Un triunfo se anotó el Gobierno en esta jornada en el Tribunal Constitucional (TC).
Esto debido a que el pleno de la entidad informó que ha resuelto no acoger a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de 42 diputados del oficialismo, respecto a cinco artículos del proyecto de ley de permisos sectoriales, aprobado hace unas semanas por el Congreso.
La resolución fue adoptada en votación dividida con el voto de los ministros María Pía Silva, Miguel Fernández, Raúl Mera, Héctor Mery y Marcela Peredo. En tanto, a favor de acoger el requerimiento se manifestaron la presidenta del organismo, Daniela Marzi, y las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht.
Cabe señalar que parlamentarios del Frente Amplio, PC, PS y PPD, sostenían que los cinco artículos impugnados “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Incluso, señalaban que irían en contra de garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de Consulta Indígena de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nicolás Grau, ministro de Economía. Daniel Melo, diputado del Partido Socialista.
Sin embargo, ante el TC el Gobierno defendió el trámite legislativo y el fondo de la normativa, señalando que la cuestión de constitucionalidad no se suscitó durante la tramitación del proyecto de ley y que ningún diputado presentó reservas de constitucionalidad al respecto.
Plantearon que el requerimiento de los diputados no formula “una cuestión de constitucionalidad” y que “en lugar de alegar la inconstitucionalidad del proyecto de ley, los requirentes manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado por el Congreso”.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que “creemos que es una buena noticia para el país lo que ha informado el TC. Este es un proyecto que es muy importante y nos va a permitir reducir los tiempos de evaluación sectorial entre un 30% y 70%, sin afectar el estándar regulatorio y mucho menos el estándar ambiental que no es tocado por este proyecto de ley”.
Mientras que el diputado requirente ante el TC, Daniel Melo (PS), sostuvo que “respetamos la decisión del tribunal, pero no la compartimos. Hoy se ha validado una ley que debilita la protección ambiental en medio de una crisis climática que pone en riesgo la salud de las personas, no se puede hablar de desarrollo a cualquier precio”.
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