Condiciones para la descarbonización en Chile
En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció el envío de un proyecto de ley de descarbonización acelerada. La iniciativa, que sería presentada durante el segundo semestre, fue valorada, aunque recibida con cautela por gremios y expertos, quienes han puesto el acento en que junto con la voluntad de avanzar más rápido es necesario asegurar condiciones habilitantes, tanto regulatorias como de infraestructura material, para cerrar brechas que hoy ralentizan la inversión y limitan la ejecución de proyectos.
La propuesta del Ejecutivo apunta a adelantar a 2035 la meta inicialmente comprometida por el Presidente Sebastián Piñera de contar con una matriz sin carbón en 2040. De acuerdo con los detalles entregados a DF por el ministro de Energía, Diego Pardow, el Gobierno buscará reducir en cerca de tres años la tramitación de proyectos de inversión para terminar con las termoeléctricas a carbón, además de establecer una nueva relación con las comunidades que reciben estas iniciativas. En este contexto, un comité interministerial, liderado por Energía, resolvería qué proyectos serían priorizados, sobre la base de criterios técnicos.
Estas condiciones dan cuenta, así, de un mejoramiento en la agilidad de los trámites y la obtención de los permisos relacionados con el desarrollo de infraestructura de generación, almacenamiento y conversión. Se trata de un anuncio positivo, que responde a los cerca de cuatro años que se ha debatido el tema.
No obstante, en una segunda dimensión debe considerarse que más allá de los eventuales avances en el proyecto sobre permisos, es un hecho relativamente claro que el retiro adelantado de centrales a carbón puede materializarse antes de 2040, pues en la actualidad solo representan el 16% de la matriz de generación eléctrica, en términos anuales. Sin embargo, para su retiro efectivo es clave la velocidad con que se desarrollen proyectos de energía, de almacenamiento y, particularmente, de transmisión.
Una condición esencial para ello es contar con menos ruido regulatorio, cerrando discusiones que permanecen empantanadas -como el proyecto de subsidio eléctrico, que acumula cerca de un año de debate- y que no se enfocan en temas prioritarios para la industria.
Un segundo aspecto es abordar con decisión temas sectoriales de fondo, como la instalación masiva de sistemas de almacenamiento y qué diseños pueden evaluarse para que los segmentos de transmisión y de distribución cuenten con infraestructura y capacidad de respuesta frente a la nueva forma de generar energía eléctrica. En tanto que un tercer eje son temas riesgo país que impactan en el financiamiento de los proyectos, en el costo de los créditos y en los precios de las tarifas eléctricas.
El anuncio del Gobierno representa, así, un avance relevante, pero su impacto dependerá de cómo se implemente también un conjunto de otras condiciones habilitantes. Acelerar la descarbonización exige resolver nudos regulatorios, fortalecer la infraestructura crítica y reducir la incertidumbre que afecta la inversión.