Deterioro de la deuda fiscal
La deuda neta del gobierno central alcanzó su nivel más alto en 35 años, al ubicarse en 26,6% del PIB en 2025, de acuerdo con cifras publicadas por la Dipres, lo que sumado a la deuda bruta de 41,5% del Producto registrada el año pasado, consolida un cuadro de sostenido deterioro de la posición fiscal del país. Tal desempeño confirma la estrechez de las cuentas públicas que viene advirtiendo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y que se ha vuelto más exigente en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, el alza de los precios de la energía y las mayores presiones sobre el gasto. A ello se agrega, según ha advertido esta semana el FMI, que los gobiernos están enfrentando, a nivel global, cifras de déficit y deuda superiores a las de años previos, lo que reduce su capacidad de respuesta frente a shocks externos.
Hace una década, Chile exhibía una posición acreedora neta, muy distante de la erosión actual.
En este contexto, la deuda neta del aparato estatal creció 0,6 punto porcentual al cierre de 2025, respecto de diciembre de 2024, llegando a su mayor nivel desde 1990. Este indicador revela con mayor precisión la posición fiscal efectiva del país, ya que es el resultado de las acreencias brutas del gobierno central, descontando los activos del Fisco, incluyendo reservas y fondos soberanos. Su alza no solo refleja un mayor nivel de obligaciones, sino también una disminución de los ahorros acumulados en los años previos y, por tanto, de las holguras para absorber shocks, financiar déficits transitorios o sostener políticas públicas sin recurrir a más endeudamiento. Su deterioro se evidencia en que hace una década Chile exhibía una posición acreedora neta, con activos superiores a su deuda, situación que comenzó a revertirse en 2016 y que se ha profundizado desde ese año. Esto ha ido de la mano del incremento de la deuda bruta, que según las estimaciones del CFA podría llegar a 43,4% del PIB hacia 2030, muy cerca de su nivel prudente, de no mediar correcciones.
El deterioro fiscal interno coincide, además, con un entorno externo más riesgoso. La guerra en Medio Oriente se ha traducido en más presión sobre los combustibles, la inflación y las tasas, justo cuando el FMI ha advertido que los gobiernos llegan a este episodio con una situación fiscal deteriorada que hace necesario que actúen con disciplina, focalicen apoyos, eviten medidas generales costosas y no se desalineen de la política monetaria. Se trata de una receta que, de alguna manera, el actual gobierno ha comenzado a practicar, a través de medidas como el sinceramiento del precio de los combustibles y los apoyos para contener sus efectos en sectores más vulnerables.
Junto con reconocer la estrechez de la cuentas públicas, la actual administración ha comprometido un ajuste fiscal de US$ 4.000 millones este año, sin embargo aún restan por conocerse señales clave respecto de la materialización de estos compromisos y cómo los llevará adelante, en particular sobre la meta de balance estructural, la mantención o revisión del ancla prudencial de 45% del PIB y la trayectoria de deuda asociada a las metas, todo lo cual deberá reflejarse en el Decreto de Política Fiscal, que debe dictarse dentro de los primeros 90 días de gobierno. Serán datos clave para evaluar la viabilidad de la trayectoria fiscal proyectada.
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