Un amplio consenso tiene el proyecto de ley de transferencia detecnología y conocimiento que ingresó el Ejecutivo en abril a la Cámara de Diputados, el que ya fue aprobado en general en la Comisión Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en su primer trámite.
En lo grueso, la propuesta busca promover la investigación y la creación de empresas de Base Científica Tecnológica (EBCT) en las Instituciones de Educación Superior (IES) y plantea establecer un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica.
Al respecto, el socio de Carey Abogados y especialista en propiedad intelectual y tecnologías de la información, Guillermo Carey, señaló que el proyecto de ley permitirá “cambiar nuestra matriz extractivista a una basada en la innovación y el desarrollo”.
“Levantar las restricciones a la propiedad permitirá incentivar la creación de empresas de base científico tecnológicas en las instituciones de educación superior”
Argumentó que al fomentar la investigación en las universidades y levantar las restricciones que dificultan la creación de empresas spin off en la academia, permitirá avanzar en la “aspiración de los diferentes sectores políticos de dejar de ser un país que sustenta su matriz económica en la explotación de recursos naturales y pasar a una economía más sustentada en bienes con valor agregado”.
Carey, quien fue reconocido como abogado latinoamericano del año por Managing IP (2024) -que organiza Management IP un servicio internacional de análisis de temas de propiedad intelectual-, señaló que la propuesta aborda una serie de temas regulatorios necesarios para avanzar en la transferencia tecnológica de las investigaciones al mercado, como los límites a la participación y propiedad de las empresas spin off que surgen bajo el alero de las IES.
Sin embargo, dijo que existen diversos “problemas culturales” que complejizan realizar ciencia aplicada y crear EBCT en la academia, porque los investigadores no tienen interés en formar parte o relacionarse con el mundo empresarial; además de factores estructurales asociados al tamaño de mercado, el riesgo país o el capital humano, entre otros.
Carey comentó que el Gobierno ha sido “pragmático en dar cuenta de que esto es un tema de Estado”, y capaz de “concentrarse en lo más relevante, que es llevar la transferencia de tecnología de las IES hacia las empresas” y que se activen los ecosistemas de Innovación y Desarrollo (I+D). “Pero para que una futura ley tenga efectos, tiene que interactuar muy de la mano el mundo privado con el público, civil y las universidades”, afirmó.
Ciencia abierta
Uno de los ejes del proyecto de ley es la creación del Repositorio Nacional de de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica, a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el que permitirá que el Estado, universidades y privados accedan a las investigaciones e información científica financiadas -parcial o totalmente- con fondos públicos.
Carey valoró este modelo de “ciencia abierta”, y dijo que la posibilidad de contar con un repositorio de datos abiertos, permitiría que la aplicación de las nuevas tecnologías “genere mejores resultados” y que exista una mayor capacidad de generar transferencia tecnológica.
“En el pasado, estos temas se intentaban resolver por licencias no exclusivas del Estado por sobre aquellas tecnologías que habían sido financiadas con fondos públicos o titularidades de la patente, etcétera, pero el Estado no tenía la capacidad de administrar esos portafolios de muchas tecnologías, y, por lo tanto, terminaban quedando como en letra muerta”, comentó.
También afirmó que este modelo permite a los investigadores proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial, al tener la capacidad de informar (o no) a la ANID, si quieren que los resultados sean publicados en el repositorio, o si el conocimiento es de uso exclusivo o “secreto”.
“Este sistema lo que hace es que si tú usas, explotas o creas una EBCT y generas activos intangibles, vas a estar generando empresas, trabajo, innovación y desarrollo. Por lo tanto, vas a poder apropiarte de esos resultados y generar el impacto positivo, que es este cambio de la matriz de recursos naturales a la generación de empresas”, explicó.
Incentivos
Según Carey, uno de los principales problemas para transferir tecnología de la academia al mercado, son las restricciones y limitaciones de propiedad que tienen las IES para crear empresas, lo que desincentiva el interés de los académicos por formarlas.
“En las universidades estatales los investigadores son o se asemejan a funcionarios públicos. Por lo tanto, no pueden tener más de un 10% de participación de una spin off, y esas empresas no pueden contratar con la universidad por montos superiores a 200 UTM (unos $ 13 millones). Esto se cambia con la ley y se sustrae ese problema basal”, explicó.
Para el abogado, levantar estas restricciones incentivará el interés de más académicos por formar EBCT. “Mientras más facilitemos la cancha a aquellos que sí se atreven, otros los van a querer seguir”.
También señaló que esto podría tener un “efecto importante” en los inversionistas de fondos de capital de riesgo, quienes verán que “los lomos de toro” para financiar estas empresas “empiezan a desaparecer”.
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