Una querella criminal por el delito de fraude al Fisco interpuso este miércoles el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado de la Región de Aysén Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas) exDC y contra quienes resulten responsables, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la querella del CDE se dirige apunta también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein “por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la Ley de Presupuestos de la Nación”.
Según explican desde el CDE, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, Graf se habría coludido con el diputado, celebrando una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del legislador, como asesorías, coordinación y elaboración de estudios, lo que se le habría pagado a través de la fórmula de los honorarios, que “no sólo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.
Financiamiento de campañas políticas
Así, existirían múltiples antecedentes de que Graf no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestara servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región. Y se habría constatado que la querellada Carla Graf no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el parlamentario, quien “faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó”, insisten desde el CDE.
Y concluye, señalando que se habrían constatado una serie de transferencias de dineros entre Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas, las que “habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”.
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