VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Fernanda García
Es necesario subrayar que el retiro de los decretos ambientales de Contraloría no ha ocurrido porque el Gobierno crea que el progreso pueda ocurrir a costa del patrimonio ambiental. El desarrollo sustentable forma parte del consenso jurídico y político democrático, no hay aquí una disputa en ese plano. Lo que el Gobierno ha buscado no es desmantelar la protección ambiental, sino algo mucho más elemental: revisar y eventualmente corregir decisiones adoptadas bajo una lógica que bajo la administración anterior no respondió siempre al equilibrio ambiental que se dijo defender.
Lejos de ser sospechosa, la acción del Gobierno es particularmente razonable, porque la orientación de la administración pasada difiere de manera sustantiva de la que comienza. Y la diferencia no radica en la convicción sobre la necesidad de un desarrollo sustentable, sino en cómo se entiende y se implementa esa sustentabilidad. Durante los últimos años, se fue consolidando una práctica preocupante: la instrumentalización de herramientas legítimas, como la evaluación ambiental o los mecanismos de consulta comunitaria, para fines que excedían sus propósitos originales. Bajo el pretexto de proteger el medio ambiente (o el patrimonio cultural), estas herramientas comenzaron a operar, como dispositivos de bloqueo sistemático a proyectos de inversión, configurando una agenda de decrecimiento velada. El uso distorsionado que llegó en algunos casos a la caricatura (recuérdese que el “cloro asesinaba a la funga”), no solo tensionó innecesariamente la relación entre desarrollo y medio ambiente, sino que terminó instalando un falso dilema: o crecimiento o naturaleza. Como si toda expansión económica fuera, por definición, depredadora. Como si la única forma de proteger el entorno fuera paralizar la actividad productiva. Ese y no otro, es el verdadero error que hoy se busca corregir.
“Lo que se busca hoy es volver a un marco en que el cuidado del patrimonio natural no sea la coartada para imponer, por la vía administrativa, un modelo económico de corte anticapitalista que la ciudadanía ya rechazó con claridad”.
Hoy, se busca restituir el verdadero sentido de la protección ambiental. Volver a un marco en que el cuidado del patrimonio natural no sea la coartada para imponer, por la vía administrativa, un modelo económico de corte anticapitalista que la ciudadanía ya rechazó con claridad, entre otros momentos, en el primer proceso constitucional. Por lo mismo, es clave evitar algunos deslices comunicacionales que comienzan a insinuarse: adoptar, incluso de manera reactiva, el lenguaje y las categorías de quienes promovieron el falso dilema. La referencia a “arbolitos” o a “ranitas ajenas a políticas de Estado” distraen del mensaje verdadero y potente, y se acercan a la caricatura que intenta dibujar el adversario político. No se debe conceder que exista aquí una tensión estructural entre crecimiento y medio ambiente porque no la hay ni se cree que la haya.
Lo que sí existe —y debe ser dicho con claridad— es una disputa entre dos formas de concebir la política pública: una que busca compatibilizar desarrollo y protección ambiental, y otra que utiliza esta última como herramienta para frenar el crecimiento y torcer la voluntad ciudadana. Porque defender el medio ambiente no es incompatible con creer en el crecimiento. Lo que sí es incompatible es instrumentalizarlo para impedirlo.
