Antes de asignar un peso adicional a Salud, Vivienda o Seguridad, Jorge Quiroz deberá encontrar cerca de $ 1,25 billones. Esa es la diferencia que dejó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) entre el gasto comprometido para 2027 y el monto que permitiría cumplir la meta fiscal.
El ministro de Hacienda impuso públicamente el marco: “Queremos que el gasto crezca entre 0% y 1% en el próximo presupuesto, no más”. Pero ese 1% no es una bolsa disponible. Con buena parte de los recursos comprometidos, construir el Presupuesto exigirá primero recortar y reasignar para luego financiar prioridades.
La operación será también política. Ministros que aspiran a quedar entre los favorecidos exponen sus peticiones en los medios, mientras el oficialismo demanda respuestas frente al desempleo. El primer presupuesto elaborado por la administración de José Antonio Kast medirá la capacidad técnica de Hacienda y su autoridad sobre el gabinete.
El 1% que todavía no existe
La elaboración comienza por estimar los ingresos estructurales, descontando los vaivenes transitorios de la economía y del cobre. Para ello son determinantes los cálculos de los comités de expertos sobre el PIB no minero tendencial y el precio de referencia del metal. Este viernes se conocieron las cifras de 2027: los expertos calcularon un PIB de 2,6% y para el cobre un valor de US$ 5,37 por libra. Al aplicar la meta de déficit estructural -1,8% del PIB para 2027- se obtiene el techo para el gasto que se empleará en el erario de 2027.
Dipres deberá enfrentar ese límite con el costo de continuidad de las leyes, contratos y políticas vigentes. Solo entonces aparece un espacio efectivo para nuevas medidas.
El último Informe de Finanzas Públicas (IFP) ya mostraba la estrechez. El gasto comprometido para 2027 llega a $ 87,526 billones, en moneda de 2026, y crece 0,7% real. Pero el compatible con la meta fiscal alcanza a $ 86,280 billones. La holgura es negativa en $ 1,246 billones, equivalentes a US$ 1.425 millones y 0,3% del PIB. Frente al gasto proyectado para 2026, supone una caída real cercana a 0,8%.
Alejandro Fernández, economista de Gemines, estima que, con esa información, el gasto debería variar entre -1% y 0%. Llegar al rango anunciado dependerá en parte de los nuevos parámetros. El precio de referencia del cobre utilizado para 2026 fue US$ 4,38 la libra y Fernández señala que el alza de casi un dólar en el precio del metal aportará entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones de espacio fiscal. No es caja extraordinaria para gastar libremente, sino una mayor estimación de ingresos de largo plazo.
Convertir el ajuste en permanente
La primera decisión será definir la base contra la cual se medirá el 0% - 1%. Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y directora del Centro de Políticas Públicas de la USS, advierte que no es lo mismo compararlo con la ley original de 2026, la ley vigente después de sus modificaciones o la ejecución estimada al cierre del año.
La distinción es importante porque el gobierno ya aplicó contención. A julio, el gasto presupuestario acumulaba un alza real de 0,7%. Sin embargo, el corriente crecía 3%, mientras el de capital caía 14,2% y la inversión, 23,5%. Una menor ejecución puede cuadrar el año sin producir un ahorro permanente.
“Si durante 2026 se redujeron gastos, se revisaron programas o se generaron eficiencias, es importante que esas reducciones no sean solamente transitorias”, sostiene Torres. Para consolidarlas, Hacienda deberá rebajar bases, reformular programas, eliminar duplicidades o modificar normas y contratos.
La rigidez está cuantificada. El estudio Radiografía del gasto fiscal en Chile 1990-2025, de Sebastián Izquierdo, Jorge Rodríguez y Joaquín Álvarez, del CEP, calcula que el 83% del Presupuesto 2026 está determinado por leyes permanentes, frente a un promedio de 66,6% entre 2013 y 2018. Además, solo entre 47% y 50% del gasto es monitoreado por Dipres.
Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Obras Públicas concentran cerca del 80% del gasto. En Trabajo y Educación, más del 90% está fijado por leyes permanentes. Ni siquiera el 17% restante está enteramente disponible: también contiene contratos, funcionamiento básico e inversión comprometida.
