En exactamente 11 semanas, el domingo 25 de octubre próximo, Chile debería celebrar el plebiscito. Por primera vez en el mundo se le preguntará a la ciudadanía si quiere cambiar su Constitución y el mecanismo para reemplazarla, ha explicado Patricio Santamaría, del SERVEL.
Pero luego de una crisis social y política del 18-O y todavía en medio de la pandemia que recién permite un tímido desconfinamiento en algunas comunas –con una crisis que hizo retroceder la economía un 12,4% en junio–, no se advierten aires electorales fuera de los restringidos círculos de toma de decisiones.
El calendario avanza y parece urgente que las autoridades de todos los sectores se aboquen en lo inmediato a revertir el clima de escepticismo sobre la conveniencia de ir a votar por temor a los contagios, de querer evitarse una participación demasiado por debajo del 50% aproximado de la última presidencial.
Las condiciones, claro, están lejos de ser las ideales.
Un reciente documento del PNUD publicado esta semana alerta sobre este asunto: “Tomar medidas efectivas y comunicarlas ampliamente será central para asegurar una amplia participación”. Se refiere, a su vez, a un punto crucial: no resulta recomendable que países que no cuentan con el uso de mecanismos alternativos al presencial –como el voto por correo o el voto anticipado– los implementen por primera vez en el contexto de la pandemia.
Protocolo sanitario
En Chile, al menos hasta ahora parece descartado el uso de estos mecanismos alternativos al menos con miras al 25 de octubre, aunque a ciertos sectores les parezca inexplicable que no se hayan buscado antes determinadas soluciones. El SERVEL ha señalado, a su vez, la alta complejidad de la implementación de la votación electrónica, que a Brasil le tomó unos 20 años, según ha explicado Santamaría.
Levantar un mecanismo de sufragio domiciliario para grupos de riesgo tampoco parece una opción, dada que la reciente experiencia internacional indica que finalmente la gente lo utiliza poco, incluso en medio de la pandemia del Covid-19. Es decir, la votación en el plebiscito chileno aparentemente terminaría siendo siempre presencial y las medidas de seguridad estarían enfocadas en ampliar la jornada de votación, aumentar el número de locales, la utilización de recintos con espacio para separar las mesas, entre otras medidas, como la eliminación de las cortinas de las cámaras secretas, el uso de un lápiz personal y horarios diferenciados para grupos de riesgo. Ampliar las facultades del SERVEL parece el único camino para no seguir perdiendo tiempo.
Pero aunque esta semana el Ministerio de Salud aprobó el protocolo sanitario para el plebiscito propuesto por el SERVEL, son varios los asuntos pendientes. No solo aspectos que deben resolverse con anterioridad –como la forma en que votarán los contagiados, que tienen derecho a sufragar–, sino los cientos de imprevistos que pueden aparecer en el camino entre que un votante salga de su casa y regrese.
Un experimentado experto electoral de oposición se preguntaba esta semana que sucederá cuando, por ejemplo, una persona estornude esperando su turno para sufragar y, probablemente, deba reemplazar su mascarilla. Resulta insufrible la cantidad de eventos y eventuales problemas que pueden surgir y los encargados de la organización del plebiscito –el Estado en su conjunto, en crisis institucional– parece atrasado y trabajando a contrarreloj.
El día después
Experiencias internacionales hay para todos los gustos. En Latinoamérica y el Caribe, estaban programadas múltiples elecciones para este año: tres se celebraron, seis fueron pospuestas con una fecha clara –incluido el plebiscito de Chile–, otras cuatro se aplazaron sin definición de una nueva fecha y en otros cuatro países siguen vigentes, porque estaban fijadas para los últimos meses de 2020.
De las pospuestas, informa el PNUD, República Dominicana las realizó. Pero la cantidad de infectados y muertos al momento del sufragio y múltiples factores locales hacen compleja una proyección cerrada de lo que podría ocurrir el 25 de octubre próximo. En las municipales de Francia en marzo, con 838 contagiados y 91 muertos confirmados, la participación cayó a un 45,5% de los 63,55% de las elecciones de 2014, según un informe de Espacio Público.
Actualmente en Chile, parece no existir el espacio político para un nuevo aplazamiento del plebiscito. Solo un rebrote de grandes proporciones podría hacer reevaluar los planes y lo reconocen en los distintos sectores. Entre otros asuntos, porque nadie –menos el gobierno– está en condiciones de levantar primero la voz para una propuesta semejante.
En el Ejecutivo explican que tampoco está sobre la mesa la opción de saltarse el plebiscito de entrada y llegar directo a la constituyente, para evitar la posible derrota histórica del rechazo, mientras La Moneda está en vísperas de un tren imparable de elecciones. Es otra razón para no mover la fecha: de ganar el apruebo, vienen otros siete eventos electorales entre 2020 y 2021 y, probablemente, no habrá vacuna en ninguno.
Es efectivo que encuestas como Cadem muestran que desde marzo ha bajado de un 90% a un 63% la cantidad de personas que tiene totalmente decidido que sufragará en el plebiscito, pero aunque en el gobierno internamente se habla de un nuevo ciclo –marcado por el rechazo a la protestas, el desorden y la inseguridad– el descontento ciudadano hacia el Estado en su conjunto no parece haber disminuido con el paso de los meses: solo basta observar las protestas en medio de la pandemia contra el Poder Judicial, en rechazo a la decisión de primera instancia de no decretar prisión preventiva para el imputado en el caso de Antonia Barra. ¿Sería tolerable un nuevo aplazamiento del plebiscito en este clima de crispación?
La participación el 25 de octubre resulta incierta, pero los expertos no apuestan a que suba ni lo haga de golpe, dada la historia de abstención en Chile y menos todavía en medio de la pandemia. Pero a ninguna fuerza política debería convenirle que la participación esté notoriamente por debajo del 50%, justamente porque la opción de cambiar la Constitución fue la respuesta de la institucionalidad a la ciudadanía en un momento complejo de las revueltas: una especie de válvula de escape en un momento delicado de extrema presión.
Sea como fuere, en la clase política impera la desconfianza de lado y lado. En parte del oficialismo se sospecha de la organización de parte de la izquierda para desbordar la calle al día siguiente del 25 de octubre para desestabilizar al Ejecutivo de Piñera, mientras en la oposición existe cierto convencimiento de las pocas ganas del gobierno con el proceso y de un supuesto interés en deslegitimarlo por una baja participación electoral.
Nada de esto ayuda hoy a calmar la incertidumbre creciente desde tantos frentes.
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