Claro golpeó la mesa en una ya tensionada industria nacional de telecomunicaciones. Mientras este miércoles WOM le decía adiós a su CEO, el británico Chris Bannister, la filial de la mexicana América Móvil afinaba una ofensiva legal en contra del Fisco de Chile, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la misma WOM.
En un escrito de 133 páginas y representada por el constitucionalista y especialista en Derecho Público, Arturo Fermandois -junto a su estudio, Fermandois-, la firma puso en tela de juicio el acuerdo al que las partes mencionadas llegaron en septiembre de 2025. Dicho convenio, en simple, permitió que, a pesar de progresivos incumplimientos, WOM pudiera acceder a nuevos plazos y condiciones “ineditamente beneficiosas” -dice la demanda- para cumplir con el despliegue total y efectivo de su Proyecto 5G, que comprometió originalmente en 2021.
Ese contrato, pide Claro, debe ser anulado por contravenir los principios básicos de la contratación pública.
A juicio de la compañía ligada al empresario azteca Carlos Slim, el hecho de que el CDE, en su calidad de representante del Fisco, haya aprobado y firmado dicho contrato desbordaría “gravemente sus estrictas competencias legales”, puesto que conferiría “una ventaja competitiva ilegal en favor de WOM” y, de paso, un grave daño a los derechos de Claro.
¿Cómo? La telco expuso que fue precisamente WOM la razón de que quedara fuera del certamen de 2021, específicamente de la banda 3,5 GHz, donde la oferta de su competidora fue mejor evaluada. Sin este ofrecimiento, aseguró, “la oferta de Claro Chile habría estado dentro de las tres ofertas que generaban mayor recaudación para el Estado y, por tanto, habría sido seleccionada”.
Cinco años después, sin embargo, la historia ya se conoce: para octubre de 2023, el avance comprometido de WOM en las tres bandas adjudicadas (700 MHz, 3,5 GHz y AWS) llegaba apenas al 69% en promedio, lo que gatilló la apertura de diversas instancias judiciales con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), un arbitraje en el Ciadi en contra del CDE y un acuerdo final que, ahora, Claro quiere dejar sin validez.
“El vicio es tan grave y esencial que compromete el cumplimiento de todo el estatuto jurídico que rige las concesiones en materia de telecomunicaciones del proyecto 5G”.
El fondo de la demanda
El hilo conductor de la demanda, en simple, es que el Fisco entregó un trato diferenciado a WOM respecto a los otros oferentes. En ese sentido, el escrito plantea que el acuerdo entre el CDE y la telco se volvió ilícito al “transar, disponer y renunciar los derechos y obligaciones del Fisco de Chile en aspectos esenciales de la contratación administrativa chilena”.
Además de perjudicar a Claro –dice esta empresa–, “el vicio es tan grave y esencial que compromete el cumplimiento de todo el estatuto jurídico que rige las concesiones en materia de telecomunicaciones del proyecto 5G”.
A grandes rasgos, la tesis de la acción judicial es que el acuerdo vulneró principios básicos de la contratación pública, como el cumplimiento estricto de las bases y la igualdad entre los oferentes, al extender a favor de WOM los plazos fatales; relajar exigencias técnicas a las que obligaba la licitación: y otorgar “privilegios administrativos” a esa compañía.
Siguiendo esa línea, argumenta que el CDE, por las bases de la licitación, estaba obligado a ejecutar íntegramente las boletas de garantía ofrecidas por WOM (que sumaban cerca de 1.170.000 UF, es decir, unos $ 47,8 mil millones), potestad sancionatoria a la cual renunció, a pesar de que durante el proceso la Subtel insistió -ante consultas de la propia WOM- en que, ante incumplimientos, las garantías se cobrarían totalmente.
Con todo esto, Claro reclama que se vio perjudicada al perder la oportunidad de “participar y competir adecuadamente” en el concurso de reasignación del espectro que –según esta empresa– debería haberse derivado de la pérdida de la concesión por parte de WOM. Su “carácter de concesionaria solo subsiste ilegalmente gracias a la transacción que ilegalmente celebró el CDE”, arremetió.
Así, solicitó la nulidad de derecho público del acuerdo del CDE con WOM; la resolución mediante la cual Hacienda lo aprobó; y el contrato de transacción que finalmente sostuvo esa empresa con el Fisco.
Y de conseguir esa nulidad -explica un especialista bajo reserva-, eso generaría un efecto dominó, abriendo otros caminos.
Los posibles escenarios
Para hacer memoria, en el acuerdo que cuestiona Claro se comprometieron dos fechas e hitos claves que WOM debe cumplir estrictamente durante las próximas semanas: el despliegue del 90% de su proyecto técnico que no alcanzó a desplegar para la fecha comprometida, el próximo 30 de septiembre; y la recepción de su proyecto 100% listo, el próximo 31 de diciembre.
Ahora, de tener éxito la demanda y, por ende, el acuerdo quedara nulo, esto significaría volver a un escenario donde “este contrato no hubiera existido”, postula Claro.
Así, si hipotéticamente se declara la nulidad del contrato, la telco de capitales mexicanos pidió a la justicia que se ordene a Subtel iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio en contra de WOM, en el cual se aplique la sanción de caducidad de las concesiones de esa empresa.
Además, la demanda anuncia que, de concretarse la nulidad, se interpondrá una segunda acción legal para que -a Claro- se le indemnicen los perjuicios “que han causado y siguen causando” a la fecha tras la firma del contrato. Estos perjuicios que enumera la compañía son la pérdida de oportunidad o chance de haber obtenido la licitación; y un daño emergente –en términos patrimoniales– derivado de la adquisición de espectro cuatro años después de los concursos originales, cuando competidores ya tenían redes desplegadas por el país, y “a un precio sustancialmente superior en una licitación económica posterior”.
¿Qué sigue ahora? Según estiman especialistas, un proceso de este tipo podría demorar por lo menos cinco años en terminar, si es que eventualmente escala hasta la Corte Suprema. Además, de anularse el acuerdo, eso dejaría la puerta abierta para que otras firmas de telecomunicaciones que participaron, como Entel o Millicom, pidan sus propias restituciones.
Diario Financiero consultó al CDE -que fue notificado de la demanda en representación del Fisco-, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En tanto, desde su vereda, WOM aseguró que -también al cierre de esta edición- no había sido notificada de la demanda. Según entendidos, esto podría explicarse porque el escrito fue ingresado cuando Bannister aún seguía como representante legal de la firma y, en el intertanto, el “Tío WOM” dejó el cargo este miércoles.
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