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Alto contrasteDebate fiscal del plan de reactivación
Uno de los mayores riesgos fiscales que enfrenta el país no es solo el nivel de deuda o déficit, sino la persistencia de un crecimiento potencial en torno a 2%, insuficiente para cubrir las demandas ciudadanas en educación, salud o pensiones, y distante del nivel de desarrollo que Chile requiere para sostener avances en bienestar consistentes en el tiempo. En ese marco, las medidas procrecimiento contenidas en el plan de reconstrucción presentado por el Gobierno, orientadas a agilizar la inversión, reducir trabas regulatorias y otorgar mayor certeza jurídica, acompañadas de una rebaja del impuesto corporativo, apuntan en la dirección de elevar el PIB tendencial desde niveles cercanos de 2% hacia 3% en el mediano plazo, con miras a aproximarse a tasas de 4% en el largo plazo.
El análisis debiera centrarse en la relación entre costos fiscales y la capacidad de generar crecimiento.
En lo sustantivo, se trata de planteamientos que ya han sido recogidos en diversas comisiones transversales en los últimos años, con consensos amplios sobre la necesidad de reducir barreras a la inversión, simplificar el sistema tributario y fortalecer la certeza regulatoria. Desde esa perspectiva, el mayor desafío de la tramitación legislativa no está en el qué hacer, sino en alcanzar acuerdos políticos y técnicos sobre el financiamiento que permita implementar estas medidas.
El informe financiero que acompaña a la iniciativa reconoce que, en los primeros años de ejecución, el plan tendría un impacto fiscal negativo, con un escenario en que el balance se mantiene deficitario hasta inicios de la próxima década, para revertirse en 2035, cuando los efectos del dinamismo económico comenzarían a reflejarse en los ingresos fiscales.
En el debate que se ha abierto antes y después de conocerse el proyecto, es interesante contrastar este diseño con experiencias recientes. La exigencia de que toda iniciativa esté plenamente compensada desde el primer año no ha sido el estándar en reformas anteriores. Tanto en el proyecto de cumplimiento tributario de la administración Boric, como en la reforma de 2014, se incorporaron proyecciones de recaudación sobre las que se advirtió que estaban sobreestimadas –como ocurrió-, sin que ello impidiera la asignación de recursos no disponibles a compromisos permanentes. Esto pone en perspectiva la consistencia con que se evalúan las distintas iniciativas.
El análisis no debiera centrarse solo en el origen del financiamiento, sino en la relación entre costos fiscales y la capacidad de generar crecimiento. No todas las medidas del plan tienen el mismo impacto. Aquellas orientadas a reducir la permisología, acortar plazos y otorgar mayor certeza jurídica aparecen como las de mayor retorno potencial sobre la inversión. Asimismo, la rebaja del impuesto corporativo, que implica un menor ingreso inicial, incide en el costo de capital y en la competitividad del país. En contraste, instrumentos como el crédito al empleo, aun cuando cumplen un rol en formalización y apoyo al mercado laboral, presentan un impacto más acotado en términos de crecimiento estructural. Tal diferenciación es relevante al momento de la discusión legislativa, en particular si se requieren ajustes o mitigaciones. Y a ello se suma el recorte de permanente de gasto de US$ 2.000 millones que ya alcanzó el gobierno, según Dipres, lo que permitiría cubrir el costo del primer y segundo año del plan y gran parte del tercero.
El proyecto es una apuesta de largo plazo que requiere disciplina fiscal; el desafío en su tramitación será sostener ese diseño sin diluir sus objetivos en la negociación política.
