollarse subdivisiones para permitir la habitabilidad del suelo rural, priorizando lugares que tradicionalmente han tenido una utilización turística o vacacional, no utilizados intensivamente para fines productivos, y en los que la habitabilidad sea compatible con la naturaleza.

Es necesario establecer la concentración de viviendas que se permitirá en estos espacios, para evitar que se generen nuevos núcleos urbanos. También deberían establecerse con claridad las condiciones de infraestructura y equipamiento que deberán desarrollar los ejecutores y los propietarios, para evitar el colapso de la infraestructura y servicios de zonas urbanas aledañas. Y, sobre todo, se requiere determinar las condiciones medioambientales, para evitar que se produzca un menoscabo al medio ambiente y a la biodiversidad.

Las autoridades tienen una oportunidad para salir airosas resolviendo un problema que se arrastra durante décadas, sin con ello restringir innecesariamente las posibilidades de habitación y aprovechamiento del territorio por parte de la ciudadanía.