El camino combina revisión de programas mal evaluados, control de remuneraciones y gasto administrativo, compras y arriendos, postergaciones y reasignaciones. Los recortes horizontales son rápidos, pero ignoran la calidad de cada programa. Si Salud, Vivienda o Seguridad crecen sobre el promedio, otras partidas deberán caer.
“Es bien difícil que los presupuestos de Vivienda, Educación y Salud se ajusten a niveles cercanos a 0% o 1%. El punto es a qué ministerio le va a restar para llegar a ese promedio y cuadrar las cuentas fiscales. No lo tiene fácil”, afirma el economista Patricio Rojas.
La inversión como fusible y el rol del sector privado
La inversión suele ser la salida: es políticamente más sencillo aplazar una obra que reducir una pensión o una prestación como lo hizo al final el gobierno de Gabriel Boric. Pero repetirlo chocaría con la promesa de reactivar una economía que en julio registró una caída del Imacec de 1,5% anual y una desocupación de 9,5%, con 981 mil personas buscando empleo.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, sostiene que la disciplina fiscal es una condición para crecer y que el motor de la recuperación debe ser privado. Pero plantea resguardar la inversión pública, especialmente infraestructura y concesiones capaces de movilizar capital y empleo. “El sector privado no solo está en condiciones de ser el motor de la recuperación, tiene que serlo”, señala Jiménez.
Ángel Cabrera propone una postura más expansiva. “Un presupuesto restrictivo en el contexto de una economía estancada intensifica los problemas”, afirma. Los mayores ingresos del cobre, dice, dan alguna holgura y los proyectos con alta rentabilidad social podrían financiarse incluso con cierto endeudamiento. Teme que el ajuste vuelva a concentrarse en inversión, porque el gasto corriente es más difícil de reducir.
Javier Macaya, senador y presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, introduce un límite: “Con 9,5% de desempleo, el Presupuesto no puede ser indiferente al empleo. Pero tampoco podemos cometer el error de creer que el empleo se recupera simplemente aumentando el gasto público”. Propone incentivos transitorios a la contratación formal de jóvenes y mujeres y acelerar proyectos ya aprobados.
Ordenar al gabinete
La cirugía deberá comenzar dentro del gobierno y Quiroz deberá demostrar que ha aprendido a escuchar al comité políticos del Gabinete. Sobre todo, cuando la ministra de Salud, May Chomalí, adelantó que trabaja para aumentar entre 4% y 5% los recursos de su cartera, mientras Iván Poduje en Vivienda está pidiendo un 23,9% de aumento para su cartera y otras áreas reclaman prioridad como seguridad.
Mario Marcel, exministro de Hacienda, aseguró en Radio Infinita esta semana que “es bien inédito que haya ministros sectoriales que estén informando de sus peticiones presupuestarias por la prensa”.
Este episodio se suma al costo político de decisiones que ha tomado Quiroz y por los que la oposición lo ha cuestionado como el alza de los combustibles de marzo, que afectó las expectativas de consumidores y empresariales, y el requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la reposición gratuita de servicios básicos en catástrofes. Integrantes del gabinete dijeron haberse enterado por la prensa de la presentación realizada por Quiroz, que el TC rechazó por nueve votos contra uno. El caso reveló el riesgo de separar la racionalidad económica de la coordinación política, señalan los expertos.
En el Congreso, Macaya anticipa el criterio que aplicará la Mixta: “El Presupuesto no puede ser la suma de las aspiraciones de cada cartera. Vamos a preguntar no solo cuánto quieren gastar, sino qué hicieron con los recursos que ya recibieron”. Antes de conocer las partidas, apunta a programas mal evaluados, baja ejecución, duplicidades y gasto administrativo que no llega a las personas.
Quiroz deberá llegar al 30 de septiembre con esa discusión resuelta. El proyecto mostrará qué parte del ajuste se volvió permanente, cuánto alivio aportaron los nuevos parámetros, qué inversión logró proteger y quién financió las prioridades. El 1% es el techo anunciado; la definición política será cómo repartir su costo. 
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