En medio de los cuestionamientos a la Cámara de Diputados por
supuestos usos irregulares de los recursos asignados para su trabajo
parlamentario, los investigadores Salvador Valdés (Centro de Estudios
Públicos) y Sebastián Soto (Libertad y Desarrollo) dieron a conocer un
estudio que arroja datos “extremos” sobre las asesorías personales que
contratan los legisladores.
De acuerdo a los datos disponibles a
marzo de 2009 e informados por 115 diputados –pese a que el número
total asciende a 120-, el staff contratado para asesorías personales
asciende a 874 personas, lo que implica un equipo en promedio de entre
7 u 8 profesionales por cada uno.
Sin embargo, de ellos sólo el 1% desempeña un rol de asesor para el trabajo legislativo.
Cifras reveladoras
Según
la información recopilada por los investigadores, de los 115 diputados
que informan tener personal contratado para que les colabore en el
trabajo legislativo, apenas 48 da a conocer las labores que desempeñan
cada una de las personas contratadas, mientras que el resto sólo
informa su identidad.
De estos 48, sólo 25 legisladores tienen asesores jurídicos o legislativos, cifra que asciende a 29 profesionales contratados.
Ahora
bien, en lo que respecta a los otros 23 diputados que informan cuál es
la labor que desempeña el personal que trabaja con ellos, ninguna está
destinada a apoyarlos técnicamente en la elaboración y trámite de leyes.
A
juicio de los investigadores, estos datos revelan que para la
contratación de asesores, el criterio apunta a “personal administrativo
para mantener en funcionamiento las oficinas distritales, además de
periodistas y asesores de imagen”, para lo que cuentan con un
presupuesto en torno a los $ 3 millones.
Dentro de algunos casos
detectados por el estudio está el de los diputados Álvaro Escobar,
quien tiene en su staff un terapeuta en reiki para un programa de
atención distrital; Ramón Farías (PPD), que tiene a un nochero y
Patricio Vallespín (DC), quien contrató a un encargado de fomentar la
ley de culto.
Propuesta
Ante esta situación,
Salvador Valdés y Sebastián Soto dieron a conocer una propuesta -que ya
se encuentra en manos del presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez
(UDI)- que crea una asesoría legislativa interna, compuesta por 90
integrantes, 30 para el Senado y 60 para la Cámara de Diputados.
Estos
cupos se llenarán mediante un concurso en el que el postulante indique
con qué comité parlamentario desea trabajar, según su preferencia
política y cuál es su expertice profesional. Luego, cada bancada elige
a un representante para un comité de evaluación -formado por tres
integrantes-, el que hace una selección de los postulantes.
Esta
será votada por las bancadas y distribuye a los elegidos en las
diferentes áreas temáticas legislativas, cuyo salario será fijado a
través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Estos asesores
deberán asistir a todas las sesiones de su respectiva comisión y
elaborar informes acerca del trabajo realizado, monitorear la labor de
otras instancias legislativas, así como también de los otros comités.
Su
permanencia en el cargo durará 4 años, pero no tendrán carrera
funcionaria, por lo tanto, no podrán reelegirse, y podrán ser removidos
si pierden la confianza de la bancada con la que trabajan.
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