Una junta de accionistas para realizar un aumento de capital, transacciones de acciones ocultadas a los minoritarios y un “plan criminal”, es lo que acusa un grupo de accionistas de Inmobiliaria Simonetti, contra el directorio de la firma, que incluye al controlador de ésta, Juan Cúneo; su presidente, Alberto Muchnick; y uno de los fundadores, Alejandro Simonetti.
La querella por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, y falsificación de instrumento público, ingresó al 4º Juzgado de Garantía de Santiago y tiene como querellados a Juan Cúneo, Alberto Muchnick, Alejandro Simonetti, Maria José Uauy, Rodrigo Simonetti y Antonieta Rojas.
Detrás de la acción legal están el exgerente de Simonetti, Rodrigo Lyon, quien es socio de Aurelio Montes en la sociedad Lyon y Montes S.A., a través de la cual tienen acciones en la empresa; además de Mario Ruiz Tagle y Luis Ruiz Tagle, este último también fue ejecutivo hasta 2010.
“Los directores querellados, concertados con el accionista controlador de la inmobiliaria, Juan Cúneo Solari, en su doble rol como accionista controlador y director, diseñaron e implementaron un esquema destinado a diluir a los accionistas minoritarios y aumentar la participación del Sr. Cúneo en la sociedad, pagando por ello a la sociedad un precio artificial que, a todas luces, no corresponde al valor de las acciones emitidas, perjudicando así al patrimonio de la compañía”, dice la querella presentada por los abogados Salvador Vial y Cristophe Giroux.
Lo anterior, sigue el documento de 36 páginas, ocurrió a propósito de un “cuantioso -y dudosamente necesario- aumento de capital de Simonetti, en cuyo contexto los querellados encargaron un informe de valorización de acciones a Larraín Vial Servicios Profesionales, el que tenía por objeto determinar el precio al que se venderían las acciones de nueva emisión”.
La junta que aprobó el aumento
El caso en específico comienza en 2022. En una sesión de directorio el 2 de marzo, el gerente general de la compañía, Andrés Córdova, representó al directorio la necesidad de aumentar el capital de la sociedad en $ 11.110 millones, equivalente a aproximadamente UF 350 mil, “a objeto de atender requerimientos de caja, en línea con las necesidades entonces actuales y futuras”.
“En este caso, racionalmente no era necesario ni conveniente para la sociedad y sus accionistas realizar un aumento de capital. Adelantamos desde ya que uno de los argumentos esgrimidos para aumentar el capital era un supuesto déficit de liquidez, en circunstancias que, al 31 de diciembre de 2021, la sociedad contaba con activo circulante por más de $ 8.000 millones, como consta en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2021, presentados y aprobados en la junta ordinaria de accionistas”, dice la querella.
El 5 de abril de 2022 a partir de las 10:00 horas se citaron juntas de accionistas para votar dicho aumento, pero no se logró votar.
“Para lograr materializar exitosamente su plan delictivo, el Sr. Cúneo y el resto de los directores debieron citar a una nueva junta de accionistas, la que fue programada para el 24 de mayo de 2022, a objeto de aumentar el capital (desde $ 15.789.236.129, dividido en 16.219.085 acciones) en la suma total de $24.245.637.365.-, equivalente a UF 765.000, como también pronunciarse sobre el número de acciones a emitir y su valor, demás condiciones vinculadas a esta operación y, por supuesto, la reforma de los estatutos”.
En esa junta se aprobó. Y para llegar a los $ 24 mil millones de aumento, se propuso capitalizar $ 16.245 millones de las utilidades retenidas y revalorizaciones legales, y otros $ 8 mil millones, se recaudarían emitiendo 17.954.083 nuevas acciones a un precio de $ 445,5811 por título.
Entonces, dice el escrito, LarrainVial elaboró un análisis para fijar el precio del aumento de capital. “En el informe de LarraínVial se consigna que no fue posible utilizar como metodología la revisión de transacciones recientes de la misma acción, por no existir información disponible para tales efectos. Y por eso utilizar criterios de valorización secundarios o subsidiarios”, dice la querella,
$1.320 v/s $446
Sin embargo, Juan Cúneo, Alberto Muchnick y el expresidente Alejandro Simonetti, “al igual que los demás directores de la compañía, deliberadamente ocultaron a LarraínVial que pocos meses antes, los mismos tres directores individualizados habían celebrado contratos privados de cesión de acciones de Simonetti, información que desde luego resultaba sustancial para la adecuada determinación del precio de colocación de las acciones de pago”.
El 24 de noviembre de 2021, la sociedad Aliestar Chile, de Muchnick, compró 60.600 acciones de Inmobiliaria Simonetti a la sociedad Liucura Dos, vinculada a Alejandro Simonetti. En la misma fecha, Cúneo, por sí y a través de sus sociedades Inversiones B y L Limitada, e Inversiones Los Olivos, adquirió paquetes por 615.000, 4.438.858 y 5.000 acciones, las que fueron vendidas por Aulén S.A. y Liucura Dos S.A., ambas relacionadas a Alejandro Simonetti.
“Si bien esta parte no tiene acceso a los contratos privados de suscripción de acciones en que participaron Juan Cúneo, Alberto Muchnick y Alejandro Simonetti, de acuerdo a la información que manejamos, al parecer el precio habría sido superior a los $ 1.320 por acción, es decir, prácticamente el triple de la valorización de 445,58 que propusieron y ‘empujaron’ los mismos Sres. Cúneo, Muchnick y Simonetti como directores de la compañía y en ejercicio de su deber de maximizar los beneficios de la sociedad”, se lee en la querella.
De esta forma, diluyeron a los minoritarios y afectaron a la sociedad por recaudar menos de lo que valía la empresa realmente, de acuerdo a la valorización que ellos mismos habían hecho meses antes. “Los perjuicios causados a Simonetti por la actuación desleal de sus gestores alcanzarían los $ 15.699.409.257.-, equivalentes a UF 481.91516, o, si se prefiere, a US$ 18.924.299”, dice el documento que ahora deberá ser remitido al Ministerio Público.
Muchnick: "Fue un procedimiento impecable"
Consultado por DF MAS, Alberto Muchnick señaló que “la querella se basa en una serie de errores, que de hecho vamos a denunciar donde y cuando corresponda. Además el aumento de capital fue acordado por la junta de accionistas en un procedimiento impecable, sobre la base de una valorización de la compañía que hizo una institución experta contando con toda la información necesaria para hacerla correctamente. Los querellantes tampoco pueden haber sufrido ningún perjuicio porque ley establece para todos los accionistas el derecho de suscribir preferentemente los aumentos de capital. En este caso tuvieron, además, dos oportunidades para hacerlo. No existe ningún perjuicio para la sociedad ni para los querellantes”.
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